Mantengan su lucha sin usar medidas violentas, pide Samuel Ruiz durante la homilía

Defienden obispos la causa del frente Todos Somos Zimapán

Raúl Vera envía su mensaje, se dice “apenado del maltrato” contra quienes protestan

El proyecto Acueducto II pretende llevar agua hacia Querétaro, denuncia Rufino Contreras

Carlos Camacho (Corresponsal)

Zimapán, Hgo., 12 de enero. Los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López se sumaron hoy a la lucha del frente Todos Somos Zimapán, que se opone a la construcción de un depósito de residuos peligrosos en la comunidad de Botiñá, por considerar que “sólo traerá muerte a la región”.

Ruiz García se reunió temprano con integrantes del movimiento y luego ofició misa ante unas 2 mil personas que llenaron la calle principal, a un costado de la iglesia de San Juan Bautista, mientras Vera López envió un mensaje de solidaridad y lamentó no estar presente, debido a que mañana participará en el Día Internacional del Migrante, que se realizará en la frontera entre México y Estados Unidos.

Ambos coincidieron en que “Zimapán se ha convertido en un lugar donde se defiende la vida, la salud, se protegen los derechos humanos y su gente ha mostrado preocupación porque la contaminación no toque su comunidad, aunque por ello han sufrido represión”.

Ruiz García, quien fue obispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante 40 años y es férreo defensor de las causas indígenas, sugirió a los opositores a la planta, que mantengan su lucha, “pero por la vía pacífica, sin usar medidas violentas”, para evitar la represión y la incomprensión.

Aclaró que los movimientos políticos son legítimos cuando buscan cambios sustanciales en el modo de vida de la sociedad, pero “no se deben desviar los movimientos que tienen una finalidad específica”. Llamó a los asistentes y al pueblo en general a la unidad.

Martín Hernández, integrante de la organización Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), leyó en la ceremonia el mensaje del obispo de Saltillo, Coahuila, donde dice estar al tanto de los abusos cometidos por las autoridades; de la autorización a la empresa española Befesa para construir el confinamiento de desechos tóxicos, y se manifestó “apenado del maltrato” contra quienes luchan por que no se instale la planta.

Criticó a empresas, como Befesa, que están ávidas de acumular riqueza a costa de lo que sea, “incluso de la vida misma”, y dijo que ante las amenazas de catástrofe que se ciernen sobre el mundo, el movimiento Todos Somos Zimapán se convierte en “una luz que ilumina el camino de quienes luchamos para promover la vida y la defensa de los derechos humanos. Su causa es justa, su causa la defiende Dios y las causas que defiende Dios son también nuestra causa”, concluyó el mensaje.

Los feligreses permanecieron más de dos horas en su lugar, pues luego de la misa hubo un mitin en el que la comunidad reiteró su postura.

Obra suspendida

Aunque el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong ordenó el 11 de diciembre la suspensión de la obra y el 15 de diciembre el alcalde Eusebio Aguilar Francisco determinó no renovar el permiso de construcción a Bengoa, filial de Befesa, y los trabajos han sido suspendidos en la planta, los integrantes del movimiento Todos Somos Zimapán, demandaron “que se vaya la empresa de aquí”.

El diputado recordó que hay una demanda penal en contra de las autoridades estatales y la petición de que se destituyan al secretario de Gobierno, Francisco Olvera Ruiz; al subsecretario de Gobierno, Federico Vera Copca; al director de Seguridad Pública y Tránsito del estado, Sixto Hoyos Zamora, por haber ordenado la represión del 9 de diciembre.

Carlos Cruz Melo, maestro en ciencias de la tierra, egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) e integrante del frente opositor, explicó los argumentos contra la construcción de la planta:

“Primero, porque llegó con mentiras”, al decir que se construiría un relleno sanitario, algo semejante a lo ocurrido en Ramos Arizpe, Coahuila, donde el alcalde Ernesto Sarro compró tierras con el argumento de que se destinarían a “un rancho ganadero” y al final se construyó una planta de confinamiento de residuos tóxicos donde, por cierto, el 17 de diciembre ocurrió un incendio cuyos efectos contaminantes alcanzaron un radio de 20 kilómetros.

Agregó que en Hidalgo el acceso carretero es complicado, porque todas las vías son sinuosas y con curvas; por ellas se pretende transportar 4 mil toneladas de residuos al día, lo que significa que circularán unos 200 camiones por jornada.

Además, de acuerdo con el proyecto, la planta tendría capacidad para almacenar 450 mil metros cúbicos de desechos, el equivalente a meter 50 edificios del tamaño de la iglesia de San Juan. La planta de Ramos Arizpe tiene capacidad para recibir 5.6 por ciento de lo que se confinará en Zimapán.

El proyecto en la comunidad de Botiñá, antes San Antonio, ocupa una superficie de 133 hectáreas por las que Befesa paga una renta de 10 mil pesos mensuales y quiere comprar a 93 centavos el metro cuadrado, con lo que la firma española “pretende abusar de la ignorancia de la gente”.

Explicó que al contrario de lo que argumentan autoridades como la Semarnat y la empresa española, en la zona hay 12 manantiales cuya agua se usa para consumo humano. Hay, además, un cañón natural por el que corre el viento de Querétaro a Zimapán y pasa por el vertedero, “lo que significa que cuando el viento sople arrastrará las partículas contaminantes que llegarán a las 19 comunidades y al centro del municipio”.

Señaló que intereses económicos dominan el asunto, pues el confinamiento de cada tonelada de residuos tóxicos cuesta cinco mil dólares.

El diputado local del PRD por el estado de México, originario de Zimapán,Germán Rufino Contreras, dijo que además del daño ecológico también se pretende llevar 3 mil 500 metros por segundo de agua hacia la ciudad de Querétaro “como parte del proyecto Acueducto II, que impulsa el gobierno queretano”, y no se ha considerado que Zimapán forma parte de la reserva ecológica del mundo, pues está catalogado patrimonio cultural de la humanidad.

El caso se ha llevado hasta la representación en México de la Organización de Naciones Unidas, a la embajada de España en México y a la Secretaría de Gobernación.

Acusan a comisario ejidal

Samuel Ruiz se concretó a escuchar y a los reporteros les aclaró que no hablaría sobre el tema porque “yo soy invitado”.

Después de la misa se retiró, sin esperar al mitin.

Esta tarde, durante la misa, circuló un volante en el que se acusa a Antonio Ramírez, presidente del comisariado ejidal de San Antonio, donde se construye la planta, de haber huido del pueblo con el dinero de la renta de las tierras y ahora se ofrece una recompensa de 50 mil pesos a “quien lo denuncie o dé informes sobre su paradero”.

Los integrantes de Todos Somos Zimapán anunciaron una marcha hacia la planta, dentro de 15 días, en la que participará la senadora Rosario Ibarra de Piedra.