México SA
Experiencia inexistente
Mouriño, hábil para los negocios
Propietario de gasolineras fichadas por Profeco
Es inútil preguntar, pero ¿por qué el país siempre debe pagar las debilidades y excesos del inquilino de Los Pinos en turno? En tiempos no muy lejanos los sufragó con “orgullo de mi nepotismo”, “hermanos” que “nunca tuve” o “incómodo”, según el sexenio, parientes rapaces acomodados en sectores estratégicos (léase cuñados), “amigos íntimos” ubicados en Bucareli (que, dicho sea de paso, terminaron por repartir bicicletas en nombre de dudosas organizaciones “caritativas”), y “presidenta” adjunta (nenes incluidos), entre tantas historias del pasado inmediato.
Parece que esa vergonzosa relación no ha sido suficiente, porque no quitan el dedo del renglón. Así, Felipe Calderón le ha quitado el cascarón a su niño consentido, y ahora lo presume como “el gran genio”, el “cerebro oculto” del sexenio (¡sólo hay que ver los resultados¡), y por lo mismo lo sienta en el Palacio de Cobián sin la menor experiencia para ocupar el cargo, pero con la única gracia de ser su predilecto, lo que ha demostrado hasta la saciedad al designarlo coordinador ejecutivo de su campaña electoral y general del equipo de transición, amén de jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y ahora inquilino de Bucareli. Todo producto de su larga experiencia política: dos diputaciones (una estatal, otra federal).
Toda la carrera política, si así puede llamársele, va de la mano de Felipe Calderón. Donde éste se colocara, a su diestra aparecería sentado Juan Camilo Mouriño Terrazo, el flamante secretario de Gobernación de la “continuidad”.
Saldado el pago por el favor del destape en el Rancho Las Palmas (localidad El Zapote, Jalisco), Felipe Calderón le abrió la puerta a Francisco Ramírez Acuña para que por la misma, triunfal, entrara su niño consentido, obviando la inexistente experiencia política del ungido y el efecto negativo que tendrá para el país.
Inexperto en la política, pero habilísimo en los negocios, en especial los relacionados con el poder, y para muestra dos pasajes, publicados en anteriores entregas de México SA: Juan Camilo Mouriño, ex diputado federal que presidió la Comisión de Energía, ex cabeza visible del PAN en Campeche y candidato fallido por la alcaldía de la ciudad capital de dicho estado (todo en tiempos de Felipe Calderón como presidente de Acción Nacional y/o coordinador de la fracción blanquiazul en San Lázaro; como fugaz secretario de Energía, en tiempo de Fox, lo nombró subsecretario de Electricidad), es hijo de un inmigrante español, Carlos Mouriño Atanes, surgido de la chistera como uno de los grandes magnates de aquella entidad, con especialidad en el renglón energético y los contratos con Petróleos Mexicanos.
Propietario del Grupo Energético del Sureste, que opera 38 gasolineras en Campeche, Tabasco y Quintana Roo, Mouriño Atanes también es dueño de Transportes Especializados Ivancar, “al servicio” de Pemex Refinación, amén de atender a otros clientes y a sus propias estaciones de servicio. También acapara en esa zona de la República las franquicias de comida chatarra y otros jugosos negocios.
En su tierra natal adquirió el equipo Celta de futbol, por la módica cantidad de 6 millones de dólares, aproximadamente. Sobre el particular, la prensa española ha reseñado que “su vuelta a Vigo se lleva a cabo tras dejar al cargo de sus negocios a dos de sus hijos en México, ligados ambos a la política en posiciones cercanas al presidente Vicente Fox” (ahora de la “continuidad”).
Los negocios de la mano de las relaciones políticas, puesto que en 2000 dedicó tiempo, dinero y pasión al ser cabeza visible de Amigos de Fox en Campeche. Será por eso que le quedó el gusto, y en septiembre de 2005 invirtió en la precampaña de Feliproa. La crónica de entonces señala: “Felipe Calderón, también aspirante a la candidatura panista para la Presidencia de la República, efectuó una gira proselitista por Campeche acompañado por el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, y al menos nueve delegados de dependencias federales… En la capital, dominada por el PRI, el común denominador fue el acarreo de simpatizantes en vehículos del Grupo Energético del Sureste, consorcio gasolinero propiedad de la familia del campechano-español Juan Camilo Mouriño, su coordinador de campaña”.
El segundo: en agosto de 2006, la Profeco instaló un “semáforo” para que los usuarios de las gasolineras que operan en la República conocieran a detalle quién es quién en eso de los litros que recurrentemente no son de a litro (los “ordeñadores”. Entre los consorcios empresariales sobresalientes en esta actividad apareció el Grupo Energético del Sureste, de la familia Mouriño.
Pues bien, el 97.14 por ciento de las gasolineras del Grupo Energético del Sureste (GES) reportó irregularidades, de acuerdo con el “semáforo” de la Profeco, lo que se traduce en que sólo una de las 38 estaciones de servicio propiedad de los Mouriño en Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán despacha litros de a litro, un récord de “ordeña” para quienes son apasionados del “cambio” y presumen las “manos limpias”.
Por esos ayeres, en el estado de Campeche –centro de actividades del corporativo Mouriño– oficialmente funcionaban 40 gasolineras, todas franquiciatadas por Pemex. De ese total, la mitad pertenecía al Grupo Energético del Sureste; así, de las 20 estaciones de servicio propiedad de los Mouriño, 18 reportaban irregularidades (90 por ciento), una graves irregularidades y sólo la restante despachaba litros de a litro.
Y hoy despacha en Bucareli, promovido desde ya como el “delfín” para la siguiente.
Las rebanadas del pastel
El “presidente del empleo” ataca de nuevo: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de nueva cuenta arremete en contra de su personal. Por medio del coordinador de Administrador y Finanzas, José Guadalupe Cadena Velásquez, pretende despedir a 35 por ciento de los trabajadores bajo el régimen de honorarios, y al resto conservarlos en calidad de “eventuales”, por mucho que su función sea permanente. A finales del año pasado los amenazaron con una reducción salarial de 20 por ciento para cubrir “problemas financieros” producto de una administración errática. Y van por más.