Informes del Ejército Mexicano han servido a la PGR para tramitar órdenes de cateo

Células de narcotraficantes ya operan en zonas residenciales del Distrito Federal

Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan, entre las delegaciones preferidas por los sicarios

Residencias y hasta penthouses son utilizados como bodegas de armas y laboratorios

Cártel del Pacífico y Zetas, entre los grupos delictivos que se han mudado a la capital

Alfredo Méndez

El Ejército Mexicano cuenta con informes elaborados por sus aparatos de inteligencia que han servido a la Procuraduría General de la República (PGR) para conseguir órdenes de cateo en residencias y penthouses ubicados en varias colonias del Distrito Federal, utilizados por sicarios al servicio del narcotráfico y por operadores financieros de diversos cárteles mexicanos y colombianos.

Desde los primeros días de enero, elementos del Ejército y de las Fuerzas Federales de Apoyo buscan cualquier rastro para dar con estas casas de seguridad en las que operan directamente los capos.

De acuerdo con expedientes judiciales a los que tuvo acceso La Jornada, desde hace dos semanas la PGR ha incrementado la petición de cateos para registrar un buen número de domicilios en la capital del país, en los que presumiblemente operan narcotraficantes.

Documentos de seis juzgados de distrito consultados revelan que el Ministerio Público Federal (MPF) ha aportado como prueba fundamental para conseguir diversos cateos, informes especiales con “carácter confidencial” elaborados por los órganos de inteligencia del país, principalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque también ha colaborado el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

La información refiere que en la capital del país existen varias casas utilizadas por integrantes del cártel del Pacífico, liderados por El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva; otras residencias son operadas por desertores del Ejército Mexicano conocidos como Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo. También hay domicilios, principalmente penthouses, utilizados por narcotraficantes colombianos del cártel Norte del Valle.

En esas casas se guardan armamento, droga y dinero en efectivo, según refieren los informes de las autoridades militares, además de que la mayoría de esos inmuebles cuentan con centros de vigilancia equipados con sofisticados aparatos de telecomunicación vía satélite. Los domicilios se ubican en colonias residenciales y exclusivas, ubicadas en delegaciones como Miguel Hidalgo, Coyoacán y Tlalpan.

Los expedientes con que los juzgados segundo, tercero, sexto, noveno, decimoquinto y decimoséptimo han librado órdenes de cateo, están basados en indicios recabados por las autoridades militares y por órganos de inteligencia gubernamental. La información proporcionada ayer por este diario pone en tela de juicio las declaraciones que autoridades del Gobierno del Distrito Federal han hecho en años recientes, respecto de que en la capital del país no opera ningún grupo delictivo o cártel dedicado al tráfico de drogas.

Según se pudo conocer en los registros judiciales, las diversas bandas se disputan en el Distrito Federal el control de las operaciones delictivas y financieras. La capital es, pues, una plaza codiciada por los diversos grupos de narcotraficantes: mientras el cártel del Pacífico realiza operaciones de trasiego de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el del Golfo extiende sus redes de inteligencia con la presencia de células, como las integradas por sus espías, conocidos como Los Halcones.

El grupo de Los Zetas también tiene en posesión domicilios camuflados en Querétaro, estado de México y Distrito Federal. Algunos de estos grupos han reclutado taxistas que se encargan de vigilar las actividades de los cuerpos policiacos capitalinos. En colonias como Condesa, Del Valle, Polanco y en la Juárez (en el área que abarca la Zona Rosa) se han detectado lujosos penthouses rentados solamente por dos o tres meses por narcotraficantes colombianos, pero en ese tiempo únicamente en dos o tres ocasiones se tiene registro de la ocupación de los inmuebles.