Censuran la criminalización de protestas sociales, que abre paso a la represión

Preocupa a activistas militarización y graves violaciones a derechos humanos

Miguel Concha: “reprobable”, la falta de interés para castigar a responsables de abusos

Emir Olivares Alonso

Es urgente que, en el contexto de la reforma del Estado, los tratados internacionales en materia de derechos humanos se eleven a rango constitucional, además de que se modifique la Carta Magna para que contenga un capítulo específico pa- ra esas garantías, señalaron los participantes en el foro Reconocimiento constitucional de los derechos humanos en la discusión de la reforma del Estado.

El director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, señaló que las autoridades han tenido una “reprobable” falta de interés para cumplir su responsabilidad de perseguir y castigar a los culpables de violaciones graves a esas garantías.

Dijo que en lo que va del gobierno de Felipe Calderón no ha habido determinaciones ni definiciones claras y contundentes de política pública al respecto.

Agregó que recientemente se ha militarizado el país, se criminaliza la protesta social, se ha limitado el derecho a la información y a la libre expresión, y además no existe una legislación democrática de medios de comunicación.

Subrayó que el Estado no ha cumplido con la obligación de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues persiste la discriminación de indígenas, campesinos y obreros; falta de servicios médicos de calidad para toda la población; desempleo, deplorables condiciones laborales y hostigamiento contra los sindicatos.

Concha señaló que las recientes medidas tomadas por la administración federal están ligadas a los designios de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, además de que los medios electrónicos de comunicación magnifican y promueven el miedo a la inseguridad, “al reforzar la visión de que los derechos humanos y la misma Constitución son responsables de la inseguridad pública, por lo que no existe otra manera de combatirla que el exclusivo empleo de la fuerza”.

Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Asociación Nacional para la Reforma del Estado y coordinador del Frente Amplio Progresista, propuso la creación de una corte internacional que analice cómo ajustar los tratados internacionales a la Constitución y viceversa.

En su turno, la ex diputada Eliana García indicó que en México se continúan presentando, protegidos por el Estado, crímenes de lesa humanidad como la tortura y las desapariciones forzadas. Se mostró preocupada porque ante la inminente aprobación de “una regresiva reforma judicial la sociedad civil se ha mostrado pasiva.

En tanto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, señaló que debe aprovechase la discusión sobre la reforma del Estado para incluir el tema de los derechos humanos, el cual tiene que modificar y modernizar la relación entre la ciudadanía y el poder público.