La honestidad es una presunción, se defiende Galván
“Elementos”, para actuar contra ex funcionarios del tribunal electoral
La investigación acerca de irregularidades en la construcción de uno de los edificios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría derivar en responsabilidades administrativas contra ex funcionarios de este órgano.
“Por supuesto que hay elementos para ello”, advirtió el magistrado Constancio Carrasco Daza, integrante de la Comisión de Administración del TEPJF, responsable de la indagatoria correspondiente.
En tanto, su homólogo Flavio Galván dejó entrever que no renunciará a su cargo, a pesar de que en noviembre pasado fue despedida (por vulnerar principios de legalidad y honradez) Norma Inés Aguilar León, quien fue su brazo derecho cuando fungió como presidente del órgano comicial. Galván alegó en su defensa: “la honestidad es una presunción. En cuanto haya una prueba en contrario, seguramente habrá alguna decisión. En tanto no la haya, prevalecen el principio y la presunción de honestidad”.
De esta forma, los magistrados del TEPJF, encabezados actualmente por María del Carmen Alanís, emitieron explicaciones respecto a dos casos en los que se presumen irregularidades y corrupción en administraciones anteriores del máximo órgano electoral del país.
El primer asunto tiene origen en el periodo 1998-2000, en el que Constructora y Edificadora MCI levantó el edificio anexo administrativo del tribunal. En ese lapso era presidente del órgano el magistrado José Luis de la Peza, ya fallecido.
Siete años después de la construcción de los inmuebles que albergan las instalaciones centrales del TEPJF, un peritaje elaborado por Cálculo y Supervisión, Consultores alertó acerca de las fallas estructurales que hacen inhabitable el edificio en cuestión, por lo que está sujeto a un proceso de reparación generalizado.
“Los desplazamientos calculados totales son de tal magnitud que hacen prever que en un gran sismo, los inmuebles altos se caerían”, advirtieron los peritos.
Con base en lo anterior, se procedió al desalojo, y el mes pasado dio inicio una investigación administrativa para dar con los responsables de los errores y omisiones, aun cuando el magistrado Carrasco admitió que podría haber situaciones o delitos que ya prescribieron, si la investigación deriva en responsabilidad civil o penal.
“Con mucha tristeza, la presidenta (Alanís) y un servidor vemos que (las fallas en) la construcción de este edificio podrían bordar, en cuanto a responsabilidades administrativas, en algún tema que tenga que ver con la implicación de funcionarios y de la empresa subsidiaria”, dijo Carrasco en reunión con reporteros.
Respecto a las obras que se realizan desde la segunda mitad del año pasado en la entrada principal del órgano electoral, el magistrado dijo que el propósito es dar “mayor funcionalidad” al ingreso de visitantes. Negó también haber autorizado remodelación alguna en el quinto piso del edificio sede, aunque datos del propio tribunal –derivados de una solicitud de información– precisan que esos trabajos costaron 4.7 millones de pesos, a cargo de la empresa Atelier Peschard y Peschard Arquitectos.
Así, la investigación relacionada con el edificio endeble está en curso, y un segundo caso de irregularidades pareciera cerrado, luego de que se conoció que la coordinadora general de asesores de Galván incurrió en violaciones a la ley de responsabilidades administrativas, específicamente conflicto de intereses.
Lo anterior, luego de que –según el dictamen de la Comisión de Administración en referencia– Norma Inés “solicitó, aceptó y recibió servicios para ella y su cónyuge en la búsqueda de una casa habitación” que serviría para alojar diversas áreas del tribunal.
Aguilar León fue despedida, pero quien fue su jefe directo se defendió ayer al comentar que “los principios éticos y jurídicos son parte fundamental de la estructura del tribunal, y sobre ellos se sustenta buena parte de su existencia, funcionamiento, futuro y credibilidad”.