La tendencia se profundizó en los gobiernos de Fox y Calderón, dicen diputados
Denuncia el PRD ante la CIDH la “creciente censura” en medios electrónicos y escritos
Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la creciente censura en los medios de comunicación, escritos y electrónicos, durante el gobierno de Vicente Fox Quesada y en el actual de Felipe Calderón Hinojosa, y solicitaron la presencia en México del relator especial para la libertad de expresión, Ignacio J. Alvarez.
Como ejemplos de esa tendencia, la bancada perredista se refirió a la toma violenta de las instalaciones de Canal 40 por parte de Tv Azteca; el boicot publicitario contra el periódico La Crónica de Baja California, y el de publicidad contra el periódico La Jornada de San Luis Potosí, por parte del gobernador Marcelo de los Santos; así como el retiro de la conductora Carmen Aristegui del noticiero Hoy por Hoy, y la cancelación de publicidad a la revista Proceso, entre otros casos.
En carta dirigida a Ignacio J. Alvarez, la diputada Valentina Batres Guadarrama refiere que México “vive un franco retroceso en materia de libertad de expresión”, y resalta que desde la administración foxista han ocurrido “hechos ominosos que caracterizan las políticas que impiden a los ciudadanos ejercer la libertad de expresión y su derecho a la información”.
Afirma que han ocurrido crímenes contra periodistas, demandas de funcionarios públicos contra comunicadores y medios, atentados armados contra periódicos y estaciones de radio, concentración del control de la televisión en un duopolio, cesión del Estado para las dos grandes televisoras, censura previa a mensajes políticos de la oposición y censura indirecta por medio del chantaje de la publicidad oficial.
Particularmente, sostiene, además de las presiones a reporteros y medios de comunicación, el PRD partido ha sufrido varios episodios de censura, como el impedimento a la transmisión de espots a los que tenía derecho en octubre pasado, y el corte al mensaje de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, que emitía durante la ceremonia del primer Informe de gobierno de Felipe Calderón.
A los ataques a periodistas y medios de comunicación críticos, agrega, se suma la actuación tímida de las autoridades judiciales para defender la libertad de expresión, como sucedió con Lydia Cacho Ribeiro, quien fue detenida por órdenes del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, a solicitud del empresario Kamel Nacif Borge.
Aunque había elementos que comprobaban esta complicidad, expuso Batres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no actuar contra el llamado góber precioso.
La diputada perredista también refiere que el gobierno de Calderón Hinojosa elude su responsabilidad de proporcionar información, con el argumento de que los documentos que han solicitado varios ciudadanos no existen.