Los de Abajo
Patricia Troncoso, mujer adoptada por los mapuches a partir de que hizo suya la causa por la defensa de su territorio, está a punto de morir. Son ya 107 días en huelga de hambre, primero en la cárcel de Ángol y ahora, engrillada a una fría cama del hospital Herminia Martín de Chillán, al sur de Chile.
La medida desesperada fue tomada por Patricia, junto a otros presos políticos mapuches, el 10 de octubre de 2007. Hoy sólo ella permanece sin ingerir alimentos, mermado ya su cuerpo, demandando la libertad de todos los mapuches encarcelados por motivos políticos, y la desmilitarización de sus comunidades. Patricia es una luchadora, no una delincuente, y mucho menos una terrorista, como la juzgaron en diciembre de 2001, cuando fue acusada de provocar un incendio en una propiedad perteneciente a la Forestal Mininco, empresa que cuenta con 609 mil hectáreas en las regiones Sexta y Novena del país andino.
Los seis presos condenados por esta causa forman parte de la Coordinadora Arauco Malleco, y a todos se les aplica la Ley Antiterrorista, concebida en su tiempo por el dictador Augusto Pinochet y operada por los siguientes gobiernos de la democracia, incluido el de la actual “socialista” Michelle Bachelet.
En junio de 2005, acompañada de un miembro de la organización mapuche Meli Wixan Mapu, llegué a la helada cárcel de Ángol. El área de visitas estaba restringida para “los comuneros”, como se les conoce en la cárcel a los presos mapuches, por lo que el encuentro tuvo que darse en los pasillos y, posteriormente, en un pequeño cubículo en el que recibirían la burocrática visita de su defensor de oficio. Patricia fue la primera en aparecer. De tez blanca, cuerpo robusto y cabellera negra, al principio se mostró desconfiada. “Han sido tantos los que han pasado por aquí y a ninguno los volvemos a ver”, lamentó.
Durante una hora todos los presos hablaron y contaron parte de su historia. Patricia, la única mujer del grupo, habló claro y fuerte. Nunca perdió la sonrisa, irónica o abierta. Contó que su lucha “es contra el desprecio, el abandono y la explotación. Es por la dignidad humana, que se hermana con la del pobre, del obrero, de la mujer, del niño, del estudiante, del profesor, del poblador, del ecologista, del joven, del anciano, del cesante y todo aquel que anhela que sus derechos sean reconocidos”.
Patricia fue sentenciada a una pena de 10 años y un día. Ya cumplió más de la mitad de su condena, pero se le niegan, al igual que al resto de los comuneros, los beneficios carcelarios a los que ya tiene derecho, como la salida diaria y/o dominical. En la cárcel viven la muerte silenciosa, mientras que en las comunidades sus compañeros son perseguidos y/o asesinados. Ya no podrían más.
Patricia está a punto de morir amarrada a su cama hospitalaria. Los gendarmes que la vigilan restringen sus visitas, mientras que en Santiago las manifestaciones de apoyo a su causa son brutalmente reprimidas. ¿Qué tendría que pasar para que no muera? Nadie puede permanecer indiferente.