Editorial
Inadmisible violencia policiaca
La madrugada del viernes, Juan Carlos Salas Falcón, un joven de 19 años, murió luego de que dos policías capitalinos le dispararon, supuestamente por oponer resistencia a una “revisión de rutina”. Hasta ahora no existen indicios de que la integridad física de los agentes corriera riesgo alguno, por lo que todo apunta a que se trató de un homicidio cometido en forma artera.
Los uniformados aseguran que la inspección se produjo luego de que escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona, y que el disparo que cobró la vida de Salas Falcón fue producto de un forcejeo cuando intentaron someterlo. Por su parte, dos amigos de la víctima, a su vez testigos de los hechos, sostienen que los policías dispararon a la espalda del joven cuando éste corría por la acera. En cualquiera de los dos casos, se trata de un acto de violencia inexcusable que atenta contra el estado de derecho, constituye un grave atropello a las garantías individuales y viola claramente el marco legal vigente, donde están contemplados los procesos y las sanciones que deben aplicarse a los delincuentes. No ha sido comprobada la participación de la víctima y sus acompañantes en delito alguno, pero aun en ese caso, la obligación de los uniformados era remitirlos a las autoridades competentes; el empleo de sus armas, por tanto, sencillamente no se justifica.
La muerte de Salas Falcón se inscribe en un contexto particularmente delicado, en el que el abuso de quienes debieran salvaguardar la integridad de la ciudadanía ha derivado en la muerte de civiles: cabe recordar los episodios de la familia muerta a manos de elementos del Ejército en Sinaloa, a principios de junio de 2007, y del joven asesinado la semana pasada en Michoacán, también por efectivos castrenses, en ambos casos por no haberse detenido en los retenes establecidos por las fuerzas armadas. Estos acontecimientos han evidenciado que la decisión del gobierno federal de desplegar el Ejército en las calles para combatir la delincuencia organizada no sólo es una medida costosa, riesgosa y poco efectiva, sino que además representa un peligro latente para el conjunto de la población, como ha sido señalado por diversos sectores de la sociedad mexicana y como se sostiene en las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por lo demás, el hecho reviste importancia por ser un claro ejemplo de los constantes abusos que cometen las policías en todo el país, y que pudieran agravarse con las reformas en materia judicial que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados a finales del año pasado. Entre otras cosas, dichas enmiendas facultan a las policías y al Ministerio Público para realizar detenciones e imponer sanciones por mera sospecha de culpa, lo que contraviene el principio constitucional de presunción de inocencia y representa, además, un grave peligro para las libertades ciudadanas, si se toma en cuenta que las corporaciones policiales están entre las instituciones menos confiables, que sus elementos carecen de la capacitación necesaria en materia de legalidad, y que además sufren altos niveles de corrupción e infiltración de grupos criminales.
En suma, mal haría el Gobierno del Distrito Federal si, en una redición de las posturas negligentes de la administración federal en los casos referidos, no aclarara en forma inmediata y cabal ante la opinión pública la muerte de Salas Falcón. A lo que puede verse, las autoridades capitalinas tienen elementos más que suficientes para llevar a cabo –sin tener que aguardar a que se lo demande la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal– las investigaciones necesarias, y sancionar a los responsables de un hecho lamentable que no debe repetirse.