Miedo y dominación
Las relaciones de Estados Unidos con México y América Latina pasan por una fase de restructuración que tiende hacia la formación de estados autoritarios en la región. A nivel ideológico y represivo, la imposición del sistema de dominación neoliberal de comienzos de los años 90 no significó una ruptura con el modelo anterior. Tras el triunfo de la revolución cubana en 1959, John F. Kennedy utilizó una doble vía para consolidar la hegemonía estadunidense en el área: la Alianza para el Progreso y el militarismo. De la mano de la Doctrina de Seguridad Nacional, Washington y los ejércitos latinoamericanos definieron al “enemigo interno”: el comunista, el tupamaro, el montonero, los “cívicos” de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y la Liga 23 en México, como encarnación de la “antipatria” y la “subversión atea”. La contrainsurgencia echó mano de la guerra sucia, los escuadrones de la muerte y el paramilitarismo en el campo, y condujo al terrorismo de Estado, con un alto saldo de ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturados, presos políticos y exiliados. También aplicó la guerra de baja intensidad contra la Nicaragua sandinista e invadió Granada y Panamá.
Tras la autodisolución de la Unión Soviética (1989), a la par del neoliberalismo, Washington impulsó la “guerra” a las drogas: el narcotráfico como sustituto del fantasma comunista. El 11 de septiembre de 2001 dio a la administración de Bush la oportunidad para un golpe de Estado técnico en Estados Unidos y la imposición de la Ley Patriótica. Y con el uso de la mentira como arma de guerra invadió Afganistán e Irak. Asimismo, inició la “guerra contra el terrorismo”, como enemigo unificador.
Si la Doctrina de Seguridad Nacional fue un instrumento ideológico-militar apto para contrarrestar los movimientos de liberación nacional en los años 60/70, hoy, tras la larga noche de la dictadura del pensamiento único neoliberal, el imperio, las oligarquías vernáculas y sus administradores cipayos han venido trabajando en la construcción social del miedo y de los nuevos enemigos internos para imponer su modelo de dominación.
Los tres ejes claves para la construcción del miedo y remilitarizar el nuevo Estado autoritario son el terrorismo, incluido el eje del mal, con Cuba y Venezuela a escala regional; el populismo radical (Hugo Chávez, Evo Morales, López Obrador), y el crimen organizado. Mediante esos enemigos míticos, elusivos e impredecibles –que actúan de distractores administrados y potenciados por los medios de difusión masiva como propagandistas de la “razón de Estado”– el sistema busca legitimar el uso de la fuerza y genera de facto un Estado de excepción provisto de nuevas leyes de carácter represivo que recortan las garantías individuales y colectivas.
El nuevo Estado militarizado se presenta como el “salvador” y, según dice Robinson Salazar, con el juego de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado “encarcela a la sociedad”. Nos vigila. Limita los espacios públicos. Invade la privacidad de la persona. Impone leyes antiterroristas a imagen y semejanza de la Ley Patriótica. Discrimina. Fomenta la delación. El no te metas.
El miedo construye escenarios de riesgos en la subjetividad colectiva y altera la vida cotidiana mediante la angustia, el temor y una sensación de peligro latente. Ante el temor de la sociedad, y como forma de fomentar la fragmentación social y el individualismo, de erosionar la vida comunitaria y la solidaridad, el sistema genera imaginarios de exclusión: guetos, barrios amurallados en fraccionamientos con seguridad privada.
La imposición de un nuevo modelo policial-militar está en función de objetivos económicos que tienden a cristalizar a través de megaproyectos regionales como el Plan Colombia-Iniciativa Andina, el Plan Puebla-Panamá y la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Elaborados por el Banco Mundial y el BID, tales proyectos sirven a grandes corporaciones multinacionales. Vienen por el petróleo, el gas natural, el agua de los ríos para generar electricidad, el uranio, la biodiversidad. Buscan generar corredores multinodales para extraer por tierra, mar y aire nuestros recursos e inundar nuestros mercados con sus productos. Tales proyectos se inscriben en lo que John Saxe-Fernández ha llamado la “geopolítica del desalojo”: promueven la contrarreforma agraria y el vaciamiento forzoso de tierras, muchas veces por medio del paramilitarismo y/o empresas de “contratistas privados” compuestas por mercenarios.
En ese contexto se inscriben la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN); el Plan México, símil del Plan Colombia, y la reactivación del Plan Puebla-Panamá, que para este año tiene prevista la interconexión eléctrica del sur-sureste de México con Centroamérica. Eso tiene que ver con Carlos Slim, la Halliburton, Chevron y otras corporaciones de Estados Unidos, pero también con un puñado de empresas españolas que llevan a cabo la reconquista de América: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Repsol, entre otras. Lo que conecta con la designación de Juan Camilo Mouriño en Gobernación, con el proyecto calderonista-priísta de privatizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, con La Parota en Guerrero y el achicamiento del cerco militar y paramilitar en Montes Azules sobre las autonomías zapatistas.
La construcción del miedo y la fabricación de nuevos enemigos –incluida la enésima “guerra” contra el narcotráfico– sirven al gran capital. En función de ello necesitan legitimar la “mano dura” y aterrizar las armas de la Iniciativa Mérida para reprimir al pueblo, que se viene organizando desde debajo de múltiples maneras, acumulando fuerza, elaborando proyectos alternativos. Es porque el pueblo avanza en conciencia y organización que los que mandan necesitan militarizar más al Estado.