Ordena indagar registros de los actos de Mouriño
Carrillo Prieto no autorizó que se difunda su patrimonio: IFAI
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) confirmó la confidencialidad de la declaración patrimonial del ex fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto, correspondiente a 2002, debido a que el funcionario “no otorgó autorización” para su publicación.
Además, ese instituto ordenó a la Presidencia de la República que realice una búsqueda exhaustiva de los documentos en los que quede constancia de las reuniones que Juan Camilo Mouriño, jefe de la oficina del titular del Ejecutivo, sostuvo con diversos personajes de la vida nacional (políticos, empresarios, jerarcas de la Iglesia católica, organismos sociales, entre otros).
Ambos recursos fueron resueltos por el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, y no se debatieron en la sesión pública de ayer, sino que se aprobaron previamente entre los comisionados sin más trámite. No obstante, se tuvo acceso a los expedientes 4200/07 de la Femospp y 4085/07 de la Presidencia de la República.
Sobre el caso del fiscal, en el expediente referido se consigna que la Secretaría de la Función Pública (SFP) consideró también como criterio para clasificar permanentemente la declaración patrimonial de Carrillo el hecho de que “contiene información concerniente a personas físicas identificadas, relativa a su origen, vida familiar, domicilio, número telefónico y patrimonio, por lo que su difusión afectaría su intimidad y por tanto tiene el carácter de datos personales”.
Cabe destacar que todas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos tienen datos personales (domicilio, teléfono, número de cuentas bancarias, etcétera). Sin embargo, generalmente esa información es eliminada cuando se entregan los documentos en cuestión, pero en este caso pesó más la negativa del ex fiscal para no abrir esa información. Así lo consignó la SFP, al señalar que “no cuenta con la autorización del declarante para la publicitación de dicha información”. Ahora, con la confirmación del IFAI, no se tendrá acceso en ningún tiempo al documento, a menos que Carrillo cambie de parecer.
Sobre ese punto, Lujambio ratificó que son los funcionarios públicos quienes dan la anuencia para publicitar su declaración patrimonial; de hecho, el mismo Lujambio ha establecido la confidencialidad de su declaración.
La información sobre el fiscal fue solicitada por La Jornada con el propósito de dar seguimiento puntual a aspectos vinculados con las irregularidades financieras en que habría incurrido, según se consigna en la auditoría 19/04 de la SFP.
Con respecto al caso de Juan Camilo Mouriño, Lujambio comentó que no existe obligación para ninguno de los funcionarios de la administración pública federal de entregar una agenda “puntual” y “específica” sobre los encuentros que sostengan con cualquier personaje de la vida nacional y los temas que trataron, pero sí puede existir constancia documental “en general” de los propósitos de las reuniones y actores.
También precisó que la Presidencia sólo había entregado un documento con apuntes “en general” de los encuentros de Mouriño, pero sin nombres de las personas involucradas, ni temas. Por ello ordenó la búsqueda de documentos oficiales que hayan resultado de esos encuentros.
Aparte, el comisionado presidente del IFAI adelantó que en los primeros días de febrero presentará a los integrantes del Congreso una propuesta de modificación a la Ley Federal de Transparencia (LFT), para atender la reforma al artículo seis de la Constitución, el cual instruye que en la interpretación de esa norma debe prevalecer el principio de “máxima publicidad”. La propuesta plantea “una revisión integral” de la LFT y mayores obligaciones de transparencia para los poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos (Universidad Nacional Autónoma de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros).