Oposición a amarres entre PAN y PRI: González Garza
Acuerda el PRD impedir sesión para abrir el sector energético
Los Cabos, BCS, 25 de enero. La diputación federal perredista decidió hoy aquí “impedir cualquier sesión que tenga como propósito” una reforma legal que dé paso a la iniciativa privada en el sector energético, y definió no presentar ninguna iniciativa de modernización de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, para evitar que los aspectos positivos sean retomados por la mayoría panista y priísta, que sólo busca privatizar la industria.
Javier González Garza, coordinador de la bancada, informó que el próximo viernes se reunirán los coordinadores de los partidos que en el Congreso conforman el Frente Amplio Progresista (FAP), para definir el plan de acción de defensa de los recursos energéticos del país.
En la sesión plenaria perredista en este destino turístico, que se planeó también para respaldar a los candidatos a alcaldes y diputados al Congreso local, se habló insistentemente de que el PRD aplicaría una denominada “huelga legislativa”.
–¿Qué significa esto? –se le preguntó a González Garza.
–Sabemos que los diputados del FAP no somos mayoría, y no nos vamos a exponer a una discusión y a acuerdos amarrados entre el PAN y el PRI, como ocurrió con la Ley del ISSSTE. Además, el petróleo no es un negocio, está ligado al nacionalismo y al desarrollo del país y no podemos permitir esa entrega. Vamos a impedir las sesiones que tengan esa intención.
–¿Eso qué implica? –se le insistió.
–Que no haya sesiones, eso.
Explicó que por mayoría, la bancada perredista aprobó aplicar una estrategia en dos vías para la defensa del petróleo y de las empresas de generación de energía eléctrica.
Primero, se invitará a un grupo de economistas y a expertos en petróleo para tener dos seminarios, donde se discutan y se alleguen argumentos sobre la política neoliberal, “que no tiene llevadera y queda con todo, hasta que los países revientan, como Argentina”, y en segundo lugar se ratificó el acuerdo de no presentar iniciativa alguna sobre el sector energético.
El legislador perredista reprochó que Pemex, CFE y LyFC estén en quiebra y que por ello se requiera inversión privada. “Es falso que falten recursos y el asunto tecnológico para la exploración en aguas profundas, se puede resolver de otra manera”, dijo.
A su vez, el diputado Juan Guerra Ochoa aseguró que este año la petrolera acumulará 450 mil millones de pesos como superávit primario, recursos con los que no sería necesario privatizar a la empresa y le permitiría construir refinerías e iniciar la exploración en aguas profundas.
Consideró que con su respaldo al proyecto del gobierno de Felipe Calderón y del PAN para permitir la inversión privada en el sector energético, el PRI “sólo le sirve de patiño a la derecha, pero se lo van a llevar al baile, porque los priístas quieren que se privatice para repartirse Pemex entre los cuates, pero el PAN lo quiere para los españoles”.
Durante la reunión privada, el asesor del PRD en materia energética, Fluvio Ruíz Alarcón, presentó un balance sobre las finanzas de Pemex, sus aportaciones fiscales a la Secretaría de Hacienda y un grupo de propuestas para mejorar su desempeño.
Informó que Pemex es la tercera compañía a nivel mundial en producción de crudo, y onceava en reservas de petróleo, así como la décima tercera en producción de gas y en capacidad de refinación.
Entre sus propuestas, planteó que Pemex debe reintegrarse en una sola empresa, para superar el proyecto salinista de dividirlo en subsidiarias, y con ello aprovechar al máximo las economías de escala y de red, disminuir el costo de su alta burocracia y sentar nuevas bases para la estimación de los costos de producción que hoy está sujeta a los llamados precios inter organismos.
También consideró que la empresa puede ampliar la capacidad de refinación y tomar medidas de control de la demanda, en particular en el consumo de gasolina para uso individual.
Resaltó que se debe dotar al sector petrolero de una arquitectura institucional y mecanismos de control y regulación estatales, para que en caso de que se apruebe la autonomía técnica, presupuestal y de gestión de Pemex, esto efectivamente resulte en una empresa petrolera más eficiente, transparente y con un alto sentido de la rendición de cuentas.