La paradoja de la privatización energética
Permítaseme, con Perogrullo, decirlo una vez más. No se necesita privatizar el sector energía para privatizar el sector energía. El volumen de Pidiregas en las empresas públicas ya las hace depender, en los hechos, de los inversionistas privados –nacionales y extranjeros– que soportan y respaldan estos Pidiregas.
Por un lado, la mayor parte de la inversión acumulada en Pemex Exploración y Producción de 1997 en adelante. Por otro, cerca de 20 por ciento de la capacidad instalada en el sector eléctrico nacional, por cierto la más moderna y la más eficiente, con Pidiregas desde 1996. Ese volumen de dinero privado metido en el petróleo y en la electricidad es menor –sin duda que lo es– a los 200 mil millones de dólares (dólares de 2007 en este cálculo) de derechos de extracción de hidrocarburos (renta petrolera) captada por el gobierno anterior. De esos –no me cansaré de mencionarlo– sólo se habían presupuestado 150 mil millones. Así, los excedentes de los excedentes petroleros alcanzaron un valor sexenal de 50 mil millones de dólares. ¿Dónde están, se pregunta por doquier? Incremento de reservas, servicio a la deuda y depósitos en el mundo internacional de dinero, y un poco más de gasto, hay que decirlo. ¿Qué pasará con estos ingresos este sexenio?
Algo similar, pues a pesar de la regresión productiva, es muy probable que la estimación presupuestal sobre derechos de extracción de hidrocarburos del actual gobierno también resulte inferior a la renta petrolera efectiva que recoja. ¿Por qué? En primer término por el alto nivel de precios que se espera para todo el sexenio. En segundo porque, efectivamente, no conviene vincular el presupuesto a un precio muy alto, menos aún si no se evalúa –no se ha hecho– el efecto de la ampliación presupuestal del gasto derivada del mayor ingreso de renta petrolera, sobre todo en el caso de las participaciones de entidades federativas. Y en tercer término porque, a pesar de todo, los costos de producción de México seguirán siendo muy bajos en relación con el costo más alto que el mercado actual está dispuesto y obligado a reconocer en estos años para sostener un consumo cotidiano que muy pronto –también simbólicamente, como en el caso del precio– superará la barrera de los 100, en este caso millones de barriles al día.
Sí, solamente en sus primeros dos años, el actual gobierno podría llegar a reunir cerca de 100 mil millones de dólares por concepto de derechos de extracción de hidrocarburos (renta petrolera llana). De éstos, el volumen presupuestal no supera los 85 mil millones. Así, de entrada y para comenzar, el gobierno actual contaría con no menos de 15 mil millones de dólares extra. ¿Qué es lo que –en los hechos– impide que una parte sustantiva de esos recursos se destine a la inversión productiva del sector energía? La respuesta es muy simple. Una ideología –acompañada de presiones internas y externas, sin duda– que considera la apertura en petróleo y electricidad como parte esencial de la nueva forma de integración de México al mercado mundial. Es la misma que condujo a raquíticas y erráticas acciones en el campo para enfrentar la inminente apertura vinculada al TLC.
Y que soporta una debilidad crónica –aceptada y asumida como ideal– en el terreno de la política industrial, para no hablar del terreno bancario y financiero en el que se ha llegado ya a un control externo mayoritario de nuestra banca. Claro que coloquialmente se reconoce que el capital no tiene nacionalidad, pero… E igualmente claro es que junto a esa ideología se tiene una debilidad política para impulsar una reforma fiscal de fondo que –como algunos de los mismos personeros del gobierno anterior reconocen– pudiera elevar los ingresos gubernamentales no petroleros en dos o tres puntos o aun más, del producto nacional.
Sí, sin duda, la secular pobreza de los recursos fiscales alternativos, es decir del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, es parte de la debilidad financiera gubernamental. Pero también los compromisos de éste y el anterior gobierno con sectores importantes de los poderes fácticos, impide penetrar en ámbitos de privilegiada liberalidad fiscal.
Hacerlo permitiría al país liberar parte importante de sus recursos petroleros para la inversión productiva, y negociar en mejores condiciones el acceso a tecnologías que hicieran posible una expansión virtuosa, tanto de la industria petrolera como de la eléctrica, sin menoscabo del mandato del 27 constitucional, como seguramente se intentará hacer en estas próximas semanas, a través de la modificación de leyes secundarias.
Me refiero a los impuestos, a las utilidades de los dueños de las empresas, que pagan impuestos de sus sueldos. Pero hace aportaciones nulas o, en todo caso, raquíticas de sus dividendos, de sus traslados de propiedad y dominio, de acción sus rendimientos en la bolsa, de sus herencias. Se trata de ámbitos que en muchos otros países son objeto de gravación fiscal. Por eso, sí, por eso seguiremos condenados a una tasa fiscal apenas próxima a 11 o 12 por ciento del producto. Y con eso, con eso se cae al suelo eso del México ganador. A menos que se piense –como lamentablemente creo que se hace– que el México ganador se construirá sobre la base de la inversión extranjera. Sin duda
NB Un abrazo enorme y solidario a León Bendesky y su familia.