Piden a la ONU investigar la violencia desatada por la oligarquía del país
Organizaciones indígenas andinas respaldan a Bolivia y apoyan su proceso de cambios
“Inconcebible, que Naciones Unidas se quede muda ante el fascismo racista impune”, dicen
Los dirigentes de las etnias fueron recibidos en el Palacio Quemado por el presidente Morales
La Paz, 18 de enero. Dirigentes de pueblos originarios de seis países integrantes de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas manifestaron su solidaridad con Bolivia, respaldaron el proceso de cambio encabezado por el presidente Evo Morales y pidieron que organismos de derechos humanos y la Organización de Naciones Unidas (ONU) “investiguen la violencia racial del grupo oligárquico desatada en la llamada media luna”, la región formada por los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.
“Es inconcebible que en el mismo momento histórico, en la ONU se apruebe una declaración histórica (sobre derechos indígenas, en septiembre de 2007) y quede muda ante el fascismo racista impune”, subrayaron en la Declaración de La Paz, emitida al término del Taller Internacional sobre Pueblos indígenas, Constitución y Estados Plurinacionales, al que asistieron unos 50 líderes indígenas de Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia, además de invitados especiales de Nicaragua, Brasil, Venezuela y Uruguay.
Los participantes en el evento fueron recibidos la víspera por Evo Morales en el Palacio Quemado, sede del gobierno.
En la declaración del encuentro originario, acordaron además “acompañar todo el proceso de cambio en Bolivia, donde con la activa participación del movimiento indígena se aprobó una nueva Carta Magna que reconoce derechos para todos”.
Asimismo, rechazaron “el intento tardío de la oligarquía de la llamada media luna de reabrir y reconsiderar el texto de la nueva Constitución Política de Bolivia, ya aprobada (en diciembre), con el objetivo de mantener sus dominios sobre tierras y recursos naturales para el privilegio de unos pocos y la exclusión de las amplias mayorías nacionales”.
Manifestaron también su solidaridad con la lucha del pueblo mapuche chileno, “en particular con los hermanos detenidos, perseguidos y en huelga de hambre (la dirigente Patricia Troncoso lleva 101 días en ayuno y está agonizante), por la defensa de su sobrevivencia como pueblo y sus medios de vida en territorios, bosques, montañas y mares, y exigimos el cese de la represión que sólo beneficia a intereses y privilegios de poder y es una herida abierta en la sociedad chilena”.
Denunciaron que en varias de sus tierras y territorios del Abya Yala también enfrentan conflictos por invasión territorial y persecución por parte de jueces, policías y una creciente criminalización de sus derechos y movimientos, “como producto de la imposición de políticas en favor del saqueo de las empresas trasnacionales y con el apoyo de muchos falsos demócratas”.
En otro orden, el consejero de la judicatura, Rodolfo Mérida, criticó la afirmación de integrantes del Poder Judicial de que el proyecto de nueva Carta Magna aprobado por la Asamblea Constituyente es “ilegal e ilegítimo”, pues, dijo, no le corresponde a ese sector hacer declaraciones políticas de hecho “sino de derecho”.
Evo Morales lamentó la declaración, al tiempo que el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, comentó que al gobierno no le extraña la posición del Poder Judicial. “Es una situación esperada porque es el poder conservador por excelencia… Al judicial no se accede por voto, se accede por consigna, por feudo”, acotó Chávez.