Aún hay 19 presos en Molino de Flores y el Altiplano
A un año ocho meses de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la toma policiaca de San Salvador Atenco, la impunidad prevalece: un ejemplo es la denuncia interpuesta por Cristina Valls –ciudadana española que fue deportada y torturada sexualmente por policías– ante la Audiencia Nacional contra las autoridades mexicanas, advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Por su parte, el abogado de la mayoría de los activistas procesados judicialmente por los hechos ocurridos en ese municipio mexiquense, Juan de Dios Hernández Monge, celebró que siete de sus defendidos fueron puestos en libertad el pasado viernes y aclaró que aún quedan detenidas 16 personas en el penal de Molino de Flores, Texcoco, y tres más en el penal de máxima seguridad del Altiplano, entre ellos el líder de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle.
El Centro Prodh señaló que pese a que se han abierto varios procesos penales para castigar a los responsables de las agresiones en Atenco, los “resultados son nulos”, aunque las demandas de justicia aún siguen vigentes.
Indicó que la denuncia de la ciudadana española coincide con la exculpación de 15 policías a quienes se había acusado por el delito de abuso de autoridad. “Ambos hechos evidencian la inefectividad de las instancias nacionales de procuración de justicia en lo que respecta al procesamiento de las autoridades responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Atenco. Ahí, recordamos, se desplegó de manera excesiva e irracional la fuerza pública, lo que trajo como consecuencia graves violaciones a los garantías individuales como detenciones ilegales; allanamientos de domicilios sin mandato legal, tratos crueles y torturas en contra de los detenidos, agresiones sexuales y violaciones en contra de mujeres detenidas. Además, cinco personas extranjeras fueron deportadas de manera irregular”.
El organismo civil aseveró que aun con la gravedad de las violaciones a las garantías fundamentales “la impunidad ha prevalecido” y tanto la justicia estatal como la federal no han dado cauce a varias demandas que se han entablado para castigar a los culpables intelectuales y materiales de la represión.