Atenta contra derechos y significa un retroceso, advierte el ex procurador de la República

Preocupante y deplorable, la reforma en materia de justicia: García Ramírez

“Otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”, advierte

Víctor Ballinas

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, aseveró que la reforma constitucional en materia de justicia “contiene elementos verdaderamente preocupantes y deplorables”, atenta contra derechos y significa un retroceso, además de que “otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”.

Al participar en un foro-debate sobre la reforma judicial, convocado por la Fundación Heberto Castillo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el ex procurador general de la República, investigador, juez y actual titular de la CIDH destacó que es peligroso “haber colocado en la Constitución una definición de delincuencia organizada”.

Abundó: “Se dice que es delincuencia organizada si tres o más personas acuerdan organizarse o se organizan para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguna o algunos de los delitos que en la misma (ley) se mencionan; serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada”.

“Como pueden darse cuenta –precisó el investigador– ahí caben muchas cosas. No podemos ser ingenuos, existe esto y es gravísimo. Y suponiendo de buena fe que con ese concepto no van a captar conductas legítimas, no deja de ser un terreno peligroso. Hace 10 años se empezó a caer en la tentación de jueces sin rostro; algunos vimos eso con alarma. Estamos entrando al terreno de los derechos con garantías recortadas o (incluso) sin ellas.”

El experto en materia judicial destacó que “la Ley Federal de Delincuencia Organizada es un engendro diabólico. Es como El bebé de Rosemary (título en español de una película de Roman Polansky). Muchas de esas figuras que deploramos provienen de ahí, por ejemplo, el arraigo jurídicamente es una mounstruosidad”.

Antes, detalló el jurista, el arraigo se utilizaba sólo para aquellas personas que podrían evadirse de la justicia y estaban en sus domicilios y no podían salir del país o de un estado a otro, pero ahora “no se trata de un verdadero arraigo: es una detención anticipada donde se viola el plazo legal de las 72 horas, se le da la vuelta, se lleva al sujeto a una casa de seguridad, a un hotel o a un establecimiento formal al que sólo falta ponerle el letrero de cárcel preventiva”.

Con la reforma, aprobada ya por el Senado, “vamos a tener dos sistemas de justicia; hemos bifurcado el sistema ordinario y vamos ahora hacia uno que da mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”.

La reforma de justicia “es ambigua; sería ligero decir que es mala o pésima, tiene aspectos excelentes, pero hay otros que son deplorables. Esta reforma todavía no está consolidada, porque como el Senado le hizo algunas modificaciones al dictamen de la Cámara de Diputados, quedó pendiente su aprobación, pero sinceramente no creo que vayan a hacerle cambios”.

García Ramírez advirtió que hay una desesperación social que clama por mayor eficacia del Estado en la lucha contra la delincuencia, y “el Estado traduce esta demanda en mano dura”.

Finalmente explicó que un sistema penal tiene que tomar los criterios que quiere y que desea; “si es un gobierno democrático, o si es autoritario, tiene que resolver a qué le va a llamar delito, quiénes van a ser los delincuentes, qué vamos a hacer con ellos y cuáles van a ser las consecuencias jurídicas”.