Economist Intelligence Unit

Pandillerismo en Al

Las pandillas amenazan a empresas

Los altos niveles de actividad criminal en la mayor parte de América Latina son una enorme preocupación para gobiernos, ciudadanos y el sector empresarial. Esto es particularmente cierto en Centroamérica y algunas partes de México, donde son comunes las bandas y otras formas de crimen organizado. El crimen y la violencia tienen un impacto evidente en los gastos de operación de las empresas, aunque, quizás de manera sorprendente, no hayan servido para detener los crecientes flujos de inversión extranjera directa a estos países.

Gran parte de la responsabilidad por el aumento del crimen violento en Centroamérica se ha endosado a las pandillas callejeras o maras, cuyos orígenes se remontan a los conflictos armados de los años 80 y a las bandas juveniles de Los Ángeles (ya que muchos jóvenes centroamericanos que emigraron a Estados Unidos han sido deportados).

La extorsión es una de las principales fuentes de ingreso de los maras, y uno de los crímenes más perjudiciales en términos de riesgo para las empresas. Con frecuencia, en sus áreas de operación, las pandillas conocidas como Mara Salvatrucha (MS-13) y Calle 18 (M-18) exigen “impuestos de guerra” a pequeñas empresas y, en especial, a las de transporte. Los autobuses, por ejemplo, son a menudo detenidos hasta que todos los pasajeros han pagado el “impuesto”.

La extorsión sistemática a las empresas aumenta también. En 2005 las compañías salvadoreñas estimaron que los maras fueron responsables de 27% de los ataques en su contra; la cifra se elevaba a 45% en el caso de las pequeñas empresas. En Guatemala, la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) estimó en 2005 que las pandillas obtienen más de 100 mil dólares al año en su área urbana de influencia, aunque la cantidad real podría ser mucho más alta.

Además, 42% de las empresas guatemaltecas encuestadas en una investigación del Banco Mundial (BM) reportaron mermas relacionadas directamente con el crimen, con una pérdida promedio estimada de alrededor de 5% de sus ventas. De acuerdo con el Informe de Desarrollo del Banco Mundial (publicado en 2005), 80% de las empresas guatemaltecas encuestadas consideraron la criminalidad como una restricción a los negocios, lo que se compara con 61% en Honduras y 39% en Nicaragua (otros dos países investigados). En términos de impacto económico directo, las compañías guatemaltecas han indicado que los gastos en seguridad pueden incrementar hasta 25% los gastos de operación, incluso costos de aseguramiento, contratación de seguridad privada y altos salarios para los empleados que corren mayor peligro.

Costos indirectos y sociales

Aparte de estos gastos empresariales directos, los altos índices de criminalidad (y, también, la percepción de que el crimen aumenta) acarrean gastos indirectos. La preocupación ante la creciente inseguridad ha estimulado la emigración, y a menudo quienes abandonan el país son los trabajadores más calificados. El BM estima que en Centroamérica el índice de emigración de mano de obra calificada es de 17%. Esto anula mucho de la inversión gubernamental en educación y capacitación, y reduce el capital humano disponible para impulsar el crecimiento.

Además, las altas tasas de criminalidad aumentan el gasto de los gobiernos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el costo del crimen en Centroamérica equivale a 14.2% del PIB, integrado por gastos en procuración de justicia, servicios de salud y programas sociales, así como pérdida de inversión extranjera.

Aun considerando los gastos directos e indirectos ocasionados por el crimen, en particular en El Salvador, Guatemala y Honduras, es impresionante que hayan crecido los niveles de inversión extranjera directa (IED), elevándose de 1.4% del PIB durante 1991-92 a 3.8 % en 2004-06 (4.7% en 2006).

En 2005, los flujos de IED a Centroamérica ascendieron a 3 mil 100 millones de dólares (mdd); para 2006 se habían elevado a 5 mil 100 mdd, cuando los flujos de inversión aumentaron en todas las naciones menos en El Salvador y Belice. En el primero de esos países cayeron de 300 a 221 mdd (en gran parte debido a la percepción pública sobre el fracaso de las iniciativas anticrimen tan pregonadas por el gobierno) y en Belice descendieron de 127 a 73 mdd, de acuerdo con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés)

Una tendencia de crecimiento positiva ha continuado durante 2007 en casi todos los países, con excepción de Panamá. A pesar de la reducción de los flujos de IED, hay un efecto estadístico debido a la inversión sin precedente de 2006.

La región integrada por México y Centroamérica tiene varias características favorables que compensan los riesgos planteados por la creciente actividad criminal. Los costos de la mano de obra son bajos, y la proximidad con EU (en particular en México) genera ahorros considerables en transporte. Además, la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLCCA) proporciona a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua acceso sin impuestos a la mayoría de las mercancías estadunidenses. El tratado ya entró en vigor en todos los países signatarios excepto Costa Rica, que ratificó el acuerdo en un referendo nacional en octubre de 2007 y lo pondrá en práctica este año.

México y Panamá ya disfrutan de acceso preferencial a EU a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Zona Libre de Colón (ZLC), respectivamente. Los países del TLCCA serán ahora más atractivos como emplazamiento de las empresas extrajeras que exportan a EU.

En efecto, es demasiado simplista creer que el crimen disuade la IED en la región, ya que las empresas tienden a tomar sus decisiones con base en una variedad de factores que afectan el ambiente de negocios, de los cuales la seguridad es sólo uno. El atractivo de Panamá como destino de la IED no puede considerarse sin el Canal de Panamá, que sigue siendo el factor principal de crecimiento económico. La ampliación del canal, que ya está en marcha, ofrece importantes oportunidades para los negocios y es un imán para la nueva inversión.

En México, donde el crimen endémico involucra pandillas criminales y redes de tráfico de drogas bien establecidas, la proximidad con EU sigue atrayendo IED. De hecho, muchas maquiladoras se localizan cerca de la frontera con Estados Unidos, la región que experimenta los índices de criminalidad más altos.

Incluso en Guatemala, que tiene una de las tasas de homicidios más altas de la región, la mano de obra barata, un amistoso ambiente fiscal y de negocios y buenos enlaces de transporte con el vecino México han alentado la IED. Algunas empresas han decidido trasladarse a Guatemala desde México, que es relativamente más caro.

Al otro extremo del espectro, en Nicaragua, donde las tasas de crimen son bajas, en 2007 la IED será similar a la 2006. Esto se debe al alto nivel de incertidumbre en los ambientes políticos y de negocios a partir de que Daniel Ortega, del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), asumió el poder en enero de 2007.

Sin embargo, aunque el crimen no es el único factor que afecta los flujos de IED, sí es decisivo en ciertos casos. Si Costa Rica no hubiese ratificado el TLCCA en octubre de 2007, pudo haber enfrentado disminución de esa inversión, ya que sin acceso a los mercados estadunidenses habría dejado de ser regionalmente competitivo. Sin embargo, al haber aprobado el acuerdo puede atraer inversiones de empresas que temen los gastos potenciales en seguridad en países de riesgo más alto, como El Salvador, Guatemala y Honduras.

Mientras tanto, aunque los gobiernos de la región hayan aplicado varios métodos para atender el problema del crimen –desde políticas de mano dura hasta medidas de prevención y rehabilitación–, se ha avanzado poco en la disminución de su incidencia. Las consecuencias son severas: los altos índices del crimen originan importantes pérdidas directas a las empresas por extorsión, robo y costos de aseguramiento, así como un daño indirecto al crecimiento del PIB derivado de los gastos que el Estado efectúa en asistencia médica, policía y procuración de justicia, y desaliento a la inversión.

Fuente: EIU

Traducción de textos: Jorge Anaya