El tema será analizado en sesión privada para adoptar líneas de acción

Revisará la Corte el acuerdo del CJF que elimina de facto la carrera judicial

Jesús Aranda

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisarán la constitucionalidad del acuerdo general 45/2007 del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que elimina de facto la carrera judicial al permitir a secretarios de tribunales y de la Corte ser elegibles para concursar por magistraturas de circuito, a pesar de que la legislación en la materia establece que sólo los jueces de distrito podrán competir por esos cargos.

De acuerdo con fuentes judiciales, algunos ministros consideran que el CJF no tiene atribuciones para dejar sin efecto la carrera judicial. Además, estiman que es sumamente grave que a más de 12 años de que se creó el Consejo, éste no haya sido capaz de establecer el perfil del juez federal que requiere nuestro país y tampoco crear los cuadros que abastezcan a la judicatura federal de jueces y magistrados de calidad.

Ante la gravedad del problema –se considera que este año tendrán que ser designados alrededor de 60 magistrados de circuito, vacantes que hay actualmente en los tribunales colegiados y los magistrados que pasarán a retiro–, trascendió en el máximo tribunal que el tema será analizado en sesión privada para establecer líneas de acción.

Se trata de revisar el asunto antes de que la Suprema Corte reciba un alud de revisiones administrativas de todos los que no sean designados magistrados de circuito en el concurso abierto que está en proceso, porque es un hecho que el acuerdo general en que se fundamenta dicho llamado está viciado de origen, comentaron funcionarios consultados.

Los informantes manifestaron que es lamentable que después de 12 años de haber sido creado, el CJF y, particularmente, el Instituto de la Judicatura Federal, que dirige el ex consejero Jaime Manuel Marroquín Zaleta, hayan sido incapaces de generar los cuadros de jueces, magistrados, secretarios de juzgados y tribunales, así como los actuarios de calidad que exige la impartición de justicia.

Es más, afirmaron, la aplicación del examen sicológico en la primer etapa del concurso para magistrados tampoco ha cumplido las expectativas, porque esa evaluación de la personalidad, que se aplica a los aspirantes, no fue elaborado especialmente para elegir a los abogados que tienen las aptitudes necesarias para ser juzgadores federales. Se les aplica el mismo examen que a otros profesionistas.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, 40 por ciento de los secretarios de juzgados y tribunales que concursaron para ser jueces reprobaron dicha evaluación y 20 por ciento de jueces que se postularon para magistrados también, y como el estudio debe ser aprobado para acceder a la etapa de conocimientos, resulta que mucha gente con capacidad se queda en el camino.

Si a lo anterior se agrega que los consejeros están pasando encima de la ley, al permitir que secretarios de tribunales y de la Suprema Corte concursen al igual que los jueces de distrito, entonces hay motivos más que suficientes, se dijo, para que de nueva cuenta los ministros intervengan en una decisión del CJF y lo obliguen a corregir la situación.

Cabe señalar que a raíz de una serie de recursos de revisión que presentaron aspirantes que fueron reprobados, porque no pasaron el examen de personalidad, aun cuando en conocimientos superaban con creces a los que sí habían sido designados jueces de distrito, la SCJN enmendó la plana al Consejo y le ordenó elaborar un nuevo acuerdo general, en el que no se violaran los derechos de los aspirantes.

En esa ocasión, el pleno de la Suprema Corte determinó que el examen sicológico fuera previo al de conocimientos y no al revés, y que el Consejo de la Judicatura elaborara el perfil del juzgador que debía que ser electo en los concursos.

En lugar de ello, el CJF emitió en octubre pasado el acuerdo general 45/2007 (La Jornada, 7/I/2008), el cual establece “los lineamientos generales para la celebración de concursos de oposición libres para la designación de magistrados de circuito”, que obliga a los aspirantes a realizarse la evaluación sicológica (pagada por ellos mismos), y si la pasan acceden a los exámenes de conocimiento.

El acuerdo general también estipuló una calificación mínima de 7.5 (75 puntos sobre 100 posibles) para aprobar las distintas etapas del concurso –que constan de exámenes de conocimientos generales, casos prácticos y oral– y estar en posibilidades de ser nombrado magistrado.