El análisis a la gestión “causa perjuicio en mi reputación y honor”, aduce Sotelo Morales
Ex director del INNN demanda a médicos que pidieron auditoría
La denuncia vulnera garantías de los ciudadanos para señalar irregularidades de funcionarios, afirma defensor de los galenos
Los servidores públicos, obligados a transparentar conductas, dice
Ampliar la imagen
Trabajos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
Foto: La Jornada
En un hecho inédito que podría sentar un “precedente deplorable”, el comisionado de los Institutos Nacionales de Salud, Julio Sotelo Morales, interpuso una demanda civil por daño moral en contra de seis médicos con especialidad en diversas ramas de la neurología. El funcionario alegó que al haber solicitado que se auditara su gestión como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez, se le causó un perjuicio en su reputación y en su honor.
Jorge García Ramírez, abogado de cinco de los médicos, resaltó que con la demanda judicial que se sigue desde agosto de 2007 se vulneran las garantías fundamentales de los ciudadanos, a quienes se les estaría negando el derecho previsto en la Constitución y las leyes para señalar las irregularidades que se cometan en las instituciones públicas.
Incluso, dijo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece la obligación de los individuos de informar sobre anomalías en la administración pública, so pena de convertirse en cómplices de esos ilícitos, mientras que los servidores públicos están obligados a tener una conducta honorable, honesta y transparente, además de que por el ejercicio de sus funciones pueden ser sujetos de acciones penales, civiles y administrativas.
En ese supuesto entra Sotelo Morales, afirmó el litigante. Señaló que los médicos interpusieron una reconvención en contra del funcionario, y recordó que los especialistas demandados formaron parte del grupo de trabajadores del INNN que en 2006 solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que se realizara una auditoría sobre la gestión de Sotelo como director del instituto.
Con ese motivo también convocaron a conferencias de prensa y entregaron un documento a la Cámara de Diputados, en el que plantearon presuntas irregularidades cometidas por el director del INNN, en particular en los últimos años de los nueve que duró en el cargo (1998-2006).
Según Sotelo Morales, la denuncia pública que hicieron los médicos sobre presuntas irregularidades en su administración del INNN, así como la solicitud por escrito que presentaron en San Lázaro le ocasionó “desprestigio, deshonra y humillación (además de), ofender mi honor, honra y el concepto que se han formado sobre las demás personas que integran la sociedad médica y científica de este país”.
En su demanda, el funcionario destacó los reconocimientos que a lo largo de 30 años ha tenido como investigador y miembro de organismos académicos y científicos. Señaló que como director del INNN obtuvo en beneficio de la institución donativos sin precedente cercanos a los 100 millones de pesos “en equipo y construcciones modernas… que benefician cotidianamente a los miles de enfermos” que acuden a esa unidad de salud.
El abogado García Ramírez destacó el riesgo de que se vulneren las garantías fundamentales de los mexicanos si en el futuro algún otro servidor público pretendiese inhibir el derecho que tiene todo ciudadano a denunciar, por ejemplo, malos manejos administrativos, corrupción u otras irregularidades en las instituciones públicas.
También señaló la responsabilidad que tiene el gobierno federal de poner reglas que eviten acciones de los servidores públicos, como la realizada por Sotelo Morales, pues atentan contra la gobernabilidad de las instituciones. De hecho, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, ya ha sido informado sobre la demanda civil en contra de los especialistas en diversas ramas de la neurología.
Como parte del proceso judicial 671/2007, ayer se llevó a cabo una audiencia en la que las partes presentaron a la autoridad judicial sendos cuestionarios para sustentar sus afirmaciones y nuevamente fueron citados para el 14 de febrero próximo.