Los gobiernos del país apoyan más a extranjeros, señala
El tratado no es el único culpable del desastre: organismos del CAP
Varias organizaciones que conforman el Consejo Agrario Permanente (CAP) se manifestaron contra las acciones que impidan el funcionamiento de instancias como el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS).
Consideraron que cambiar al secretario de Agricultura no resolverá la problemática del campo y que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no es el único culpable de la desastrosa situación del sector.
Por ello se pronunciaron por una política gubernamental para el agro que permita a los productores invertir y desarrollarse, en la que los recursos se repartan de manera equitativa y participen los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Los líderes de la Confederación Agrarista Mexicana; la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas; la Unión General de Obreros y Campesinos de México; el Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos; la Alianza Campesina del Noreste y la Unión General Obrera y Campesina Popular aseguraron que la discusión sobre la entrada en vigor plena del TLCAN “debe rechazar la descalificación, las amenazas y la toma de posturas que impidan que funcionen los organismos y los foros de discusión, como el CMDRS, porque una cosa es que las organizaciones se peleen con el gobierno y otra que lo hagan con quienes participamos en organismos, consejos y en las diversas secretarías de ese órgano, que fue producto de la exigencia de las agrupaciones, no decisión del Ejecutivo”.
Margarito Montes, líder de la UGOCP, subrayó que esa crítica no significa la ruptura de las 12 organizaciones que conforman el CAP, aunque las que se manifestaron el pasado jueves en la Sagarpa “hayan asumido iniciativas y pronunciamientos que son respetables, pero que no compartimos”.
Asimismo, dijo que rechazan la “visión falsa” impulsada por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el gobierno federal, de que México cuenta con un campo ganador, “no porque sea falsa en sí misma, sino porque es incompleta. Esa imagen optimista no puede ignorar el desastre productivo en el agro, que regiones enteras han sido eliminadas y que por lo menos 15 millones de campesinos viven en pobreza extrema; que existe la necesidad real de infraestructura y que el agro fue desmantelado de manera deliberada en los últimos 15 años”.
Aseguró que el gobierno federal actual y los anteriores han fungido como “mánagers tramposos”, porque en lugar de apoyar a los productores mexicanos dan elementos para que se beneficien los extranjeros. “No sólo han vendido las peleas que se han dado en el ámbito internacional, sino que han metido vidrios a los guantes de los rivales, desgarrando al mexicano, permitiendo importaciones abusivas, manejo corrupto de las aduanas, destrucción de la infraestructura de almacenamiento y comercial”.
Indicó además que las autoridades han desviado entre 80 y 90 por ciento de los recursos asignados al campo a sólo a 550 empresas “monopólicas”. Ante esta problemática, las organizaciones exigieron una “política agropecuaria integral” que permita regresar a la producción, aprovechar las nuevas condiciones del mercado mundial de materias primas de alimentos y la apertura del crédito y del financiamiento.
Por su parte, Guadalupe Martínez, del COSUCC, exigió mayor justicia, equidad y transparencia en los programas dirigidos al sector. También criticó la actitud de las “organizaciones históricas”, como la CNC, que quieren “llevarse todos los recursos; las organizaciones con campesinos pequeños y medios tenemos tanto derecho como ellos”.