Los aumentos son “inequitativos”, “discrecionales” y violan el pacto federal

Presentan ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra gasolinazo

Legisladores de todas las fuerzas, excepto Acción Nacional, interponen el recurso

Jesús Aranda

Diputados de todos los partidos, a excepción del PAN, interpusieron ayer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del gasolinazo, recurso mediante el cual demandan la anulación de los incrementos mensuales a gasolina y diesel, previstos en la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios.

Después de entrevistarse con el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoita, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, señaló que la demanda “ni siquiera” tiene que ver con los efectos del aumento a la gasolina.

Se trata, subrayó, de un asunto legal, porque el aumento es un impuesto “inequitativo” en el que el consumidor paga el mismo tributo, independientemente de sus ingresos; “discrecional”, porque deja en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cálculo del precio de los hidrocarburos citados, y porque además viola el pacto federal, al otorgar a los estados la posibilidad de cobrar un gravamen adicional al combustible, lo que viola la Constitución.

Respecto de que el impuesto es inconstitucional por “inequitativo”, la demanda señala que la contribución de los consumidores es ilegal, porque los que tienen menor capacidad contributiva aportan cualitativamente “en exceso” respecto de aquellos que tienen más recursos.

La demanda en contra de la miscelánea fiscal aprobada en diciembre pasado por el Congreso fue presentada por 170 legisladores, “todos” de PRD, Convergencia y Partido del Trabajo, y “algunos” diputados de Panal, Alternativa y PRI, comentó González Garza, quien aclaró que el precio de los hidrocarburos seguirá sin cambios en tanto el máximo tribunal resuelva el asunto.

Acompañado del coordinador de Convergencia, Alejandro Chanona; Juan Guerra y de otros legisladores, González Garza se reunió con Ortiz Mayagoitia alrededor de 30 minutos antes de pasar a la oficialía de partes de la Corte a interponer la acción legal.

Según el perredista, el ministro “se comprometió a que se iba a trabajar” y señaló que cuando al juzgador se le explicó la profundidad del tema, dijo que le parecía muy importante, porque tenía que ver con el federalismo.

Por otra parte, en el escrito de demanda, del cual tiene copia este diario, los legisladores mencionan varios artículos de la ley impugnada que, según ellos, serían inconstitucionales.

Entre los puntos centrales destaca que los artículos 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal y 2-A, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, son inconstitucionales porque autorizan a los gobiernos de los estados a cobrar un impuesto por la venta de gasolina, cuando sólo la Federación puede gravar los hidrocarburos.

Lo anterior, sostiene el texto, contraviene la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional y también viola el artículo 73, que se refiere a las atribuciones del Congreso federal.

Por otro lado, la demanda cuestiona las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal aprobadas junto con la miscelánea fiscal, ya que ésta incluye nuevas fórmulas para que la Secretaría de Hacienda asigne recursos a los estados de forma “discrecional y poco clara”, lo que se traducirá en un trato inequitativo para los entidades y es, por ende, inconstitucional.

Otro aspecto que se cuestiona es que el nuevo esquema fiscal obliga a estados y municipios a destinar los recursos que reciban por el nuevo impuesto exclusivamente a cuatro rubros: infraestructura vial (rural o urbana), infraestructura hidráulica, movilidad urbana y programas de protección y conservación ambientales.

De acuerdo con los 170 diputados que interpusieron la acción, lo anterior es inconstitucional porque se desvirtúa el principio de que el gasto público debe dirigirse a satisfacer el interés colectivo y no un determinado “gasto específico”.

Cabe señalar que según el número de diputados que firmó la demanda, se cumplió con el 33 por ciento que exige la ley para que proceda la acción de inconstitucionalidad, la cual, una vez que sea admitida en el transcurso de hoy, no tiene fecha para ser resuelta por el pleno.