Hace 35 años
Leyendo lo que será el próximo libro de Diego Lucero Estrada, hijo de Diego Lucero, asesinado por órdenes del entonces gobernador de Chihuahua, Óscar Flores Sánchez, la memoria continúa haciendo su trabajo comparativo entre aquellos tiempos y éstos, entre los principios y las convicciones que nos llevaron a cientos a la lucha armada contra el régimen priísta y lo que nos proponíamos.
Diego Lucero murió asesinado al día siguiente del 15 de enero de 1972, luego de coordinar tres asaltos bancarios simultáneos para financiar la organización de nuevos frentes guerrilleros en varias partes del país. En Guerrero las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez enfrentaban ya un amplio cerco militar y en las ciudades el movimiento estudiantil vivía el acoso represivo del gobierno con su policía y grupos paramilitares como los halcones.
La represión era la parte real, no simulada ni demagógica, de un discurso profundamente autoritario, anticomunista y amenazante para cualquier oposición. Toda crítica al gobierno era considerada parte de una conjura proveniente de La Habana o de Moscú.
Era el contexto de la guerra fría y la bipolarización, madre directa de la guerra sucia que la oligarquía de Chihuahua inauguraba con los asesinatos de Diego Lucero, Gaspar Trujillo (Gilberto Flores) y Ramiro Díaz (Inocencio Carrillo) en aquellos días posteriores al 15 de enero.
Chihuahua se movilizó contra esa barbarie y desde la universidad, los sindicatos y los movimientos urbanos se levantaron protestas que llevaron a otras muchas luchas sociales y políticas en el norte. La oligarquía norteña de Nuevo León, Chihuahua y Sonora se confrontó con el régimen exigiendo más privilegios y, sobre todo, la represión directa.
Un año nueve meses después la Liga Comunista 23 de Septiembre intentó secuestrar a Eugenio Garza Sada, pero fracasó, y ello derivó en un enfrentamiento y la muerte del empresario. Histérica y envalentonada tras el golpe militar de Chile de días antes (11 de septiembre), la oligarquía de México pidió públicamente al régimen acabar y matar a los guerrilleros sin juzgarlos ni procesarlos. En respuesta, el gobierno de Luis Echeverría entregó el mando de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y sus comandantes se convirtieron en en una especie de policía privada al servicio de la oligarquía con la anuencia del gobierno.
En ese momento se inicia la práctica de la desaparición. En los siguientes años son desaparecidas 650 personas, entre estudiantes y campesinos de todas partes del país. La guerra sucia, considerada la guerra de exterminio declarada por el régimen fuera de toda legalidad que supuestamente defendía, generó más espirales de violencia y alargó el proceso de confrontación.
José López Portillo nombró procurador general a Óscar Flores Sánchez a petición expresa de la oligarquía norteña para que le garantizara la impunidad de la venganza, pues como abogado empresarial y luego gobernador había demostrado el 15 de enero de 1972 lo que se debía hacer con los guerrilleros: asesinarlos y desaparecerlos.
Por ello, Miguel Nazar Haro tiene a Monterrey como su tierra adoptiva, donde vivió como rey y héroe. El pequeño proceso que tuvo fue gracias a la poca presión política, que lo consideró un segundón, cuando en realidad era el eslabón para llegar a tener información sobre los desaparecidos.
Hoy, a 35 años, la realidad está llena de paradojas: una gran descomposición de la izquierda y los principios, pérdida total de la perspectiva futura, de la alternativa, de una estrategia colectiva, reformadora y de ideas nuevas, unificadoras del país y revolucionarias.
Desde el caudillismo ahora se propone más presidencialismo. Bajo el reclamo de la legalidad se le tiene profundo desprecio. Lo que no hicieron Nazar Haro ni la represión, es decir, acabar con la izquierda, ahora se hace desde el liderazgo como práctica contrainsurgente. Los personeros del neoliberalismo, los que apoyaron la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son quienes ahora dicen combatirlo. Direcciones sindicales y organismos corporativos utilizan las movilizaciones por la tortilla o contra el TLCAN como papeles de canje por prebendas en negociaciones con el régimen panista que dicen combatir. En la calle le dicen “espurio”, pero en privado se cambian las demandas generales por intereses particulares y de grupos.
Hace 35 años una compañera reclamaba que no fue incluida en una acción porque estaba embarazada, cuando muchos daban la vida a cambio de nada. Hoy se reclama para estar en la nómina de las prerrogativas y la convicción es sólo para quien ofrece poder. Hoy el país es más injusto socialmente que antes, hay más campos de acción política y, sin embargo, se vive bajo el naufragio de las ideas y la propuesta.
La izquierda ha sido ocupada por el priísmo más atrasado y los tránsfugas; confronta y polariza, pero trabaja para la restauración del viejo régimen. Esto es una tragedia histórica.