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Pandillerismo en Al

Las maras: ¿otra guerra perdida?

Los crecientes índices de criminalidad a la alza, en particular en Centroamérica, provocan respuestas cada vez más fuertes de los gobiernos locales, así como el principio de una coordinación más amplia en toda la región. Los gobiernos están conscientes de la necesidad de mejorar el ambiente de seguridad, tanto para mitigar las preocupaciones del público como para mantener el crecimiento económico. Sin embargo, las medidas tomadas hasta el momento han rendido resultados limitados, ya que muchos de los factores subyacentes del crimen y, en particular, de la actividad de las pandillas no han sufrido variación alguna.

En la región formada por México y Centroamérica, las estrategias anticrimen y contra las pandillas se han dividido entre medidas policiacas y preventivas, las primeras caracterizadas por una legislación de línea dura. Con tasas de criminalidad más altas, El Salvador, Guatemala y Honduras optan por una política de mano dura, con algunos programas preventivos. Nicaragua, Panamá y Costa Rica se han enfocado más en la prevención y la ejecución de programas sociales en áreas urbanas de riesgo.

Belice y México no han introducido programas específicos contra las pandillas. Esto está en línea con la percepción de riesgo; en estos dos países se percibe que la mayor amenaza proviene de las actividades de las redes internacionales de narcotráfico y sus efectos en la población local. En efecto, se estima que hasta 70% de la tasa de asesinatos en Belice se deriva del conflicto entre las redes del narco alrededor de la frontera con México.

En México, la atención del público se concentra en los cárteles de la droga, a pesar de la presencia de pandillas, o maras, en el sur y el norte, y de la evidencia de que éstas cooperan con los cárteles mexicanos en todo el país y a través de la frontera con Estados Unidos. El lanzamiento de una gran iniciativa antidrogas por el gobierno federal a principios de 2007, que ha implicado el despliegue de tropas militares para perseguir a los cárteles en los estados centrales y del norte, revela muy bien hacia dónde se enfoca la atención del gobierno. Aunque es indudable que algunas actividades de las pandillas han sido obstruidas por las severas medidas, no han sido el objetivo de ellas.

Difícil y más difícil

En contraste, las maras son el blanco de la legislación de mano dura. En El Salvador se lanzó el Plan Mano Dura en 2003, al que siguió el Plan Súper Mano Dura de 2004. En 2003, Honduras modificó el Código Penal con la Ley Anti Mara. Guatemala intentó hacer algo similar ese mismo año, pero la legislación no fue aprobada; en cambio, ha lanzado iniciativas de mano dura, como el Plan Escoba de 2005, diseñado para combatir el pandillerismo por otros medios. Las legislaciones salvadoreña y hondureña tienen disposiciones comunes: consideran delito ser miembro de una mara; otorgan mayores poderes de registro y detención a la policía (lo cual ha sido criticado en relación con los derechos humanos), e imponen condenas de prisión más largas para los pandilleros.

Sin embargo, las altas tasas de detenciones no se han traducido en un mayor índice de condenas. En El Salvador, durante los dos meses posteriores al lanzamiento del Plan Mano Dura los arrestos se elevaron casi 90%, pero 43% de los detenidos fueron liberados de manera inmediata por falta de pruebas. De los que fueron consignados, aproximadamente 12% recibieron una condena. El fracaso en elevar el índice de condenas se debe en parte a la ineptitud del sistema judicial para manejar gran número de procesos, y a que muchos casos han sido desestimados por razones procesales. Un efecto secundario negativo de la legislación ha sido una mayor sobrepoblación penitenciaria, lo cual proporciona tierra fértil para el reclutamiento de las pandillas y para que los miembros de células diferentes se comuniquen.

Los índices de criminalidad tampoco se han visto afectados de manera considerable. En realidad, las tasas de homicidios se elevan: en 2003 era de 37/100 mil y 32/100 mil en El Salvador y Guatemala, respectivamente. Sólo se han reducido en Honduras, en paralelo al descenso de la tasa de asesinatos desde la violencia política de los años 90. Sin embargo, sigue siendo la segunda en la región, sólo después de El Salvador.

Hay también evidencia de que las iniciativas policiacas han provocado la venganza de las pandillas. En diciembre de 2004, los miembros de la pandilla MS-13 abrieron fuego contra un autobús público en Chamelecón, Honduras, y mataron a los 28 pasajeros. El hecho no se consideró un intento fallido de extorsión, sino una respuesta a las severas medidas de mano dura del gobierno.

Atención social

Las medidas preventivas se han enfocado a la rehabilitación de pandilleros y programas sociales diseñados para prevenir el reclutamiento. En Costa Rica, el Programa Puentes de Luz de 2007 fue instituido para mejorar las condiciones sociales de áreas urbanas marginadas y proporcionar formación profesional a jóvenes que de otra manera podrían unirse a las pandillas. Nicaragua ha emprendido programas similares, en especial de rehabilitación en las prisiones y de prevención y reintegración impulsados por la comunidad.

Estos dos países han sido favorecidos por bajas tasas de crimen iniciales y sólidas redes civiles para llevar a cabo sus medidas preventivas. Sus gobiernos han hecho esfuerzos por impedir que las pandillas tengan mayor presencia, mientras El Salvador, Guatemala y Honduras deben tratar con una población ya establecida de pandilleros.

Se han efectuado también esfuerzos regionales, ya que las maras operan de manera trasnacional y sus miembros viajan a menudo dentro de la región para evitar ser castigados por crímenes cometidos en alguna jurisdicción. En julio de 2007, los jefes de gobierno centroamericanos estuvieron de acuerdo en combatir la actividad de las pandillas, compartiendo información de inteligencia y seguridad fronteriza, así como colaborar en el desarrollo de programas de capacitación policiaca e iniciativas contra las pandillas.

Cada país pretende también desarrollar una fuerza de reacción rápida diseñada para emprender operaciones conjuntas con países vecinos en una base apropiada. El objetivo de esta cooperación es obstruir la capacidad de las pandillas de moverse libremente por la región y evitar gastos jurisdiccionales. La región busca el apoyo financiero de EU para esta iniciativa; Washington reconoció su propio problema con las maras al fundar la Fuerza de Tarea Nacional contra la Pandilla MS-13 de la FBI, en 2004. La naturaleza trasnacional del problema fue reconocida cuando la FBI lanzó su Iniciativa Trasnacional contra las Pandillas (TAG, por sus siglas en inglés), con sede en El Salvador, la cual promoverá que los países centroamericanos compartan inteligencia con EU, y cooperará en el diseño de operaciones nacionales contra las pandillas.

Pobres perspectivas

A pesar de los esfuerzos domésticos e internacionales, a mediano plazo es poco probable una mejoría significativa de las tasas de criminalidad centroamericanas. Esto se debe tanto a la fuerza de las pandillas como a la debilidad de los ambientes judicial y de seguridad nacional, junto a la permanencia de otras condiciones sociales que motivan el ingreso a las bandas. Los ambientes judicial y de seguridad permanecerán débiles, lo que frustrará los esfuerzos por prevenir la violencia mediante estrategias de tolerancia cero.

Uno de los principales problemas que limitan a las fuerzas de seguridad es la carencia de recursos, tanto económicos como humanos. En algunos países el número de pandilleros es casi similar al personal de las fuerzas de seguridad; los cuerpos policiacos suman alrededor de 19 mil, 16 mil 500, y 5 mil elementos en Guatemala, El Salvador y Honduras, respectivamente. En muchos casos las pandillas están tan bien o mejor armadas que las fuerzas de seguridad, lo que reduce aún más la disposición de éstas para entrar en confrontación directa con ellas. Guatemala y Honduras han recurrido a la utilización de militares para proporcionar mayor seguridad, generalmente en operaciones conjuntas con la policía. Sin embargo, esto ha sido duramente criticado debido a los abusos de derechos humanos perpetrados por los militares durante la época de conflictos civiles.

La corrupción debilita aún más los ambientes judicial y de seguridad. Algunos miembros policiacos reciben dinero de las pandillas para desalentar incursiones o para que les proporcionen información. Funcionarios judiciales aceptan sobornos para evitar que los pandilleros sean procesados o condenados. Incluso cuando se llega a enjuiciar a los miembros de las pandillas, los errores procesales (en parte derivados de la falta de capacitación de los funcionarios) llegan a evitar condenas.

Diversificación

Los incentivos para los miembros de las pandillas permanecerán fuertes en ausencia de una mejora significativa de las condiciones socioeconómicas. Y considerando que existen células de MS-13 y M-18 en todo el istmo, estas pandillas tienen el potencial de convertirse en crimen organizado con una coordinación regional. Ciertos indicios de mayor cooperación entre células de diferentes países (como una reunión entre líderes regionales de la MS-13 en 2006) sugieren que las pandillas buscan aumentar sus ingresos, en particular con el narcotráfico. En 2006, un manifiesto de la M-18 se trazó como objetivo eliminar otras pandillas y tomar posesión de los corredores estratégicos del narcotráfico. Aunque el documento no nombra a las otras pandillas, es probable que se trate de algunas que funcionan en ámbitos nacionales, más que indicar que la M-18 se prepare para tomar por asalto las redes mexicanas y colombianas de la región.

La creciente implicación en el tráfico de drogas fomentará aún más la violencia local, sobre todo si se combina con una guerra entre turbas por el control del lucrativo comercio. Si se toman en cuenta los ingresos derivados de una mayor implicación en el tráfico de droga, hay poco incentivo para que los miembros de una pandilla la abandonen.

Fuente: EIU