Familiares de víctimas impiden reconstrucción de hechos; se presume que son los criminales
Intimidan a juez para que no dictamine en caso de 2 zapatistas acusados de asesinato
Los tzeltales llevan cinco años presos; la sentencia definitiva debió dictarse el pasado día 16
Ocosingo, Chis., 23 de enero. Sigue en el aire la resolución judicial del caso de dos campesinos tzeltales, identificados como bases de apoyo del EZLN, acusados por la muerte de dos personas en la comunidad de Banavil, en 2002. La parte acusadora –familiares de las víctimas, todos miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)–, ha incurrido repetidamente en amenazas y falsedades para disuadir a las autoridades de cumplir con los requisitos procesales, “imponiendo” su versión de los hechos y la evolución del proceso mismo.
Al parecer, abundan los motivos para absolver a Alfredo Hernández Pérez y Fidelino Ruiz Hernández, recluidos en el penal de Ocosingo desde hace más cinco años. Como informó La Jornada el pasado 14 de enero, nadie ha podido probar que participaron en los hechos de los que se les culpa.
Incluso, existen elementos suficientes para presumir que los asesinatos de José Orlando y José López fueron cometidos por los testigos, o sea, la parte acusadora, en febrero de 2002.
Ante el cúmulo de irregularidades, la sentencia definitiva ha sido pospuesta varias veces en los últimos días a solicitud del juez mixto de primera instancia.
El pasado 18 de enero, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) notificó que la fecha para la emisión de la sentencia definitiva del juicio penal (expediente 025/2002) había sido pospuesta para el día 21. Ese día, los familiares de Hernández Pérez y Ruiz Hernández acudieron al juzgado. Según reporta CAPISE, el juez había recibido la instrucción de trasladarse a Tuxtla Gutiérrez, pero no se encontraba presente. En cambio sí estaban los familiares de los testigos de cargo, miembros de la Opddic.
“Se nos informó que el juez mixto de primera instancia retornaría hasta el día siguiente, pero ese día solicitó una nueva extensión de tiempo de dos o tres días”, añade el organismo.
“El término legal para la emisión de la sentencia definitiva venció desde el pasado día 16”.
A principios de 2007, “el Tribunal Supremo de Justicia del Estado, regional colegiada mixta, zona 3, ordenó la reposición del caso retornando el expediente al juzgado de Ocosingo, para que se repitieran las audiencias de ley a los testigos de cargo y al agente auxiliar de Banavil”.
CAPISE indica que en siete ocasiones se solicitó efectuar las audiencias de ley ordenadas por el tribunal. “Seis de estas peticiones las hicimos al juez para que se llevaran a cabo con orden de presentación (esto es, que elementos de la Seguridad Pública presentaran a los testigos y al agente auxiliar Silvano Lorenzo en las audiencias ordenadas por el juez, por la fuerza si fuera necesario). En ninguna ocasión se presentaron ni fueron presentados”.
Corrió el tiempo. Entre una y otra fecha de audiencia al menos pasaba un mes. Es decir, durante casi un año las autoridades no cumplieron. El informe de la defensa señala: “se solicitó en dos ocasiones una inspección judicial en el lugar de los hechos, así como la reconstrucción de hechos. Ninguna se llevó a cabo. La primera ocasión fue debido a que los miembros de la Opddic advirtieron que ‘los zapatistas se oponían a la visita del juez’ en el lugar de los hechos”.
Ante esta versión, la junta de buen gobierno (JBG) del caracol de la Garrucha envió una carta al juez mixto de primera instancia, “explicando exactamente lo contrario”. La JBG sí estaba de acuerdo con que se llevaran a cabo los procedimientos, y su carta está incorporada en el expediente.
La agresividad de los miembros de Opddic ha sido constante, y hasta ahora determinante, al obstruir la acción de la justicia. “La segunda ocasión tampoco se llevó a cabo la inspección, debido a que familiares de los testigos fueron a Ocosingo, donde amenazaron al juez para impedir la reconstrucción de hechos y la inspección, debido a que ‘era peligroso para él y para todas las personas que nos presentáramos en el lugar’”, reporta CAPISE.