Tuvo guardaespaldas del ayuntamiento después de su desafuero

Investigan encubrimiento policiaco a edil de Tonalá

Confirman detención de uno de los tres involucrados en el homicidio

Retrasaron las autoridades estatales petición de apoyo a las federales

Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)

Guadalajara, Jal., 13 de enero. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) investigará por qué el ex alcalde panista de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga, dispuso de escoltas pagados por ese municipio después de que el Congreso local le retiró el fuero y de que se giró una orden de aprehensión en su contra por asociación delictuosa, abuso de autoridad y homicidio calificado en perjuicio del ex director de mejoramiento urbano, Carlos Romo Guízar.

Si se confirma que Vizcarra tuvo escoltas oficiales tras su desafuero se podrían fincar acusaciones por encubrimiento, pues cualquier autoridad está obligada a denunciar y/o detener a un prófugo, comentó el ombudsman local, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián. “Nos corresponde y abriremos una queja porque se podrían configurar violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos de Jalisco”, dijo.

Al menos dos guardaespaldas de Vizcarra Mayorga, adscritos a la policía municipal, estuvieron con el funcionario cuando ya existía orden de aprehensión en su contra y no lo detuvieron ni informaron de su paradero.

El director de la policía de Tonalá, Aldo Monjardín Díaz, confirmó el 22 de diciembre que Vizcarra Mayorga huyó con tres de los siete escoltas que tenía asignados. Dijo que tenía contacto con los guardaespaldas, pero no sabía dónde se encontraban, aunque podría pedirles que regresaran si así lo ordenaba el alcalde sustituto, Salvador González del Toro.

Ese mismo día el juzgado decimosexto de lo penal ordenó detener al ex edil, quien días antes había huido y no se presentó al juicio de desafuero realizado el 21 de diciembre.

En la causa penal 825/2007-C se presume que Vizcarra Mayorga era “el dirigente de una agrupación delictiva radicada en el ayuntamiento de Tonalá”, junto con su ex secretario general y dirigente municipal del Partido Acción Nacional, Ricardo Sigala Orozco, también prófugo.

Sin embargo, los escoltas permanecieron con Vizcarra Mayorga al menos hasta el 27 de diciembre. El día 28, el alcalde González del Toro y el director de la policía, Monjardín Díaz, informaron que los escoltas Luis Aguilar y José Valverde fueron requeridos y regresaron a Tonalá.

La misma lentitud se observó en las indagatorias de la Procuraduría de Justicia de Jalisco, pues la policía investigadora envió oficios de colaboración a otras entidades y a autoridades federales el 27 de diciembre, cinco días después de haber recibido la orden de aprehensión.

De acuerdo con la fiscalía, Vizcarra Mayorga obtenía entre 150 mil y 200 mil pesos al mes por negocios irregulares como venta de plazas, drogas y operación de máquinas tragamonedas.

Además de Vizcarra Mayorga y Sigala Orozco, está prófugo el ex director de la policía de Tonalá, Miguel Magaña Orozco. Los tres son acusados de planear el asesinato de Carlos Romo Guízar.

Este domingo se confirmó que Eduardo Venegas Alcántar, uno de los tres presuntos autores materiales del asesinato de Romo Guízar, fue detenido en San José, California, y trasladado a Guadalajara, adonde llegó la noche del sábado. Con su captura suman diez los detenidos en relación con el asesinato de Carlos Romo, el atentado contra el síndico Leonel Andrade y tráfico de drogas.

El reporte señala que Venegas Alcántar fue detenido el miércoles anterior por elementos del Departamento de Migración de Estados Unidos, quienes lo pusieron a disposición de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), que lo entregó en Tijuana, Baja California, a tres agentes de la policía investigadora de Jalisco.

Venegas Alcántar y otro hombre sólo identificado como El Flaco habrían sido contratados para asesinar a Romo Guízar por medio de un intermediario, Jesús Chávez Flores, según la declaración de Juan Carlos Sotelo Galicia, otro presunto autor material ya detenido. De acuerdo con esa versión, el 24 de abril del año pasado, día del crimen, los tres implicados se reunieron con Chávez Flores en una gasolinera en Tonalá, donde éste les pagó 100 mil pesos.