Certidumbres de 2008
Después de constatar los primeros resultados de la presidencia espuria de Felipe Calderón es posible vislumbrar lo que espera a nuestro país para este año que se inicia: la cuesta de enero no podía ser más pronunciada. El gasolinazo, el alza generalizada en la electricidad y los productos básicos, la apertura total del capítulo agropecuario impuesta por el Tratado de Libre Comercio y sus consecuencias económicas y sociales seguramente traerán mayor miseria y agravamiento de las condiciones materiales del pueblo mexicano, forzarán la profundización del éxodo migratorio e incrementarán la movilización política de amplios sectores de la población mayoritaria afectada por estas medidas.
A todo ello sumamos la carencia de legitimidad de las instituciones y los poderes de la República, la militarización en todos los espacios de la seguridad pública, la renovada paramilitarización y las agresiones a los gobiernos autónomos zapatistas; la guerra de cárteles del narcotráfico con su secuela de muerte, impunidad e inseguridad de vastas zonas y numerosas ciudades; la represión y criminalización de los movimientos sociales, los centenares de presos políticos y de conciencia, el avance y la consolidación de la derecha en el control de los medios de comunicación que se expresan recientemente con la salida de Carmen Aristegui de la radio y la persecución de las pocas radios comunitarias e independientes que aún subsisten; las reformas jurídicas de la Constitución y las leyes equiparadas con las realizadas por Estados Unidos e impuestas por la clase dominante de ese país para consolidar su dominio militar, policial y de inteligencia sobre el nuestro. Con base en estos hechos podemos asegurar que 2008 será un año de fuertes conflictos sociales y confrontaciones políticas, muy lejos de la estabilidad pregonada por los mercenarios intelectuales al servicio del régimen.
Si existe certidumbre sobre la profundización de la conflictividad social es necesario prepararse para ello. Para empezar, los tiempos, racionalidad, intereses, lógica y participación política determinados por los procesos y actores electorales no necesariamente coinciden con una lucha de resistencia popular como la que se percibe en el futuro inmediato. Al menos no directamente en los próximos años.
Las fuerzas políticas representadas en el Congreso y en los demás poderes de la Unión han mostrado su divorcio de los movimientos de la sociedad civil. Esto incluye a la llamada izquierda institucionalizada, la cual se encuentra penetrada por el arribismo, la cooptación y el corporativismo. Esta izquierda resulta ineficaz, en el mejor de los casos, y no opera como instrumento al servicio de las causas populares, sino más bien a la inversa: se sirve de esas causas para consolidar su poder burocrático partidista, y en el aparato del Estado. Tampoco es pertinente desgastarse en hacer de la izquierda institucionalizada el sujeto permanente de críticas y reflexiones; basta ser consciente del papel sistémico que desempeña para no abrigar ilusiones y esperanzas que resulten en nuevas frustraciones.
Los pueblos indios que reivindican la autonomía han mostrado un camino de construcción del poder popular que descansa en sus propias fuerzas, sin intermediarios, burocracias, políticos profesionales, clase política, mesías o tlatoanis que decidan por otros. Paz con Democracia ha retomado esta experiencia y en su Llamamiento a la nación mexicana convoca a la construcción de instancias autónomas en todos los espacios de la vida social, tomando en cuenta la complejidad y heterogeneidad que caracterizan el ejercicio de la autonomía como principio y estrategia políticos más allá de los autogobiernos en las etnorregiones. Esta propuesta se fundamenta también en una historia de participación popular en todos los procesos y movimientos trascendentes en la vida del país (guerras de Independencia y Reforma, Revolución 1910-1917, décadas de lucha social y democrática en contra del partido de Estado y sus actuales cómplices panistas), que devino en traiciones y en relego de los sectores populares a la hora de los desenlaces y consolidación de esos procesos.
Otra certidumbre fundamental es que más allá de dirigencias y siglas, de cotos y consignas, es necesaria una elemental unidad de acción que desde abajo teja en territorialidad y sectorización una resistencia nacional capaz de tomar iniciativas comunes ante los embates de la ocupación trasnacional capitalista que lleva al cabo el grupo gobernante.
Una propuesta que pudiera movilizar este tipo de unidad es el ya conocido referendo presidencial revocatorio, que puede ser organizado por la sociedad civil para buscar una ruptura de la imposición sexenal lograda con base en el fraude y la represión.
Recordemos algunos de los interrogantes que planteábamos hace un año: ¿están dispuestos los ciudadanos que no votaron por Calderón, que se abstuvieron, o incluso quienes se han arrepentido de su voto por el PAN a soportar seis largos años de penurias, autoritarismo, desnacionalizaciones y entreguismo? ¿Sobrevivirá la nación mexicana como ente soberano ante el acoso sistemático privatizador de los apátridas que gobiernan para beneficio exclusivo de las corporaciones capitalistas? ¿Es necesario el precio que hay que pagar en vidas humanas, sufrimientos y esfuerzos inútiles por aguantar todo un sexenio a un gobierno que resulta intolerable para millones de mexicanos? ¿Existe alguna duda razonable sobre la naturaleza reaccionaria y regresiva del actual grupo gobernante que pudiera dar posibilidades de un cambio distinto al que se ha observado en este primer año de gobierno?
Si las respuestas a estos interrogantes son negativas, la realización de un referendo presidencial revocatorio podría ser una iniciativa a retomarse en el futuro próximo.