Más efectivo que sus similares de otros países, dice director
En 2007, récord de peticiones de información ante el IFAI
El secretario ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Angel Trinidad Zaldívar, destacó que el año pasado fue récord en cuanto a peticiones de información hechas por la ciudadanía al gobierno federal, lapso en el cual realizaron 96 mil solicitudes.
Durante la presentación del Manual ciudadano para la contraloría social, en que se explica cómo la sociedad puede participar en la vigilancia del uso de los recursos públicos y la supervisión de las políticas gubernamentales, indicó que el IFAI, en sus cuatro años de existencia, ha tenido más solicitudes de información –unas 260 mil en total– que el instituto respectivo de Canadá.
Según el funcionario, dos de cada tres quejas que se presentan ante el IFAI contra las más de 240 dependencias y entidades del gobierno federal se resuelven a favor de los ciudadanos. “Ese monto es mucho más elevado que lo registrado en otros países, como el caso de Francia, donde sólo 50 por ciento de los recursos que se presentan son favorables a la ciudadanía”.
Destacó también que de las 280 mil solicitudes, sólo en cinco por ciento se han presentado quejas ante el IFAI, ya sea por la falta de respuesta o la entrega de información completa, entre otras razones.
Las dependencias con mayor número de solicitudes son el Instituto Mexicano del Seguro Social, las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y la Procuraduría General de la República.
Las dependencias con más respuestas negativas, de 2003 al 10 de enero pasado, son el Servicio de Administración Tributaria, la PGR, la SFP, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el IMSS.
Con respecto al manual, investigación a cargo de Martín de la Rosa y Peter Winkel, se informó que tiene el propósito de dar a conocer a los ciudadanos, “paso a paso”, desde la planeación del presupuesto asignado a un municipio o a un estado para una obra determinada, hasta el seguimiento y vigilancia del destino de los recursos públicos, incluyendo el tipo de procedimientos legales que permitan cuestionar el uso de dichos recursos, así como instancias indicadas para exigir la realización de auditorías.