Emite un comunicado para que la población haga denuncias; “nosotros sí vamos”, dice

Asume Sedena ilegalmente la investigación de delitos en BC

El llamado castrense a la población civil no tiene precedente y es anticonstitucional, sostienen fuentes militares

Revela asimismo la desesperación oficial por la falta de eficacia de la PGR

Jesús Aranda

En una acción sin precedente, el Ejército Mexicano asumió abiertamente, y según especialistas de forma ilegal, la investigación y persecución de criminales en Baja California.

El pasado 16 de enero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en la ciudad de Tijuana –un día después de que tres jefes policiacos municipales fueran asesinados y previo a un tiroteo de más de tres horas en el que murieron ocho personas–, en el que convoca a la población civil a denunciar vía telefónica cualquier acto criminal o sospechoso. “Tenga usted la seguridad de que nosotros… sí vamos”, señala el escrito.

Fuentes militares reconocieron que este llamado del Ejército para combatir al crimen organizado no tiene precedente y habla de la “desesperación oficial” por la falta de eficacia de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal Preventiva (PFP).

Competencia del Ministerio Público Federal

En tanto, especialistas en fuerzas armadas y seguridad señalaron que al asumir esta tarea, de manera abierta, el Ejército actúa inconstitucional e ilegalmente, porque esta tarea le compete exclusivamente al Ministerio Público federal.

La Sedena emitió su comunicado el pasado 16 de enero, en Tijuana, en el que hace referencia a lo ocurrido un día antes en esa ciudad, cuando “un grupo de individuos, portando armas largas, irrumpió con lujo de violencia” en el domicilio del jefe la policía municipal, Margarito Saldaña, y lo asesinó; en esos hechos resultaron heridos su esposa y tres de sus hijos. Horas después murieron la mujer y una de sus hijas.

Precisa el texto:

“Ante este lamentable suceso, y con el fin de evitar que se continúen suscitando estos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la segunda Región y Zona Militar, hacen la invitación al público en general del estado de Baja California, para denunciar conductas delictivas que se realicen en sus colonias, como son: venta de drogas, secuestros, movimientos de grupos de personas armadas u otros actos ilícitos que perturben la tranquilidad de la población. Para lo cual, la segunda Zona Militar, con sede en Tijuana, Baja California, pone a su disposición el número telefónico (664) 685-02-97, con la finalidad de coadyuvar en la disminución de los actos ilícitos que se han venido presentando en este estado, los cuales constituyen una violación a la ley en sus diferentes erogaciones (sic). Cabe mencionar que no se hará interrogación alguna.”

El escrito, fechado en el Campo Militar 2-F, en Tijuana, asegura que con esas acciones el personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, “dentro de nuestro ámbito de competencia contribuirá con usted, ciudadano, a lograr la seguridad y tranquilidad que tanto demanda. Tenga usted la seguridad de que nosotros… sí vamos”, concluye el comunicado, con esta última frase impresa en letras negras y con una tipografía de mayor tamaño que el resto del texto.

Por otra parte, el general en retiro Luis Garfias Magaña, ex comandante de la segunda Región Militar con sede en Mexicali, señaló en entrevista con este diario que es la primera vez que el Ejército Mexicano emite un comunicado de este tipo, el cual, señala, refleja la incapacidad de las autoridades federales para atacar la creciente ola de violencia.

Laguna legal en materia de crimen organizado

Cuestionó también la que calificó de laguna legal en la que se encuentran las fuerzas armadas, al realizar acciones que no les corresponden para enfrentar al crimen organizado. Subrayó que debe modificarse el marco jurídico para que los militares actúen contra el crimen organizado sin violar la ley.

Por su parte, Genaro González Licea, ex catedrático del Colegio de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, precisó que la decisión de la Sedena de solicitar información a la población civil constituye una violación a la Carta Magna, porque está asumiendo atribuciones de investigación de los delitos que sólo corresponden al Ministerio Público federal.

Finalmente, el especialista no descartó que inclusive la emisión del comunicado sea causante de responsabilidad penal por parte de elementos del alto mando castrense que habrían ordenado su difusión.

Cabe señalar que el escrito en cuestión fue difundido por la segunda Región Militar, que encabeza el general de división Sergio Aponte Polito.