ProMéxico, dirigido por funcionarios sin experiencia, se orientará a la inversión extranjera
Desmantela el gobierno el aparato de promoción de exportaciones
El proyecto va a violar derechos de más de 220 empleados con amplia trayectoria, denuncia líder sindical
Se vulnera la ley orgánica de Bancomext; sólo el Congreso puede hacer cambios
México, el país con más tratados de libre comercio en el mundo, con una economía orientada al sector externo y un aparato productivo integrado básicamente por pequeñas y medianas empresas, está a un paso de quedar sin un instrumento del Estado para promover las exportaciones.
“En todos los países los gobiernos cuidan el fomento a las exportaciones”, plantea Alfredo Castro, secretario general del Sindicato Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior (Sinudet Bancomext).
Resume la situación creada por la actual administración federal: “el gobierno está desmantelando el aparato de promoción de las exportaciones, a favor de un proyecto muy improvisado, con gente sin idea de la actividad. Es un fracaso anunciado que costará mucho al país en todos los sentidos”. Un proyecto gubernamental que, agrega, va a pasar por encima de los derechos laborales de más de 220 empleados del banco, con amplia trayectoria en la promoción del comercio externo, además de que vulnera la ley orgánica de Bancomext, un punto en el que, plantea, el Congreso debe poner atención.
El gobierno de Felipe Calderón, que inició en diciembre de 2006, decidió fusionar desde ese mismo mes las actividades del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) con las de Nacional Financiera. En junio de 2007 creó un fideicomiso, llamado ProMéxico, al que pretende trasladar las funciones que realizaba el Banco Nacional de Comercio Exterior, una determinación que, a juicio de especialistas y el propio sindicato, viola la ley orgánica del Bancomext.
El secretario de Trabajo, Javier Lozano, ofreció a lo largo del año pasado que no serían violentados los derechos de los trabajadores durante el proceso, relata Alfredo Castro en entrevista con La Jornada. Sin embargo, el dirigente sindical asegura tener información de que el gobierno federal publicará en los próximos días un nuevo decreto relacionado con las funciones de ProMéxico, que ceñirá al fideicomiso a promover la captación de inversión extranjera, dejará en segundo plano las funciones de fomento al comercio exterior y, de paso, prescindirá de los derechos de 220 trabajadores.
En la entrevista, Alfredo Castro aborda las implicaciones laborales y de promoción del comercio exterior que puede tener la decisión del gobierno federal de transferir a un organismo como ProMéxico, una entidad dirigida por funcionarios sin ninguna experiencia en la materia, las funciones que realiza ahora el Bancomext, uno de los principales bancos de desarrollo del país.
“El fomento al comercio exterior está contenido en la ley orgánica de la institución. Para separar las funciones, como pretenden hacer a golpe de decreto, se debe consultar al Congreso, única instancia que puede aprobar cambios al estatuto; como lo hacen por medio de decretos, eso viola la ley, pasa por los poderes republicanos. Sólo el Congreso que creó la ley puede modificarla o alterarla. Se pasan por el arco del triunfo esto y se afecta la legalidad, pero al mismo tiempo se abre espacio para que desde el Congreso se busque que se determine la inconstitucionalidad de ProMéxico”, plantea.
Reveló que el sindicato de Bancomext ya ha avanzado en una discusión con legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Convergencia para impulsar, en el ámbito legislativo, la defensa del Bancomext. Mencionó que varios gobernadores apoyan esta iniciativa, entre los que citó a Enrique Peña, del estado de México, y Félix González, de Quintana Roo.
Mientras, en el ámbito laboral destacó que en el decreto que creó ProMéxico en junio pasado se salvaguardaban los derechos de los trabajadores, tanto en la antigüedad como en las prestaciones. Ese fue el compromiso de las autoridades laborales. Pero en diciembre pasado fueron informados de que el gobierno había tomado la decisión de cambiar el decreto de junio de 2007, sobre todo en la parte que garantizaba el traslado de los empleados de Bancomext dedicados a la promoción del comercio exterior a ProMéxico.
La decisión de prescindir en ProMéxico de los especialistas de Bancomext dedicados al comercio exterior, según anunció el dirigente sindical, será contrarrestada también en el terreno legal. Para ello, ya preparan con su asesor laboral, el abogado Arturo Alcalde, un amparo para combatir la medida del gobierno y lograr que se cumplan plenamente los derechos laborales de 220 trabajadores que pueden quedar sin empleo.
Un sinsentido
No deja de llamar la atención que en un país cuya economía es, por decisión política de los últimos gobiernos, totalmente dependiente del exterior, se impulse la mutilación del mayor organismo público dedicado a promover el comercio con el extranjero. Sobre todo si se toma en cuenta que Bancomext atiende especialmente a pequeñas y medianas empresas, que constituyen 80 por ciento del aparato productivo nacional.
“En términos generales, la promoción del fomento a exportaciones se ha vuelto muy importante en países como México, volcados al sector externo”, dice Castro. “Lo dramático de lo que pasa ahora es que al gobierno, a juzgar por sus acciones, no le interesa la promoción de las empresas mexicanas en el exterior, sino sólo captar inversión extranjera”. Vulnerar a Bancomext, asegura, “va a ser un desastre”.