Expertos sostienen opiniones encontradas en el seminario Aborto, un debate abierto
Derechos fundamentales de la mujer, por encima de los del embrión, señalan
La interrupción generalizada del embarazo, insuficiente para su aceptación: investigadora
Comprobado, que antes de 12 semanas de gestación no hay función cerebral, dice Carpizo
Los derechos fundamentales de las personas, los de las mujeres en particular, están por encima de los del embrión, el cual está tutelado constitucionalmente, pero esto no es impedimento legal para la interrupción del embarazo, afirmó Jorge Carpizo MacGregor, ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El también ex procurador general de la República resaltó que científicamente está comprobado que antes de las 12 semanas de gestación no existen funciones cerebrales, y por tanto tampoco hay pensamiento ni sentimientos.
Durante el primer día de actividades del seminario Aborto, un debate abierto, convocado por universidades, instituciones académicas y organizaciones civiles, Carpizo señaló, con base en la Constitución y en el Código Civil federal, que el embrión no tiene derechos fundamentales, los cuales están reservados para las personas, las que ya han nacido, tal como estipula el segundo ordenamiento en su artículo 22, respecto a que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere al nacer y se pierde con la muerte.
El evento que a partir de ayer y hasta el próximo jueves tiene lugar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México está organizado como un diálogo interdisciplinario, en el que también se escucharon las opiniones de juristas que hablaron en favor del derecho de los no nacidos, aunque también reconocieron que la reforma al Código Penal del Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa, es constitucional.
¿Cuándo comienza la vida?
Así lo señaló Mónica González Contró, investigadora del IIJ, quien sin embargo afirmó que en la discusión sobre el aborto se requiere abordar el aspecto ético y debatir, entre otros temas, cuándo comienza la vida.
Ella misma mencionó en la mesa sobre los problemas jurídicos del aborto que el embarazo se convierte en un problema de salud cuando la mujer decide interrumpirlo, y que una práctica generalizada no es suficiente para su aceptación ética.
También rechazó que los abortos clandestinos sean la única causa de la mortalidad materna, pues ésta tiene múltiples caras, la mayoría vinculadas a la miseria y la marginación. Así, se pronunció en favor de que en el debate ético se ponga atención a la falta de información y de accesos a los métodos anticonceptivos, así como a las condiciones de pobreza en que viven numerosas mujeres.
A su vez, Jorge Adame, también investigador del IIJ, señaló que organizaciones internacionales presionan a los países para reducir el crecimiento demográfico, e incluso existe una industria en las clínicas que realizan los abortos y en las empresas fabricantes de los insumos quirúrgicos.
Añadió que el no nacido es un ser humano, por lo que privarlo de la vida es un acto injusto y de la misma gravedad que el homicidio. La Constitución, abundó, protege la vida desde la fecundación y en diferentes artículos se habla del derecho del producto de la concepción.
Rechazo a imponer la maternidad
Al respecto, Pedro Morales, abogado y consultor del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), subrayó que los preceptos constitucionales que hacen referencia a la protección de la vida en gestación tienen que ver con la protección de la salud de la mujer, su embarazo, en el ámbito laboral.
En el supuesto de que el concebido y no nacido, agregó, tuviera carácter de persona, o fuera titular de derechos, no sería razón suficiente para penalizar el aborto.
Puso el ejemplo de Alemania, donde se reconoce la titularidad del derecho a la vida del concebido y no nacido, pero lo limita a que tal protección no puede ser llevada al extremo de imponer incondicionalmente la maternidad a la mujer.
En esa nación europea, la interrupción del embarazo es legal hasta la semana 12 de gestación y se aplica en los casos que para la mujer representa una carga desproporcionada, expuso.
Más tarde, en un diálogo interdisciplinario en el que participaron Carpizo, Ruy Pérez Tamayo, miembro fundador del Colegio de Bioética, y Margarita Valdés, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas, el primero resaltó la importancia de que el legislador y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) utilicen en su actividad la información y adelantos de la ciencia médica.
Se pronunció a favor de la reforma al Código Penal del Distrito Federal, cuya constitucionalidad será discutida en la SCJN. Apuntó que la del aborto es una batalla en favor de los derechos humanos de las mujeres, quienes deben tener garantizada su libertad de tomar decisiones de manera individual, así como la protección de su salud física y síquica.