Lugareños y barzonistas acudieron al máximo tribunal a exponer demandas

Exigen a la Corte investigar represión de policías a pobladores de Zimapán

Opositores a la instalación de un basurero de residuos tóxicos fueron golpeados el mes pasado

Inconformes dieron paso libre a autos en autopistas de Pachuca y Querétaro

Jesús Aranda

Pobladores del municipio de Zimapán, Hidalgo, y representantes de El Barzón Popular solicitaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerzan de oficio la facultad de investigación, prevista en el artículo 97 constitucional, sobre los sucesos del 2 de diciembre pasado en esa población, cuando policías estatales golpearon a opositores a la apertura de un basurero de residuos tóxicos en el lugar.

La petición también pretende que se anule la operación de ese confinamiento, señalaron representantes de los inconformes que acudieron esta tarde ante el máximo tribunal.

Durante un breve mitin, los barzonistas de nuevo colocaron dos ataúdes repletos de maíz en las escalinatas del edificio de la Corte, para simbolizar la inminente muerte del campo mexicano con la desgravación de frijol, maíz, leche en polvo y caña de azúcar, prevista en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una comisión de barzonistas e integrantes de la Coordinación General del Pueblo de Zimapán fue recibida por Alberto Díaz Díaz, secretario general de la presidencia de la Corte, quien les informó que el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia los recibirá el jueves 24 para conocer directamente su demanda.

Previamente, decenas de manifestantes llegaron a la Corte después de haber permitido el paso libre a los vehículos en las carreteras México-Pachuca y México Querétaro.

Portaban mantas y pancartas en las que exigían la cancelación del basurero tóxico, además de denunciar a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente, de la procuraduría ambiental y al gobernador hidalguense, Miguel Ángel Osorio Chong, por permitir esa construcción en plena sierra Gorda, el cual afectará a pobladores de Zimapán, así como a más de 40 comunidades aledañas de Hidalgo y Querétaro.

Cresencio Morales, líder del Barzón Popular, exigió “respetuosamente” a los ministros que investiguen lo ocurrido el pasado 2 de diciembre, cuando policías estatales reprimieron a mujeres y niños que se oponen a la instalación de un tiradero de tóxicos, de 800 metros de diámetro con una profundidad de 125 metros.

Afirmó que la autoridad municipal violó gravemente las garantías individuales de las víctimas. Esto, sin contar las graves irregularidades que rodean el proyecto de la empresa española Befesa, en el que se presume que la corrupción de autoridades federales y estatales fue lo que permitió la construcción del confinamiento de residuos peligrosos, pese al grave riesgo que significa para la salud de los lugareños y para el medio ambiente.

Por su parte, José María Lozano y Arturo Trejo, de la Coordinadora General del Pueblo de Zimapán, hicieron un llamado a los ministros para que actúen con sentido social y ordenen la suspensión del confinamiento.

Hoy realizamos una manifestación pacífica, advirtieron, pero que quede claro que si nuestra demanda no es atendida, “no permitiremos que una sola gota de desecho tóxico caiga en nuestro territorio”, advirtió Arturo Trejo entre consignas que decían: “¡Zimapán, Barzón, un solo corazón!”.