El gobernador panista intenta minimizar la presunta responsabilidad de su colaborador
El procurador de Jalisco estuvo en bacanal con menores de edad
Alega que el funcionario pudo no haberse enterado de que se estaba cometiendo una violación
Sostiene que hay gente interesada en que crezca el escándalo, “pero no hay nada diferente”
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El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, reconoció que el procurador del estado, Tomás Coronado Olmos (en segundo plano), estuvo en una fiesta en la que se habrían cometido abusos sexuales contra menores de edad; sin embargo, insistió en defender a su colaborador
Foto: Arturo Campos Cedillo
Guadalajara, Jal., 10 de enero. El gobernador Emilio González Márquez finalmente reconoció que el procurador general de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, estuvo en una fiesta donde, según se denuncio penalmente, hubo prácticas sexuales con menores de edad, una de las cuales fue presuntamente violada por el ex funcionario municipal tapatío Martín Aguirre Aguirre, hoy prófugo.
“Lo que hay detrás de esto es gente interesada en que el tema crezca. Esta creciendo, está bien, están logrando el objetivo, pero no hay nada diferente”, dijo González Márquez, quien puso en duda que las personas que estuvieron presentes en la fiesta donde ocurrió la presunta violación se enteraron de ésta y si las menores que participaron en esas reuniones fueron “ostensiblemente presentadas como menores (…) No sabemos si se enteró (de la violación) porque la respuesta que él da es que no se enteró.
“Podría ser que en este mismo espacio ahora estuviese ocurriendo algún ilícito sin que nosotros nos enteremos, y no nos hace cómplices ni responsables si en estos alrededores se comete algún ilícito por el hecho de estar aquí y no enterarnos. Esa es la pregunta: ¿participó? La respuesta de todo mundo es: no, no participó”, dijo.
En agosto pasado se supo que el procurador Coronado Olmos fue señalado por una menor de edad y su madre como uno de los asistentes a una reunión en la cual la joven fue presuntamente violada por Martín Aguirre Aguirre, entonces funcionario de alumbrado público del ayuntamiento panista de Guadalajara, contra quien se giró una orden de aprehensión cuando ya había huido.
La implicación del procurador se conoció de manera fortuita. El fiscal de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Marco Antonio Chávez Villegas (adscrito a la Subprocuraduría C), interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en la que aseguró que fue golpeado y retenido por escoltas del subprocurador estatal, Jorge David Delgadillo Báez, luego que dio entrada a la denuncia de la madre de la adolescente de 16 años supuestamente violada, en la cual ésta señalaba que Coronado Olmos había acudido a esa fiesta, realizada en una granja ubicada en la periferia de Guadalajara.
Fue la primera de varias quejas de hostigamiento. La siguiente fue la del entonces subprocurador C, Víctor Manuel Landeros Arvizu, a quien Coronado Olmos acusó de orquestar una “infamia” en su contra. El 20 de diciembre pasado el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, reveló que Landeros Arvizu presentó una queja porque “tiene un temor muy grande” por su seguridad y la de su familia, luego de haber recibido diversas amenazas. Luego de que el procurador acusó a Landeros Arvizu, éste salió de la PGJE en noviembre porque ya no le renovaron su contrato.
Ya fuera de la Procuraduría, Landeros Arviz le tomó la palabra al gobernador Emilio González Márquez, quien declaró que si alguien presentaba una denuncia directa en contra del procurador se crearía una fiscalía especial, para la cual propuso a Guadalupe Morfín Otero. El ex funcionario presentó la denuncia contra Coronado Olmos y dijo que estuvo en la bacanal.
En respuesta, la PGJE presentó una querella contra Landeros Arvizu, a quien acusó de falsear información y obtuvo una orden de aprehensión, de la que se ha librado el ex subprocurador gracias a un amparo.
Aunque se han acumulado acusaciones y quejas por supuesto hostigamiento contra quienes han insistido en la presencia del procurador en esa reunión, ni el gobernador ni el presidente de la CEDHJ han querido manifestarse en favor de la salida de Coronado Olmos mientras se investiga el caso, como han sugerido otros actores políticos y sociales. En octubre el Congreso rechazó un pronunciamiento para separar del cargo al procurador. Sólo algunos diputados han expresado sus dudas.
El mandatario y los involucrados en este caso forman parte de un grupo formado hace algunos años. En el trienio 2004-2006, cuando el hoy gobernador era alcalde de Guadalajara, Tomás Coronado Olmos fungía como secretario general del ayuntamiento y Martín Aguirre Aguirre, el presunto violador, era abogado en la secretaría general.
Debido al estancamiento de las investigaciones, la organización no gubernamental Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Las agraviadas no han querido ponerse bajo la tutela de la procuraduría estatal por temor a represalias.
El Cepad también solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya oficina central en Washington, DC, pidió al Estado mexicano un informe detallado sobre el caso. Más aún, el Cepad presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero el organismo regresó el caso a la CEDHJ.
Este jueves el presidente de la CEDHJ dijo que el expediente completo de la queja se enviará a la cancillería para que sea remitido a la CIDH.