Permitió que tiradero se ubique cerca de comunidades y mantos acuíferos de Hidalgo
Acusan a la Semarnat de violar leyes al autorizar construcción de basurero
Contaminará cuerpos de agua que abastecen también a Querétaro, dice asesor perredista
Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentarán hoy un punto de acuerdo por las irregularidades cometidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el otorgamiento del permiso a la empresa Sistemas de Desarrollo Sustentable SA de CV, filial y representante de la española Befesa.
El asesor sobre medio ambiente y recursos naturales del grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Montoya, explicó que la norma oficial mexicana NOM-055-ECOL-1993 establece que los tiraderos deben ubicarse a una distancia mayor, para poblaciones con más de 10 mil habitantes, a 25 kilómetros; sin embargo, la cabecera municipal de Zimapán, Hidalgo, que cuenta con 12 mil 500, se encuentra a siete kilómetros del lugar donde se está construyendo el confinamiento. Es más, explicó, “existen comunidades y centros de población, como Botiñhá y Puerto del Efe, que se ubican a menos de 500 metros del lugar”.
Por otro lado, agregó, la norma estipula que la distancia respecto de cualquier corriente de agua superficial permanente o intermitente debe ser de 500 metros, y el futuro confinamiento se encuentra sobre una corriente intermitente.
Un análisis de Miguel Ángel Montoya, que será sustentado por el diputado perredista Salvador Ruiz Sánchez, señala que el confinamiento se encuentra sobre una barranca, donde a sólo cinco kilómetros está el área de recarga de un acuífero, del cual se nutren pozos que alimentan a los estados de Hidalgo y Querétaro. Además, se generan escurrimientos hacia el río Cuauhtémoc, afluente principal de la presa Zimapán.
Otra anomalía es que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente obliga a la Semarnat a coordinarse con las autoridades estatales para efectuar reuniones de información pública y consultas a la población; no obstante, éstas no se realizaron.
“Sólo emitieron los oficios SGPA-DGIRA-DDT.0395.04 y SGPA-DGIRA-DDT.0396.04, dirigidos a la presidencia municipal de Zimapán y al gobernador del estado, respectivamente, intentando cubrir la forma, pero burlando la obligación de consultar a la población afectada.”
Las comunidades cercanas al proyecto, apuntó, no cuentan con servicio de agua potable y alcantarillado, por lo que el líquido lo extraen de afluentes y pozos cuya profundidad no rebasa dos metros.
Por otro lado, agregó, además de las disposiciones que se incumplieron, tampoco se consideraron el trazo y las condiciones de las vías terrestres de acceso al lugar, como la topografía accidentada por la que se extienden las carreteras federales 57 y 85 en la zona de acceso.
“Es evidente que caminos y carreteras por las que transitarán los vehículos que trasportarán los residuos son sinuosos, estrechos y están en malas condiciones, poniendo así en riesgo centros de población como Ixmiquilpan, Jacala, Chapulhuacán, Tamazunchale, Ezequiel Montes, Cadereyta y el vaso de la presa Zimapán.”