Denuncia ex servidor acoso y despidos injustificados
Pugnas políticas en M. Hidalgo vulneran derechos de trabajadores
Las pugnas internas entre los grupos políticos que gobiernan la delegación Miguel Hidalgo han derivado en un clima de “incertidumbre, acoso y flagrante violación de los derechos” contra los trabajadores de base y de confianza, que pagan “los platos rotos” de quienes mes con mes se disputan los cargos para posicionarse territorialmente en la demarcación.
Juan Cázares, quien fue separado de su cargo de jefe de la Unidad Departamental de Adultos Mayores, aseguró que es tan grave y preocupante la inestabilidad de la plantilla laboral, que en algunas direcciones y subdirecciones han sido nombrados y removidos hasta cuatro titulares en los cuatro meses recientes.
El ex servidor público, quien presentó una denuncia ante la Contraloría interna de la delegación y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, detalló que desde que se inició la actual administración los distintos grupos internos se han encargado de colocar a su gente en los puestos estratégicos, y a quienes no están incluidos en algunos, los acosan e intimidan para obligarlos a renunciar.
Entre ellos se encuentra el equipo del Partido Nueva Alianza (Panal), encabezado por el coordinador de Participación Ciudadana, José Luis Legaspi, a quien se le identifica como operador político de la maestra Elba Esther Gordillo, el cual, inclusive, tiene mayor peso que el grupo de la propia jefa delegacional, Gabriela Cuevas, quien se apoya en Gisela Gómez, directora de Fomento Cultural, para promover el nuevo partido político denominado Movimiento de Participación Ciudadana.
En el gobierno delegacional también conviven foxistas y calderonistas. En el primer grupo se encuentra Omar Saavedra Boddy, ex secretario particular de Martha Sahagún y ahora director general de Desarrollo Social, y en el segundo, Oscar Enrique Martínez Velasco, actual director general de Administración, a quien se vincula con el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño.
Cázares explicó que las prácticas de hostigamiento han llegado al grado de que se contrató a una empresa para detectar supuestos actos de corrupción y mejorar las relaciones laborales, la cual sometió al personal, sobre todo mandos medios, a interrogatorios en lo individual o en pareja, que fueron grabados, sobre la honestidad que se practicaba en la delegación y la relación que mantenían con sus jefes.
“Curiosamente, quienes emitieron alguna opinión negativa, posteriormente eran removidos de sus cargos”, apuntó, tras señalar que, en su caso, tras oponerse en reiteradas ocasiones a firmar su renuncia, le retuvieron su salario, y posteriormente le impidieron la entrada a sus oficinas, con el argumento de que ya había firmado, situación que, aseguró, nunca hizo, por lo que no descartó que haya sido falsificada su rúbrica.