Editorial
Sector eléctrico: el ventarrón como pretexto
Las fuertes ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora que se registraron el pasado miércoles en el Distrito Federal dejaron como saldo cuatro personas muertas, espectaculares y árboles caídos, conatos de incendio y un apagón que afectó amplias zonas de la capital y el estado de México durante horas. Al parecer, la situación ha planteado un escenario idóneo para quienes se pronuncian a favor de la privatización del sector eléctrico, en particular del organismo responsable de suministrar energía eléctrica en la zona central del país, Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Un fenómeno natural es, por definición, inevitable, y en muchos casos imprevisible; sus consecuencias tienden a agravarse cuando se conjuga, como ocurrió el miércoles, con la de por sí complicada dinámica cotidiana de las grandes urbes. A pesar de las condiciones adversas y el caos que imperaron en la capital del país a media semana, y de las carencias de materiales y equipo, las flotillas de trabajadores electricistas atendieron de manera puntual las demandas de la población afectada y al día de ayer –después de laborar de manera ininterrumpida– el servicio en el Distrito Federal había sido restablecido prácticamente en su totalidad. Por tanto, ha de reconocerse el desempeño de los trabajadores de ese sector en una circunstancia que fue particularmente complicada para el conjunto de la sociedad capitalina.
Por otra parte, cobra relevancia que el hecho se haya registrado en el contexto de una campaña emprendida desde el gobierno federal para permitir la participación del capital privado en las empresas del sector energético nacional. En esa dirección apuntan los esfuerzos gubernamentales por ejercer un control asfixiante sobre las ganancias de Petróleos Mexicanos (Pemex) y, con ello, someter a la paraestatal a un empobrecimiento creciente, presentarla como una empresa al borde de la quiebra, y justificar ante la opinión pública su venta parcial o total. Sería particularmente lamentable que, en continuidad con la misma estrategia, el gobierno federal use como pretexto la apremiante situación que los capitalinos vivieron el miércoles para impulsar la privatización de LFC, sobre todo porque ha sido precisamente el abandono de la administración federal a esa compañía lo que ha hecho vulnerable la red de suministro de energía eléctrica en el centro del país.
Debe señalarse que la privatización del sector de ninguna manera evitaría situaciones como la del miércoles, ni garantizaría que se les haga frente con mayor eficacia; por el contrario, la evidencia indica que tendería a agravarlas al convertir un servicio público en negocio de unos cuantos. Algunos países como Argentina, Chile, España y Nueva Zelanda, en donde el suministro depende de sectores privados, no han estado exentos de fallas técnicas y desabasto eléctrico. Asimismo, destacan los apagones que padecieron las ciudades estadunidenses de Nueva York, en agosto de 2003, y Los Ángeles, en septiembre de 2005, respectivamente, como ejemplos de que la privatización de los sectores energéticos no revierte la posibilidad de fallas eléctricas en las grandes ciudades.
Nadie cuestiona que las entidades del sector energético requieren de mejoras sustanciales y de urgentes tareas de mantenimiento en sus instalaciones. Sin embargo, los recursos necesarios de ninguna manera deben provenir del capital privado. En lo que toca a LFC, el gobierno debe entregar más recursos a la compañía, a fin de que pueda optimizar el desempeño de su red de suministro, y garantizar a sus trabajadores los materiales y las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo sus funciones, que, como pudo verse esta semana, son imprescindibles para la viabilidad de esta capital.