Recientes inundaciones dañaron cultivos y casas; “seguirá” la resistencia, afirman
Indígenas de San Patricio sufren doble amenaza: la escasez y los paramilitares
San Patricio, Chis., 20 de enero. El río Sabanilla “se llevó” tres cabezas de ganado, frijolares, milpas y pastizales. Dañó casas y solares y destruyó mucha tierra cultivada. “Por las inundaciones vamos estar hambrientos un tiempo, pero vamos a seguir”, confían los pobladores choles de San Patricio.
Acá llegó la ayuda que por conducto de la junta de buen gobierno de Roberto Barrios recolectaron otros municipios autónomos de la zona norte en noviembre y diciembre de 2007. En una ocasión, entre otras cosas, la junta envió 700 kilos de maíz, 85 de frijol, 60 de naranja, una veintena de costales de plátano y algunos más de chayote. Pero básicamente han sobrevivido con sus propios recursos. Viven la doble dificultad de la resistencia y las condiciones de un desastre natural.
La precariedad en San Patricio es evidente, incluyendo a las 12 familias oficialistas que recibieron ayuda gubernamental (“migajas” la consideran los autónomos) después de las inundaciones del pasado 28 de octubre. Pero la renovada actividad contrainsurgente en la zona los ha enfrentado con sus hermanos zapatistas.
“Sentimos un poco de tristeza; antes no había priístas, pero el mal gobierno compró a unos con programas y se empezó a dividir la gente”, expresa el representante de la comunidad. “Las migajas son trampas para la gente pobre y luchadora. Juntos bajamos a recuperar esta tierra, y tuvimos el acuerdo de trabajarlas de forma comunal. Ahora los prístas quieren emparcelar para poder vender”.
Las familias que recuperaron las fincas Lámpara y Los Ángeles y fundaron el poblado en tierras bajas procedían de Unión Hidalgo, en las alturas de la serranía. A diferencia de otras comunidades del municipio autónomo La Dignidad, como su cabecera San Marcos, San Patricio no es producto del éxodo que causó la “guerra” militar y paramilitar en el segundo lustro de los años 90.
En comunidades como Jesús Carranza y Moyos, la violencia fue muy alta y se despojó a las familias zapatistas y de la “sociedad civil” (designación amplia de la época para los diversos grupos pro zapatistas de la zona norte) de sus casas, propiedades y parcelas, con el mismo esquema contrainsurgente que hacia 1997 laceró en los Altos a Chenalhó.
Las mujeres de San Patricio resistieron con sus propios cuerpos y brazos las incursiones del Ejército y lo echaron de sus casas en 1997 y 1998; luego hubo cateos y saqueos de Seguridad Pública. Y ahora, con la escalada generalizada (de inspiración gubernamental) contra la propiedad comunal en las tierras recuperadas, regresa el espectro de la paramilitarización violenta.
La Jornada posee copia con la lista de 35 miembros de Paz y Justicia que participan en los nuevos tiroteos y amenazas. Proceden de Ostilucum, Sabanilla, Unión Hidalgo y San Patricio. Algunos del primer poblado ya deben vidas, como Sergio Díaz Masón, o tienen un largo historial delictivo, como los dirigentes Carmelino Díaz y Mario Vázquez Cruz. Apoyados por el gobierno municipal, de alianza PRI-PVEM, pretenden despojar a San Patricio.
Similares amenazas pesan contra Siquijá y San Marcos, del mismo municipio autónomo La Dignidad. Pero las bases zapatistas se muestran confiadas. Han avanzado, poseen una modesta pero digna aula escolar, atendida activamente por los promotores de educación.
También se impulsa la agroecología y la salud, aunque el botiquín está vacío y las inundaciones sólo dejaron la báscula. Las mujeres se organizan en colectivos de “ganado” y “tienda”, entre otros.
Si bien participan en el movimiento rebelde desde antes de 1994, “sólo fue posible la resistencia con la formación de los caracoles”, explican los indígenas. Hoy son 22 familias, 139 personas, que como mayoría sostienen la autonomía en medio de una hostilidad creciente.
“Nuestro deseo es resistir y no soltar la tierra. La defenderemos con la última gota de nuestra sangre”, declara el vocero, a quien, como es habitual, rodean y escuchan decenas de indígenas que son testigos y respaldo. Fueron convocados por las “campanadas” que al ser percutida produce una retorcida hélice de avioneta caída hace muchos años en la cañada; algunas de sus piezas superaron la condición de chatarra; otras nada más quedaron regadas.
El buen talante de los indígenas no alcanza a ocultar la inquietud y los temores. En una localidad remota, casi sitiados por comunidades hostiles y con la fuerza pública en contra, las amenazas de muerte se reiteran. La última, proferida por Samuel Díaz Díaz, de Ostilucum, fue apenas este 8 de enero.