En un bote de vela...
Hace unos días, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, decidieron informar al alimón que modificaban a la baja sus previsiones sobre el crecimiento económico de 2008. En sintonía con la ola de vaticinios lúgubres sobre la economía mundial que hoy inundan los mercados financieros, los responsables de la conducción económica nacional nos advierten de tendencias preocupantes que podrían volverse realidad oscura en cualquier momento. Santo y malo, pero sin duda sano que desde la cumbre de la finanza nacional se empiece a hablar claro y sin abuso de la metáfora facilona.
Lo que sigue es más difícil, pero indispensable. Las dos sacras instituciones que gobiernan el devenir económico tendrían que hacer un ejercicio pedagógico y político que asumiera que de cumplirse sus predicciones, entre esta fecha y el fin del año algo habrá ocurrido sin esperar al veredicto final de la estadística anual. Por ejemplo: que se habrían creado todavía menos empleos formales que los esperados por el presupuesto aprobado en diciembre pasado; que habría más desempleados que los inicialmente estimados; que muchas decisiones de inversión se habrían pospuesto o de plano cancelado; que muchas empresas habrían cerrado o quebrado. Así, y sólo así, podrá encararse con alguna esperanza de éxito lo que para muchos aparece ya como un tsunami traicionero por viscoso y silencioso: una recesión mundial acompañada por fuertes presiones alcistas en los precios básicos de los alimentos, las materias primas y la energía: una estanflación más corrosiva que la que asoló al mundo allá por los años 70 y 80 del siglo pasado.
Prepararse para lo peor y afrontarlo será, por supuesto, una prueba de ácido para las destrezas técnicas y, sobre todo, la voluntad política del gobierno. Supone revisar viejos conceptos y creencias, y convocar a una cooperación social que el país y el Estado parecen haber olvidado y que la ortodoxia al mando insiste en ver como nociva para el buen funcionamiento de unos mercados evasivos y rejegos, pero en los que se insiste en cifrar la suerte de todo y de todos. Como quiere que sea, cada día está más claro que de que este difícil mecanismo político-económico se ponga en práctica depende en mucho la sobrevivencia de la cohesión social y la estabilidad política que nos aún nos quedan.
La apertura de los mandarines del eje Hacienda-Banco de México no encontró buen eco en los reflejos presidenciales. “El escenario preocupante realmente hasta me emociona un poquito”, dijo el Felipe Calderón en Acapulco ante una audiencia de banqueros convocada por Santander, puesto que su especialidad, agregó, es “navegar contra corriente”. Ya entrado en gastos marineros, Calderón aseguró a sus solícitos preceptores que lo advirtieron contra todo tipo de veleidad heterodoxa que se “cuenta con un navío de gran calado” para enfrentar cualquier tormenta financiera.
Como si hablara desde un dique seco, cuando en realidad anda en un bote de vela rodeado de sus (pocas) gentes, Calderón se regodeó en sus supuestas habilidades modernizadoras y los banqueros le aplaudieron, con la confianza de quien ve las olas desde un pent house y una televisión de alta definición.
PS: La no renovación del contrato de Carmen Aristegui por el Grupo Prisa ha sacado a flote una causa, en realidad una percepción ahora extendida: la de la información y la comunicación social entendidas como un bien público esencial para una democracia moderna y al que todos tenemos derecho. Así, la causa abierta por Carmen nos remite a unos derechos explícitos y específicos de los comunicadores y del público que se ve ahora como ciudadanía y que para serlo requiere de información veraz y comunicación creíble por plural y rigurosa. En ese contexto de derechos expandidos, sin duda habrá que hablar también de los derechos y las obligaciones de las empresas de la comunicación, en especial de las que dependen para serlo de la concesión que la nación hace de su espacio a través del Estado. No basta con reconocerle a Carmen su obra: hay que evitar que lo ocurrido se vuelva el “caso Aristegui”, rumbo al archivo muerto de las causas perdidas; por eso resulta indispensable ir al debate y profundizarlo, y para empezar exigir que la radio y la televisión en manos del gobierno se vuelvan públicas y de Estado y que ella ocupe pronto el lugar que le corresponde y merece.