La “inexistencia” de la huelga es una “trampa” para meter esquiroles, advierten abogados

Obtienen suspensión provisional mineros reprimidos en Cananea

Se intensifica la batalla legal del sindicato contra la empresa, apoyada por el gobierno federal

Las autoridades actúan al margen de la ley, afirman los juristas De Buen y Rivero Legarreta

Carolina Gómez y Gustavo Castillo

El juez sexto de distrito en materia de trabajo, Máximo Torres Quevedo, otorgó ayer al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) la suspensión provisional derivada del juicio de amparo que el gremio promovió contra la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la cual declaró inexistente la huelga en Mexicana de Cananea.

El abogado Juan Rivero Legarreta señaló que con esta determinación los trabajadores están en su derecho de proseguir la huelga que iniciaron el 30 de julio del año pasado en la empresa del Grupo Minero México, sin que ello ocasione la rescisión de las relaciones laborales.

Apuntó que las fuerzas policiacas “deben abandonar de inmediato la mina”, pues el paro está legalmente sostenido.

Luego de haberse conocido la resolución judicial, el secretario general del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, planteó en una videoconferencia que “Grupo México está obligado a respetar a sus trabajadores o de otra manera le vamos a enseñar a hacerlo a nalgadas”.

Exigió el cese de la “represión ordenada por los gobiernos federal y estatal”, y llamó a los trabajadores a mantener la huelga.

Advirtió que si no se respeta ese derecho, el gremio minero está dispuesto a realizar un paro nacional. “Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar”, expresó en el video, que fue transmitido hasta la sección 65 en Cananea.

Mientras, tanto la empresa como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguraron en comunicados por separado que, de acuerdo con la determinación judicial, los trabajadores que deseen podrán regresar a laborar.

“Con esta determinación, la unidad minera de Cananea podrá mantener sus puertas abiertas a todo aquel trabajador que decida regresar a sus labores, y queda en posibilidad de mantener la operación normal de su actividad productiva hasta en tanto no se disponga lo contrario por la autoridad judicial”, señaló la STPS.

En tanto, la empresa sostuvo: “Minera México SA de CV informa que el juez sexto de distrito en materia del trabajo expidió una suspensión provisional por la que la empresa Mexicana de Cananea podrá reanudar sus labores con los trabajadores no huelguistas y con los huelguistas que voluntariamente deseen regresar al trabajo”.

Informó que “hasta el mediodía del sábado laboran en la empresa más de 410 trabajadores, que es equivalente al personal de un turno, pues no concurren a la mina los casi mil 300 trabajadores al mismo tiempo”.

Indicó que “las labores principales son las de rehabilitación de maquinaria, equipo e instalaciones de la mina, lo que llevará varias semanas, como consecuencia de más cinco meses de inactividad”.

Advirtió que las condiciones generales en la mina son de “tranquilidad y trabajo”, y agregó que “respetará las actuales relaciones laborales de todos los trabajadores, el contrato colectivo de trabajo y las estipulaciones vigentes, dando reconocimiento pleno a la sección 65 del sindicato”.

Tanto Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos del gremio, como los abogados De Buen y Rivero Legarreta coincidieron en que, dada la resolución, la mina debe permanecer cerrada y los trabajadores en huelga.

El segundo precisó: “Lo que dice la resolución es ‘suspéndanse las cosas y guárdense en el estado en que estaban’, que es la huelga. Por tanto, el paro sigue siendo legal y debe quedarse como está”.

Subrayó que lo planteado por la STPS es “una trampa que posibilita que la empresa meta esquiroles, tal como hizo en La Caridad” para romper la huelga.

De Buen comentó que dado que la “suspensión es con respecto al plazo de 24 horas (fijado por la junta para el regreso a trabajar), que no obliga a los trabajadores a presentarse a laborar, aparentemente están permitiendo que lo hagan quienes no estén en esta situación, lo cual, evidentemente, es irregular”. Los litigantes advirtieron que eso violaría la Ley de Amparo.

En la resolución se estipula que, “con fundamento en los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de impedir que se den por rotos los contratos de trabajo existentes respecto de los huelguistas que continúan sosteniendo el estado de huelga, pero dejando en la posibilidad a la negociación en donde se declaró la huelga, de reanudar sus labores con los trabajadores no huelguistas y con los huelguistas que voluntariamente deseen regresar al trabajo, todo esto mientras se resuelve en cuanto al fondo la demanda de amparo”.

La STPS negó las “versiones infundadas sobre la supuesta participación del Ejército Mexicano en las labores de apoyo a la autoridad laboral”, y aseguró que sólo estuvieron presentes elementos de las policías estatal de Sonora y Federal Preventiva. Asimismo, rechazó que se haya ejercido violencia o reprimido a los huelguistas.

En tanto, el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani calificó de “absurda” la razón por la cual la JFCA declaró inexistente la huelga.

Comentó que el sindicato tiene todas las posibilidades de ganar el amparo, tal como lo hizo ya una vez, y afirmó que también está en su derecho de presentar demandas penales por la violenta irrupción de la policía.

El legislador perredista José Antonio Almazán consideró que lo ocurrido en Cananea el viernes demuestra el “terrible contubernio existente entre las autoridades para defender los intereses del Grupo México”, pues dijo que la declaratoria de inexistencia de huelga “carece de legalidad y muestra la parcialidad con que ha venido actuando la STPS”.

El Centro de Reflexión y Acción Laboral manifestó que las autoridades muestran un “profundo desprecio por la ley y los derechos humanos”, pues la “incursión de las fuerzas policiacas para desalojar a los trabajadores implica una toma, usando la fuerza pública como cuerpo represivo”, y con esta acción el “gobierno mexicano se muestra en franca contradicción con los principios del comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo”.

Seguirá vigilancia de la PFP

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública federal informó que mantendrá a 300 elementos de la PFP en la zona de la mina de Cananea, hasta que la STPS y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinen que se ha dado cumplimiento a la resolución de inexistencia de la huelga.

Funcionarios de esa secretaría señalaron que no hubo ningún exceso en el uso de la fuerza el pasado viernes, que los agentes federales no retuvieron a ningún minero y que, en todo caso, si hay detenidos están en manos de las autoridades locales, en coordinación con las cuales se realizó el operativo.

En ese contexto, el abogado Rivero Legarreta informó que todos los procedimientos penales que existían contra el líder minero Gómez Urrutia ya fueron cancelados y se ha demostrado que no ha incurrido en ningún acto ilícito.