Los derechos de las audiencias
Entre muchas cualidades y actuaciones positivas, que con objetividad han venido siendo destacadas en la red y otros medios nacionales e internacionales, Carmen Aristegui es la periodista que ha estado más cerca y de manera constante con dos sectores sociales importantes de la lucha por la democracia en México: los intelectuales independientes y las organizaciones civiles autónomas.
Como todo comunicador actualizado, su labor no se ha limitado a difundir sus puntos de vista, lo que ya es mucho, sino también a participar en sus análisis y encuentros, con el fin de conocer mejor sus opiniones, compenetrarse más del contenido de sus informes y participar con su experiencia en la mejor realización de sus actividades.
Yo la recuerdo personalmente desde los inicios de la década de los 90, en un programa de la recién nacida Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Radio Educación, dándoles voz a las organizaciones privadas de derechos humanos, fundadas exclusivamente con propósitos nacionales por lo menos 10 años antes.
Por ello la decisión de no renovarle su contrato como conductora del noticiario matutino Hoy por hoy en la cadena W Radio por razones políticas, aunque no de información, y ni siquiera inmediatamente comerciales, ha sido interpretada con razón como un acto de censura y una afrenta a la libertad de expresión. Y si no que lo desmientan inmediatamente en México los directivos de la empresa española Prisa, pues somos muchos los que todavía no entendemos en todo el país a qué se refieren cuando hablan de un nuevo “modelo editorial” en el manejo de sus noticiarios. Cuanto más que estamos enterados de que existe una campaña soterrada para desacreditarla hipócritamente y en forma mentirosa y vil, luego de que fueron ellos los que no cumplieron durante todo un año con las peticiones que con todo derecho ella les hizo.
Y ello sobre todo en una nación regresivamente autoritaria, en la que todavía los deseos inconfesados del príncipe son obsequiados con diligencia, con la esperanza de ganancias económicas y políticas futuras.
Todo esto obliga, como ya se ha propuesto, a que la sociedad, que en este como en otros asuntos vitales para el país ha sido la menos tomada en cuenta cínicamente en esta irresponsable decisión, se articule mejor y refuerce su lucha organizada para promover y defender pacífica, pero firmemente, sus derechos como audiencia. Cuanto más que el espacio radioeléctrico es un bien público del Estado mexicano, y no una propiedad privada de los concesionarios de los medios, y ni siquiera un instrumento que el gobierno puede manejar a su antojo, a espaldas y contra los intereses del pueblo.
Como expresaron con toda razón en este sentido varias organizaciones importantes de periodistas y expertos en comunicación en un boletín el pasado jueves, “Los medios de comunicación son las vías mediante las cuales se materializa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Por ello deben cumplir fundamentalmente con el fin social de mantener informada a la población de manera plural, a fin de que ésta pueda obtener información y tomar decisiones para mejorar su participación y el desarrollo social. De ahí que los medios de comunicación deben funcionar de cara a la sociedad, transparentando y fundamentando sus decisiones”.
Todo esto igualmente obliga a que la sociedad organizada ahora más que nunca exija a los que en teoría son nuestros representantes populares en el Congreso una legislación moderna urgente para la radiodifusión y las telecomunicaciones, que sea capaz de propiciar la pluralidad de contenidos, acotar la concentración mediática y garantizar el respeto a las audiencias, luego de que ya fue aprobada la reforma constitucional en materia electoral, hoy descaradamente objetada en los medios y en algunos juzgados por sectores influyentes de la clase empresarial, con el interesado pretexto de la libertad de expresión.
Como propuso desde noviembre del año pasado al Grupo Plural del Senado para la Reforma de las Leyes de Radio y Telecomunicaciones la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, dicha legislación tiene que garantizar y proteger entre otras cosas el derecho de los ciudadanos a estar bien informados, a ejercer su derecho de réplica, a ser interpelados con respeto, y a ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información. Debe también definir con toda claridad y precisión la función de servicio público de la radio y la televisión, como un servicio esencial para la sociedad y el fortalecimiento de la democracia, y consecuentemente promover una programación de calidad, garantizando el derecho de acceso a la información y la comunicación de los grupos sociales.
Desde mi punto de vista, debe también incorporar la cláusula de conciencia de los periodistas, ya reconocida por ejemplo por la Ley Orgánica Reguladora de la Cláusula de Conciencia de los Profesionales de la Información de España, hoy desvergonzadamente ignorada en México por la empresa Prisa, y de la que nos ocuparemos con más detalle en otra ocasión.