Junta de buen gobierno denuncia negativa de autoridades a solucionar el problema
Deciden pro zapatistas acceder al abasto de agua en San Cristóbal de las Casas
Responsabiliza de posibles agresiones a administraciones municipal, estatal y federal
San Cristóbal de las Casas, Chis. Pobladores de la colonia popular 5 de Marzo en esta ciudad determinaron este sábado reinstalar el servicio de agua suspendido por las autoridades a las familias en resistencia, indígenas bases de apoyo del EZLN o adherentes a la otra campaña. La junta de buen gobierno (JBG) Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo, de Oventic, respaldó esa acción en San Cristóbal de las Casas, en la que participaron colonos y miembros de la Sexta Jovel.
La colonia 5 de Marzo nace a partir del levantamiento del EZLN el 1º de enero de 1994, “cuando un grupo de personas se armaron de valor y tomaron ese predio”. Unas 16 familias, de lenguas tzotzil, tzeltal, chol y zoque, “se establecieron primeramente, pero después empezaron a llegar más. Ahora la colonia está habitada por 451 familias”, relata la JBG.
“Actualmente en esta colonia se presenta el problema de agua, porque las familias afiliadas a los partidos políticos exigen el pago a los compañeros bases de apoyo, a los adherentes y a la sociedad civil, que están en resistencia por los pagos de agua y luz. Ahora varias familias de compañeros nuestros están sufriendo por la falta del líquido y hay amenazas de cierre total de los hidrantes públicos donde toman agua los compañeros. Con las llaves enmalladas ya no tendrán acceso al agua.”
El cierre de hidrantes imposibilita el acceso a varias de las primeras familias en establecerse y fundar esa población, “y ahora son los que no tienen derecho, porque los que llegaron más después quieren imponer su voluntad sobre la mayoría”. La mesa directiva y los patronatos del agua potable del barrio “convocan reuniones para motivar el pago del servicio de la colonia, sabiendo de antemano que nuestros compañeros no están de acuerdo porque están en resistencia”.
La junta recuerda: “La nación y el mundo saben que los zapatistas y todas las personas que entran en resistencia civil tienen sus razones de no pagar los servicios, porque no están recibiendo los apoyos económicos y sociales que da el mal gobierno. En cambio, los que piden y reciben todo tipo de apoyo del gobierno, tienen la obligación de pagar si quieren, pero no deben obligar a los que están en resistencia y tienen derecho al agua y la energía eléctrica como ciudadanos mexicanos y sobre todo como seres humanos”. La JBG lamenta: “Los hermanos priístas se ve que no les importa, toman acuerdo aunque sea con la minoría de los presentes en sus asambleas. Esta insistencia del pago es para provocar problemas”.
Para “ver y analizar el problema”, la JBG mandó tres invitaciones a la mesa directiva de la colonia y ésta no se presentó. “Se ve claramente que no tienen voluntad para resolver el problema”, añade la junta y recapitula: el 12 de enero de 2007, el SAPAM gira un oficio del ingeniero Juan José Rodrigo Espoo, dirigido a Manuel Hernández Gómez, presidente del patronato del agua potable de la colonia, “donde le exigen el adeudo, porque de lo contrario será suspendido el abasto de agua potable. El 13 de octubre empezaron a enmallar los primeros hidrantes de la colonia”.
El 24 de noviembre, en una reunión del grupo oficialista con la mesa directiva, exigieron que se enmallaran todos los hidrantes, “para que no agarren agua de ahí los compañeros”. El día 25 desviaron el servicio de agua de siete familias de la sociedad civil y una de bases zapatistas. El 11 de diciembre, los oficialistas enmallaron otro hidrante y suspendieron el abasto de agua a cinco familias más, dos zapatistas y tres de sociedad civil. El 15 de diciembre “cambiaron de lugar otro hidrante para no dejar agarrar el agua a otras 10 familias”. El día 30 pusieron candado a otro hidrante y afectaron cuatro familias más.
La JBG denuncia que del 12 de enero al 30 de diciembre de 2007 quedaron sin agua 26 familias. “El cierre de hidrantes no ha terminado, se ve que van a seguir.” El motivo de estos hechos es que la sociedad civil, los adherentes de la otra campaña y las bases de apoyo zapatista están en resistencia y contra la política del mal gobierno”.
Ante la negativa de la directiva para resolver el asunto, “los compañeros tienen derecho a resolver sus problemas como consideran justo por el bien de sus integrantes”. La JBG declara que no puede oponerse a la decisión de los afectados. Advierte sólo que “de cualquier acontecimiento, amenaza o agresión contra nuestros compañeros y compañeras, responsabilizamos directamente a la directiva y a las autoridades municipales, estatales y federales”. Firman por la junta zapatista: Lucas Pérez Gómez, Rosalinda Gómez López, Carlos Díaz Pérez y Javier Pérez Santiz.