Convoca la CNTE a detener la depredación neoliberal
Casi un millón de amparos contra la Ley del ISSSTE
Ampliar la imagen
Descarga de la documentación contra la Ley del ISSSTE, ayer en el Palacio de Justicia de San Lázaro
Foto: Francisco Olvera
En lo que es la mayor cantidad de amparos presentados contra una legislación, hasta ayer se habían interpuesto alrededor de un millón de demandas de amparo contra el primer acto de aplicación de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Palacio de Justicia de San Lázaro.
Los trabajadores tienen hasta el martes próximo para presentar las demandas, las cuales se podrán interponer en los juzgados de distrito de todo el país, de donde serán trasladados a la ciudad de México, según se comprometió el Consejo de la Judicatura Federal, informó Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México.
Explicó que ayer los grandes contingentes que vinieron a esta ciudad para presentar su documentación ya habían hecho el trámite; tan sólo en Sinaloa, 3 mil 200 trabajadores del magisterio solicitaron el amparo de la justicia federal contra las reformas a la Ley del ISSSTE y se prevé que la cifra aumente a 6 mil en los días restantes.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a una huelga nacional “para detener la ambición devastadora de los neoliberales”, y anunció que se prepara para las movilizaciones del 26 de enero del Foro Social Mundial y la del 31 de enero con los campesinos contra la apertura total por el capítulo agropecuario del TLCAN.
Miranda Esquivel explicó que con la CNTE se hizo ayer una valoración de la jornada y se consideró que la cifra llegó a casi un millón de demandas de amparo, cantidad que se elevará entre lunes y martes con los recursos que se presenten en las entidades y en el Distrito Federal.
Agregó que habrá abogados para asesorar a los trabajadores y otros recorrerán el país para dar conferencias sobre la nueva ley, además de que se buscarán mecanismos de interlocución con el Congreso y la Suprema Corte.
Consideró importante conocer el punto de vista de los ministros, ya que próximamente comenzarán la evaluación de los primeros casos. “Se pidió a la Corte que no sólo juzgue con el frío sentido del derecho, sino con la responsabilidad social de lo que significa quitar el derecho de jubilación a un pueblo empobrecido”, expresó.