Agrocombustibles: despojo de tierras
y daños laborales y ambientales

• Urgen políticas que defiendan a los pobres: Bailey

Lourdes Edith Rudiño

Robert Bailey FOTO: Lourdes Edith Rudiño

Lejos de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al desarrollo rural de la gente pobre, los agrocombustibles están atentando de forma acelerada contra los derechos agrarios y laborales de los campesinos en los países en desarrollo y además desequilibran el medio ambiente, afirmó Robert Bailey, experto de Oxfam, con sede en Gran Bretaña.

La Organización de las Naciones Unidas estimó recientemente que 60 millones de indígenas en el mundo están en riesgo de ser desplazados de sus tierras para la producción en gran escala de palma de aceite, caña de azúcar, maíz, trigo y otros cultivos que se convertirán en agrocombustibles, esto es etanol y biodiesel, mismos que están siendo demandados crecientemente desde los países ricos, en particular Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea.

Por ello, es urgente establecer estándares globales y nacionales de protección de los derechos de la tierra, laborales y del medio ambiente, y generar un modelo alternativo de producción de los agrocombustibles, en el cual los pequeños y medianos productores estén involucrados, dijo Bailey.

Como ejemplo, Oxfam ha informado que en 2005 se fundó la primera cooperativa de biodiesel en Brasil, cuyo empleo de métodos agrícolas sostenibles ha proporcionado una mejora en los medios de vida de unas 25 mil familias, y además el objetivo de este biodiesel es proporcionar energía eléctrica a comunidades marginadas.

“Los gobiernos deben determinar políticas de protección, y prevenir situaciones como las que ocurren en Indonesia, donde se genera 30 o 40 por ciento de la producción mundial de palma de aceite y donde los campesinos han entrado en un círculo de la muerte, afectados por las políticas de las grandes corporaciones”, señaló el entrevistado.

Indonesia, historia perversa. Según ha documentado Oxfam, en Indonesia 6 millones de hectáreas se dedican a la producción de palma de aceite y se prevé llegar a 20 millones en 2020. Allí 400 comunidades enfrentan conflictos por la tierra relacionados con este cultivo. Un 30 por ciento de la palma del país es producido por pequeños agricultores, que sostienen a 4.5 millones de personas; en su mayoría proceden de comunidades indígenas que han perdido sus tierras por el avance de las plantaciones y fueron “compensados” con dos hectáreas por familia en que plantan palma.

Estos campesinos están atados a las compañías de aceite de palma que les proporcionan créditos para preparar la tierra; con deudas acumuladas, se ven obligados a vender sólo a esas empresas. Con ello, aceptan cualquier precio que les den y sus pagos a menudo se retrasan y son afectados por deducciones poco transparentes. Ello, aparte de que el monocultivo utiliza agua en exceso y dificulta que las comunidades aledañas siembren, además de que tierras y canales se ven contaminados por aguas residuales de los molinos de palma y por los químicos vertidos.

“Es muy importante decir, señaló Bailey, que la estrategia de reducción de emisiones en la Unión Europea o en Estados Unidos o en cualquier otro país desarrollado no debe contravenir los derechos de la gente de países del Sur. El cambio climático es algo que fue causado por los ricos y no deben pagar el pato los pobres.”

Bailey consideró indispensable que se modifiquen las políticas de las corporaciones involucradas en los agrocombustibles, de otra forma “vamos a ver que las condiciones laborales inaceptables y explotadoras van a continuar, particularmente en la forma de producción en las plantaciones, y en la medida que la escala productiva continúe incrementándose, también aumentará el número de personas explotadas, trabajando en condiciones inaceptables, y el número de personas expulsadas de sus tierras”.

Corporaciones. Explicó que esta industria, al ser nueva, estar aún en formación, no ha creado oligopolio, pero sí es un hecho que están involucradas compañías muy grandes como Archer Danield’s Midland y Cargill, “y éstas tienen una historia de trabajar en grandes extensiones, con mercados muy concentrados” y con el elemento adicional de que también comercializan materias primas para la alimentación humana, lo cual puede llevarlas a la especulación.

Bailey destacó al respecto los temores por el uso de cultivos agrícolas para agrocombustibles en detrimento del abasto alimentario y de su precio. “Es fundamental que los países integren sus políticas de agrocombustibles con sus políticas de seguridad alimentaria. Dar de comer a la gente debe ser prioridad antes que alimentar automóviles”.

Para el caso de México, “es muy importante que si se van a utilizar el cultivo central del país para desarrollar programas de agrocombustibles, tiene que haber al mismo tiempo programas que aseguren que la gente común y corriente tenga acceso a la comida. Y hay que decir que el maíz no es un cultivo eficiente para hacer agrocombustibles.

Lo demuestra el hecho de que la caña de azúcar de Brasil convertida en etanol genera un ahorro de 90 por ciento respecto de los combustibles fósiles y el maíz producido en Estados Unidos para etanol da un ahorro de sólo 10 por ciento. Sin embargo, para el caso de Brasil la objeción que hay es que las condiciones laborales son inadecuadas, en muchos casos de esclavismo.