Define agenda del próximo periodo de sesiones
Decide PRD apoyar movilizaciones campesinas contra el TLCAN
Los Cabos, BCS, 26 de enero. Al aprobar hoy su agenda legislativa, los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acordaron sumarse a las movilizaciones contra la desgravación de productos agropecuarios de importación, así como constituir, junto con los senadores y los otros partidos que integran el Frente Amplio Progresista, un grupo de trabajo desde el cual impulsar políticas públicas en favor del campo mexicano.
Asimismo, entre sus prioridades, la bancada perredista decidió no aprobar la reforma judicial, para no avalar –como hizo en diciembre la mitad del grupo– el allanamiento policial a domicilios particulares y rechazar que se quite al Ministerio Público la facultad de indagar sobre lavado de dinero.
Entre las conclusiones de la reunión de trabajo de dos días, resalta el impulso que darán a un par iniciativas para instituir el amparo social –que permitiría a los colectivos sociales inconformarse contra decisiones de autoridad o reformas lesivas del Congreso– y los procedimientos colectivos en derechos del consumidor, figura similar a las class action, para evitar los abusos de las empresas públicas y privadas.
El diputado Juan Guerra Ochoa explicó que una de las prioridades del PRD en San Lázaro es dar instrumentos de defensa y fuerza a los ciudadanos, no sólo como demandantes de garantías sociales, sino también como consumidores.
Recordó que hoy el amparo se usa de manera individual, pero no pueden recurrir a esta figura grupos o comunidades, aun cuando una política de gobierno afecte a toda la población del país, de un estado o un pueblo, como ocurrió con la reforma a la Ley del ISSSTE o el gasolinazo, pero también por omisiones del Estado en sus obligaciones con los ciudadanos.
La iniciativa, dijo, pretende modificar el artículo 103 de la Constitución, para incluir que los tribunales federales resolverán cualquier controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen las garantías que consagra la Carta Magna, con independencia de su carácter individual o social.
También considera modificaciones para que el juicio de amparo pueda ser promovido en conjunto, cuando las personas sientan una afectación común en sus derechos, “aun en el supuesto de que derive de actos distintos, si éstos les causan un juicio análogo y provienen de las autoridades”.
Respecto de los derechos de los consumidores, detalló que no se promueven acciones colectivas similares a las vigentes en Estados Unidos, en las que un abogado tutela u organiza un grupo, sino que sea la Procuraduría Federal del Consumidor la que asuma la causa de los consumidores. Actualmente, ejemplificó, las telefónicas y los bancos abusan en el cobro de sus tarifas a los usuarios, pero éstos difícilmente presentan una demanda que resultaría costosa.