Hospitales públicos, nuevo negocio privado
Vivimos una contradicción en nuestro sistema de salud. Tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la infraestructura médica pública más importante de América Latina, que fue el ejemplo a seguir para muchos países durante años. Sin embargo, durante más de dos décadas, la inversión en hospitales, clínicas o centros de salud ha sido mínima, tanto en los institutos de seguridad social como en la Secretaría de Salud federal. Con esta política social regresiva, México llegó a tener una cama por mil habitantes, incluyendo las instituciones privadas, mientras el promedio de América Latina es de dos. Esa carencia de unidades médicas es el meollo de muchas tragedias y frecuentes quejas de los pacientes. Estar asegurado ha dejado de ser una garantía para acceder oportunamente a la atención. Esta situación es particularmente común entre los afiliados al Seguro Popular. Se les da un seguro, ciertamente restringido, pero no hay dónde hacerlo efectivo.
Al mismo tiempo que el secretario de Hacienda excluye a las instituciones públicas de salud del presupuesto para inversión, la Secretaría de Salud está contratando con empresas privadas, bajo el nombre “proyectos para prestación de servicio (PPS)”, la construcción y servicios de mantenimiento de hospitales que venderán servicios al sector público y privado. Eso es, se está privatizando la infraestructura de salud con el mismo mecanismo, pero con otro nombre, usado en el sector eléctrico y carretero con los tristemente célebres Pidiregas. Éstos no son aprobados en el presupuesto, pero implican el endeudamiento del país durante aproximadamente un cuarto de siglo, y son nuevos ámbitos de negocios privados.
Hasta la fecha, hay dos contratos firmados para este tipo de hospitales: el Hospital de Especialidades del Bajío y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Tamaulipas. Están en planeación otros seis. Ya se inauguró el hospital del Bajío, inclusive dos veces, pero casi no está funcionando. Sirve de ejemplo de este modelo de hospital. En total, va a costar al erario 7 mil 749 millones de pesos en un plazo de 25 años. Este monto es aproximadamente ocho veces el costo de construcción de 970 millones, que en sí es muy alto. Este gasto no incluye el costo de la atención médica, y sólo de personal está prevista una nómina anual de 278 millones de pesos.
La condición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aprobar la firma de los contratos PPS es que los gastos se absorban dentro del presupuesto regular de la Secretaría de Salud. Es decir, el hospital debe ser económicamente autosuficiente, y si no lo logra, la Secretaría deberá quitar dinero a otros hospitales u otros rubros de salud. No puede dejar de pagar a la empresa privado, porque el incumplimiento acarrea multas. En 2007 está programado un pago de 260 millones al consorcio español Acciona SA, a pesar de que el hospital ha prestado pocos servicios.
Este hospital-empresa-pública está pensado para tres “clientes”: el Seguro Popular, los institutos de seguridad social y las aseguradoras privadas. Aunque el Seguro Popular ha sido el pretexto para construir los PPS, es de subrayar que muchos de sus servicios especializados no están cubiertos por éste y tendrían que ser pagados por el paciente. No queda claro de dónde sacarían el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fondos para pagar al hospital-empresa, ya que su presupuesto no alcanza para sus propios servicios. Los clientes preferidos de estos servicios subsidiados por el gobierno serán entonces las aseguradoras. Los ganadores de los PPS son los consorcios constructor-administradores y las aseguradoras.
Junto con el Banco Mundial, el país promotor de este tipo de hospitales es Inglaterra, que ya tiene más de 15 años de experiencia con ellos. En una reciente evaluación de estos hospitales, la Federación Española de Defensa de la Salud Pública encontró que: son mucho más caros, condicionan y reducen la capacidad de inversión y los presupuestos de salud públicos durante muchos años, limitan la adaptación a los cambios tecnológicos y poblacionales, reducen el nivel de información y transparencia y empeoran la calidad asistencial. Sus conclusiones coinciden con varios estudios publicados en la literatura científica internacional. Los medios de comunicación ingleses han hecho denuncias sistemáticas sobre estos problemas, y últimamente se han parado varios proyectos PPS en aquel país. El más notorio fue el Complejo de Salud Paddington, en 2005, porque su costo proyectado subió de 360 a mil 100 millones de libras, mientras el número de camas bajó de mil a 800.