Organizaciones piden la cabeza de Lozano Alarcón
“Lamentable”, la actuación de la STPS en el caso Cananea
El Frente Auténtico del Trabajo (FAT) sostuvo que haber intentado romper la huelga que mantienen los trabajadores de Cananea mediante una resolución judicial y el envío de fuerzas policiacas representa un “atentado no sólo al derecho de huelga, sino un acto que cancela la posibilidad verdadera de caminar hacia la democratización del mundo del trabajo”.
Jorge Robles, uno de los coordinadores nacionales del FAT, señaló en entrevista con este diario que es lamentable la actitud que ha tenido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
“En diciembre de 2007 el primer tribunal colegiado en materia del trabajo determinó que la JFCA había actuado contra la ley al declarar inexistente la huelga, y ordenó que dictara una nueva resolución apegada a derecho, pero en lugar de ajustarse a la legislación la junta inventó una nueva causal, declaró inexistente la huelga y operó de manera inmediata la represión en contra de los trabajadores mineros; así, el derecho de huelga se convirtió en una causa directa de represión, y se criminalizó este derecho universal de los trabajadores”, indicó.
Asimismo, Robles manifestó que el paro que realizarán hoy los mineros es un acto en “defensa propia”, y por tanto es apoyado por el FAT. Añadió que acciones como éstas “dejan ver cómo viene la reforma laboral; si perdemos esta oportunidad de frenar al gobierno, esa reforma neoliberal pasará”.
Aparte, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) condenó la declaración de inexistencia de la huelga por ser un “acto violatorio del artículo 123 constitucional y de la legislación laboral”, además de que expresó que “es inaudito que por segunda ocasión en el mismo expediente se haya declarado inexistente la huelga y con un argumento que no se encuentra previsto en el artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo”.
Manuel Fuentes Muñiz, secretario de asuntos laborales de la ANAD, señaló que es “grave la violación del estado de derecho por la propia autoridad laboral, la cual debe ser la encargada de respetar la ley”, y consideró que la Secretaría de la Función Pública “debe intervenir de inmediato para determinar la responsabilidad administrativa”, por lo cual podría determinarse la “destitución e inhabilitación para desempeñarse como servidores públicos de Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, presidente de la JFCA, y de Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo”.
Según la ANAD, ambos funcionarios “violaron la Ley Federal del Trabajo, las garantías individuales y los derechos humanos de los mineros de Cananea”.