La Secretaría de Salud exculpa a Flores Higuera y a empresas ligadas a Jorge Bribiesca

Irregularidades sin culpables en el consejo foxista para discapacitados

Los directivos “carecían de funciones, atribuciones y programa de trabajo”, revela auditoría

El funcionario y su equipo cobraron sin nombramientos más de 3 millones de pesos en sueldos

Elizabeth Velasco C. / II y último

A pesar de que la Secretaría de Salud (Ssa) no tenía a su cargo el programa Emprendedores con Discapacidad (Ecodis) –ni entregó recursos para éste–, en su auditoría 23/06 exculpa a Víctor Hugo Flores Higuera, ex titular de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, de tener alguna participación en las irregularidades denunciadas, y a las empresas del Grupo Starplus y Polvorones Gala, en las cuales aparecía como socio el hijo menor de Marta Sahagún de Fox, Jorge Alberto Bribiesca.

Sin embargo, la Ssa sí encontró diversos “incumplimientos a las disposiciones normativas” que regulaban el desempeño del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, constituido en septiembre de 2005 por Vicente Fox para echar a andar ese programa.

Entre las principales irregularidades destacan la inexistencia de funciones, atribuciones y programa de trabajo del cargo que asumió Víctor Hugo Flores Higuera.

En la auditoría, de marzo de 2006, se consigna que la Ssa y Presidencia celebraron un convenio en junio de 2005 (tres meses antes del lanzamiento oficial del consejo y su programa Ecodis) para “transferir” cuatro plazas de mando de la referida Oficina de Representación.

Por tanto, se creó en la Ssa la unidad administrativa denominada Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, a la fecha vigente; esta unidad, sin embargo, a 13 meses de su creación no existía en el Reglamento Interior de la Ssa, como tampoco las plazas creadas en 2005 para el nuevo titular del secretariado, Flores Higuera.

Pese a ello, la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa erogó durante ese lapso 3 millones 18 mil pesos en sueldos y 111 mil pesos por concepto de viáticos en favor de Flores, y tres personas más de su equipo: Martín Rosas, Francisco Cisneros y Taide Buenfil.

A Flores se le asignó una plaza de director general con un sueldo mensual de 192 mil 529 pesos; a Rosas y Cisneros, de directores de área, y a Buenfil de subdirector de área; de sus colaboradores no se consigna sueldo. Todos carecían de nombramientos para ocupar las plazas.

Aunque las irregularidades se subsanaron a la postre, se incumplieron diversos ordenamientos, como es la falta de expedición del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, que debió emitirse en diciembre de 2005.

El proyecto de modificación del Reglamento Interior de la Ssa (que incluía en el apartado de Unidades Administrativas a la dirección general referida) no se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ni estaba en la estructura orgánica de la subsecretaría referida, la cual cubrió sueldos y viáticos del 16 de junio de 2005 al 15 de mayo de 2006. Esto, aunado a que los servidores públicos “carecían de funciones, atribuciones y programa de trabajo”.

Aún más. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad no había sesionado desde su instalación, septiembre de 2005, hasta junio de 2006, ni se había seleccionado a los integrantes del consejo consultivo de ese órgano, ni emitido la clasificación nacional de discapacidades prevista en la ley general respectiva.

Para subsanar esas irregularidades se plantearon varias recomendaciones que, en teoría, tendrían que haberse concluido en septiembre de 2006, según Georgina Uranga Barri y Gustavo Arroyo, coordinadora y jefe de grupo de la auditoría.

Cabe destacar que Flores y su equipo no despachaban en las instalaciones de la Ssa, sino en las oficinas de la Presidencia, según lo convenido entre ambas entidades.

Libres de culpa

Aunque la Ssa no otorgó recursos ni realizó auditoría alguna sobre el destino de los que entregaron las secretarías de Economía (SE) y Desarrollo Social (Sedeso), exculpa a Flores, al señalar que, “mediante entrevistas con las instancias” que intervinieron en el proyecto, se había “verificado” que el ex funcionario no había participado en las irregularidades.

Con respecto a las empresas del grupo Starplus y Polvorones Gala, donde aparecía como socio el hijo menor de Martha Sahagún, Jorge Alberto Bribiesca, el órgano interno de control (OIC) de la Ssa consigna que se habló con “personal del Instituto Politécnico Nacional, con el que la Fundación Ayuda Ecodis celebró convenio general de colaboración”, el cual “confirmó” que esas empresas “no aparecen en el reporte de proveedores aprobados del proyecto”.

De la falsificación de los documentos relativos a los proveedores, consignada en el auditoría 21/06 de la Sedeso, no hace ninguna observación el OIC de la Ssa. Sin embargo, se asienta en la averiguación 12/1.0.3.01/264/2005 –parte de la auditoría– que Flores supuestamente aceptó haber participado en la elaboración de los documentos apócrifos.

En declaraciones ante el OIC, Carlos David Colín, ex presidente de una de las cooperativas Super 100 E-codis DF 6, especifica que entregó a las autoridades grabaciones en las que Flores, en una conversación con los discapacitados, admitió haber falsificado los documentos “durante las mesas de trabajo efectuadas en el salón Presidentes de Los Pinos, así como documentación supuestamente oficial, de fecha 28 de noviembre de 2005”.

En las grabaciones –se asienta– Flores arguye que “tal vez por la prisa” había ordenado al corporativo empresarial Reacción SA de CV (socio de la Fundación Ecodis y el cual financiaba a los discapacitados para la adquisición de los insumos con un interés de 35 por ciento, a decir de Colín) “entregar la documentación apócrifa”, situación que “después aclararía”.

Cabe destacar que esa fundación –que recibió poco más de 40 millones de pesos de la SE y la Sedeso– tenía sus oficinas en el mismo local del corporativo Reacción, el cual a su vez estaba conformado por Alimentos y Despensas Premium, Rico SA de CV y Productos Quelme, cuyos artículos serían vendidos por los discapacitados.

Además –consignó otro de los afectados, Raúl Trejo–, en esas oficinas operaba el “señor Carlos Miller, encargado de la telefonía (móvil) de este programa (Ecodis) y quien distribuyó a los discapacitados los teléfonos celulares sin costo por plan de renta”.

Colín responsabilizó también a Flores del presunto desvío de más de 30 millones de pesos que entregó la SE para la instalación de las bodegas donde cada cooperativa almacenaría los productos a distribuir, pues, según el denunciante, Flores “instaló en 10 casas de algunos presidentes (de las cooperativas) bodegas virtuales” donde ensamblaron tres computadoras con una impresora “rústica”.

Para cuando concluyeron las auditorías, las oficinas de la Fundación Ecodis, ubicadas en Polanco, habían quedado vacías y nada se sabía ni de su presidente, Víctor Manuel Navarro, ni de las otras empresas que ahí operaban. Carlos Miller todavía reportó como “robados” los teléfonos que se habían entregado a los discapacitados, mientras que Flores –asentó Colín– buscó “obligar a los cooperativistas a firmar un documento que justifica la aplicación de los recursos de la Sedesol, comprometiéndolos a pagar 149 pesos más IVA, costo que originalmente sería financiado por ese programa”.