La Constitución ordena ser mexicano para ocupar secretarías: jurista Elisur Arteaga
Mouriño “perdió la nacionalidad” al identificarse en 1996 como extranjero
Error, que se cierre al diálogo con el EPR; los partidos no son la única vía: Sarmiento
El nombramiento de Juan Camilo Mouriño al frente de la Secretaría de Gobernación tiene tintes de haber sido ilegal, y si firma algún documento como titular de esa dependencia incurriría en el delito de ejercicio indebido del servicio público, previsto y sancionado en el artículo 214, fracción primera, del Código Penal Federal (CPF), advirtió ayer el abogado Elisur Arteaga Nava, doctor en derecho constitucional y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El jurista explicó que Mouriño perdió la nacionalidad mexicana en 1996, cuando ingresó al país identificándose como ciudadano español, según consta en una publicación periodística documentada por El Sur, diario que se edita en Campeche.
Citó el artículo 37, inciso b, fracción primera de la Constitución, referente a los supuestos en que se pierde la nacionalidad mexicana: “por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero”.
“Este es el caso de Mouriño, quien según documentó El Sur, en 1996 ingresó a México con un pasaporte español; desde ese momento perdió la nacionalidad mexicana”, puntualizó. Sobre el debate de si la madre del actual secretario de Gobernación nació en el país o si se naturalizó mexicana antes del nacimiento de éste, abundó: con la revelación de que a su regreso de Estados Unidos el ahora brazo derecho del presidente Felipe Calderón se identificó con documentos expedidos por España, automáticamente perdió la nacionalidad mexicana.
El Sur informó que en agosto de 1996, Camilo Mouriño ingresó a territorio mexicano con el pasaporte 8800581, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España mediante su consulado en Miami. En ese año, el ahora encargado de la política interior del país estudiaba en la Universidad de Tampa. Diversas versiones periodísticas refieren que Mouriño nació en Madrid el primero de agosto de 1971, y que es hijo de Carlos Mouriño y María de los Ángeles Terrazo Blanco, ambos naturales de Galicia, España. Sin embargo, el funcionario federal aclaró el pasado miércoles que su madre nació en territorio mexicano.
Con ello intentó cerrar la polémica que despertó su nombramiento, sobre todo por la posible violación del artículo 91 constitucional, que impide a los extranjeros ocupar secretarías de Estado.
Para Elisur Arteaga, el gobierno calderonista está obligado a hacer públicos los documentos que avalen que la madre de Mouriño es mexicana por nacimiento o naturalización.
Además –dijo–, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación deben mostrar a la sociedad el pasaporte que presentó Mouriño en 1996 para ingresar a México, ya que será la única manera de despejar las dudas que están empañando la legalidad de su nombramiento en el gabinete. Asimismo –consideró–, el gobierno español debe contribuir a aclarar las dudas sobre lo que “a todas luces parece ser una violación flagrante a la Constitución”.
Advirtió que mientras no se aclare el asunto del pasaporte que presentó Mouriño hace 11 años, como secretario de Gobernación estará en serios apuros, porque “en una de esas la Procuraduría General de la República (PGR) tendría elementos para fincarle el delito de ejercicio indebido del servicio público”.
En tanto, Sergio Sarmiento, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha realizado investigaciones en grupos guerrilleros, consideró qie la descalificación del Ejército Popular Revolucionario (EPR) hecha por Mouriño cuando asumió la titularidad en Gobernación, y su negativa a dialogar con ese grupo armado, “es una actitud de soberbia” que refleja un mal inicio en su gestión.
El especialista subrayó que como encargado de la política interior del país, el ex jefe de la Oficina de la Presidencia debe reflexionar que la vía partidista no es la única forma de negociación, además de que más allá de las reformas estructurales, la electoral y la del Estado, y el diálogo con los representantes partidistas, “hay asuntos con más importancia (para ese cargo), como la violencia en el país y los diversos sectores de la sociedad inconformes, entre ellos la guerrilla”.
Mouriño aseguró que no dialogaría con el EPR, por considerar que ese grupo “merece la condena unánime”. Sarmiento criticó esa actitud y exhortó al funcionario a recapacitar, ya que –dijo– “es un error” negar y descalificar la existencia de ese y otros grupos guerrilleros.
Indicó que desde su actual encargo, Mouriño “debe facilitar los puentes necesarios para que esos grupos puedan expresarse abiertamente ante la sociedad”.
Señaló que la guerrilla es “parte de una oposición” con planteamientos políticos, por lo que debe contar con canales de expresión adecuados y no ser ignorada.
Por su parte, la politóloga Cristina Puga, de la misma entidad universitaria, señaló que los recientes cambios en el gabinete calderonista no dan suficientes elementos a la ciudadanía para comprender qué funcionó mal en el primer año de la administración y las perspectivas de los nuevos titulares para los siguientes.
En el caso de Mouriño, señaló que se enfrentará a problemas “apremiantes y difíciles”, como la ola de violencia generada por el narcotráfico, mantener la paz social, las amenazas de la guerrilla y la reforma política en el país.