Son parte de una política de Estado, concluye foro
Tortura, desapariciones y agresiones sexuales, comunes contra disidentes
Los presos políticos, la tortura, la desaparición y ahora las violaciones sexuales son parte de una política de Estado contra la disidencia social que no es una historia del pasado, sino un capítulo actual, coincidieron los participantes en el foro Presas políticas y sistema de justicia penal, organizado por estudiantes de la UNAM y la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Desde la cárcel de Santa María Chiconautla, en el estado de México, Gloria Arenas –acusada por delincuencia organizada en 1999 y considerada presa política por distintos organismos sociales– señaló en un mensaje grabado que si bien las cifras de desaparecidos y detenciones “ilegales” en la actualidad son menores a las de la guerra sucia, siguen acumulándose.
Al compararlas, subrayó que datos de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado refieren que de 1970 a 1982 (durante el periodo conocido como guerra sucia) se presentaron 1447 desapariciones forzadas ejercitadas por el Estado, 447 de las cuales se continúa sin hallar su paradero, y el resto aparecieron u obtuvieron su libertad. Dijo que en ese mismo periodo se presentaron más de 15 mil detenciones “ilegales”.
Mientras, de 1992 a noviembre de 2007 se reporta la desaparición forzada de 155 personas (108 de las cuales se han suscitado durante los gobiernos panistas: el sexenio de Vicente Fox y el primer año de Felipe Calderón). En tanto que las detenciones “ilegales” de inicios de los 90 a finales del año pasado, “en números conservadores”, fueron 1,718, de los cuales 1,480 ya fueron liberados y 238 aún permanecen en prisión.
Destacó además que durante el primer año de la administración actual fueron encarcelados de manera “ilegal” 267 luchadores sociales, mientras que durante el periodo de Fox fueron 614.
Por su parte, mediante un enlace telefónico desde el penal de Molino de las Flores, en Texcoco, Mariana Selvas y Edith Rosales, presas desde el 4 de mayo de 2006 por los hechos de San Salvador Atenco, aseguraron que su reclusión, “en calidad de rehenes”, se presentó porque el Estado desea “acallar” la protesta social.
Ambas criticaron la presencia del Ejército en las calles con el argumento del combate al narcotráfico y la inminente aprobación de la reforma judicial represiva.