Alcaldes anuncian que desocuparán tierras y el gobierno del estado llama al diálogo
Bases del EZLN, en la zozobra por mensajes contradictorios de autoridades
El Congreso estatal aprueba la figura jurídica de “incitación a la violencia”
Desarrollos turísticos podrían detonar graves conflictos con poblaciones indígenas
Palenque, Chis. 21 de enero. Señales contradictorias surcan estos días los cielos políticos de Chiapas. Al tiempo que algunos alcaldes de extracción priísta han anunciado desalojos en comunidades y territorios zapatistas (destacadamente en San Cristóbal de las Casas y Sabanilla), el gobierno estatal llamó a los presidentes municipales a respetar “todas las expresiones” y atender mediante el diálogo y la tolerancia “cualquier situación que se presente en sus municipios”.
El secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner, declaró que “el gobierno del estado no permitirá desalojo alguno en comunidades zapatistas asentadas previo al 2007”. Exhortó a los ayuntamientos “en cuyo territorio se asientan” estas poblaciones “a ser respetuosos de su pluralidad y diversidad”.
En tanto, el Congreso del estado modificó el jueves pasado el Código Penal, creando la inusitada figura de “incitación a la violencia”. A iniciativa del gobernador Juan Sabines Guerrero, enviada el 26 de diciembre pasado, y 20 días después convertida en ley, el delito implicará hasta tres años de prisión. El mandatario chiapaneco argumenta “que es menester regular las diversas conductas de los individuos para fortalecer el bienestar común de la sociedad y alcanzar la armonía y la paz social”.
El apartado bis del capítulo sexto, artículo 378 del mencionado código, establece que la “incitación a la violencia” podrá ser cometida por la “exteriorización o materialización de una conducta al manifestar por cualquier tipo de medio, pudiendo ser de manera escrita, verbal, electrónica, signos, gráficos o cualquier otro medio posible”, ya sea de manera pública o privada.
Según investigaciones de la reportera Ángeles Mariscal, el delito no existe en ningún otro estado de la República, ni en el Código Penal federal, y sólo tiene equivalente en contados países. La ambigüedad del precepto resulta inquietante. ¿Dónde comienza dicha “incitación”, en una entidad donde existe una declaración de guerra por parte de un ejército indígena y desde hace más de 13 años se desarrolla una guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas, con una vasta militarización y una situación fluctuante, que ha causado miles de desplazados, divisiones, centenares de muertes por ejecuciones y emboscadas atribuidas a grupos paramilitares?
El factor desarrollista del gobierno del estado
La fiebre desarrollista del gobierno estatal (y el federal), con énfasis millonario en las variantes del turismo (ecológico, “ecoarquelógico”), podría generar graves daños culturales y ambientales, así como confrontaciones con comunidades indígenas.
A pesar de que entre los indígenas de la selva existe repudio al Plan Puebla-Panamá, el secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos de Chiapas, Roberto Albores Gleason, echó las campanas al vuelo por las “ventajas” que hacen de la entidad “un paraíso de oportunidades”.
Como si las comunidades indígenas no existieran, el hijo del ex gobernador Roberto Albores Guillén celebró el 17 de enero ante el mandatario Sabines y el embajador de la República Popular China, Yin Hengmin: “El estado es un punto estratégico para la exportación e importación de productos, ya que es el centro geográfico de la región Puebla-Panamá, ubicado en el corredor transísmico de América”. El funcionario ponderó los recursos naturales que “ofrece” Chiapas para la inversión y el turismo.
Al día siguiente, el gobernante se reunió con el director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Miguel Ángel Gómez Mont Urueta, ofreciendo al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa “sumar esfuerzos en una alianza estratégica que permitirá incrementar el turismo con el primer desarrollo ecoarqueológico del país”.
En la zona arqueológica de Palenque, Albores Gleason presentó al director de Fonatur el proyecto de desarrollo turístico para 2008, el cual incluye la construcción de la autopista que comunicará a San Cristóbal con Palenque, con una inversión por 200 millones de pesos. El fondo expuso los proyectos federales “de desarrollo urbano y turístico de Palenque y Cascadas de Agua Azul”. Sólo en Palenque, “se destinarán mil 400 hectáreas para la creación de 5 mil 710 nuevos cuartos de alojamiento de baja densidad y un parque temático cultural”.
Dadas las condiciones de las regiones indígenas habrá que ver cómo se cumple el propósito gubernamental de estar atento “a los reclamos del zapatismo y de todas las expresiones sociales”, como dijo ayer el secretario Morales Messner.