Editorial

Pemex: privatizar no es necesario

De acuerdo con cifras reveladas en un informe sobre los resultados financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal obtuvo, hasta finales de septiembre del año pasado, una renta –que es la diferencia entre el costo de extracción del crudo y su precio de venta– de 432 mil 789 millones de pesos, un monto sumamente importante si se toma en cuenta que, por ejemplo, equivale a casi cuatro veces el presupuesto de la capital del país.

El dato cobra relevancia con respecto a la viabilidad financiera de la paraestatal, sobre todo en un año en que se espera que el titular del Ejecutivo federal presente una iniciativa de reforma energética que acaso plantee la entrega de Pemex al capital privado. Ciertamente, las acciones del gobierno federal en lo que toca al manejo de Pemex apuntan en ese sentido: a últimas fechas se ha afirmado insistentemente que se trata de una empresa depreciada, económicamente inviable y prácticamente en quiebra, que requiere de enormes cantidades de recursos económicos y tecnológicos para explorar nuevos yacimientos ante el inminente agotamiento de las reservas probadas, con lo que se pretende justificar su venta total o parcial. El gobierno niega sistemáticamente que sus intenciones estén orientadas en ese sentido, pero ha salido a la luz la existencia de acuerdos confidenciales entre Pemex y empresas trasnacionales, supuestamente de carácter “no comercial” y limitados a la investigación científica y tecnológica.

El problema de Pemex no es precisamente el riesgo inminente de una bancarrota, sino el constante saqueo al que se le somete, tanto por la confiscación fiscal de la mayor parte de sus ganancias –que representan 40 por ciento del total de los ingresos públicos– como por la corrupción que impera en la administración de la paraestatal. Para colmo de males, la confiscación de las ganancias de la paraestatal no se ha traducido en un mejoramiento de los servicios públicos en beneficio de la población, sino en el medio de sustento de una administración federal sumamente costosa e inoperante.

A la luz de los ingresos así obtenidos por Pemex, ha quedado en claro que la situación financiera de la empresa no pasa por su falta de capacidad, pues aun en la situación actual ha podido sacar adelante la producción necesaria y generar cuantiosas ganancias. Si se toma en cuenta que sus costos de producción por barril –alrededor de 8 dólares– son muy inferiores en relación con el precio de venta de crudo –que ronda los 80 dólares–, es de suponer que la paraestatal pudiera representar una fuente aún mayor de riqueza y beneficios para la nación si se hiciera un manejo más justo, limpio y responsable de sus finanzas. De hecho, si la situación de Pemex fuera tan acuciante e insostenible como se afirma, no podría explicarse el creciente interés y la insistencia de los capitales privados por hacerse de la empresa.

Es innegable que la paraestatal carece de los recursos necesarios para desempeñar de manera eficiente sus funciones en rubros como la exploración, la explotación o la refinación. Entre otras cosas, tal situación ha llevado al país a la inverosímil necesidad de importar 40 por ciento de la gasolina que consume, a pesar de ser el sexto productor mundial de crudo. Sin embargo, en vista del amplio margen de ganancia obtenido por Pemex, todo parece indicar que esos fondos podrían salir de la propia paraestatal si fuera colocada en un régimen de autonomía fiscal, si su administración fuera sometida a una limpia profunda para acabar con la corrupción, y si el gobierno federal implementara auténticas políticas de austeridad para reducir gastos e hiciera más eficientes sus mecanismos de recaudación fiscal. Es una obviedad, pero hay que reiterarlo: la viabilidad económica de la empresa –y de la nación entera– depende, más que de inyecciones de capital privado, de decisiones de carácter político.