Del antes próspero corredor textil sólo queda una fábrica en huelga
Río Blanco, de símbolo a despojo del sindicalismo
A 101 años de la matanza de obreros, el lugar se usa para ceremonias del corporativismo priísta
En espera de liquidación, 347 trabajadores
Río Blanco, Ver., 6 de enero. “Hoy sólo es un cementerio, son cascarones”. Así describen los lugareños la región fabril de Río Blanco, que llegó a ser puntera en la producción textil y aún es considerada una de las cunas del sindicalismo nacional.
A cien años de la rebelión obrera en Río Blanco, que junto con el movimiento minero de Cananea, en el norte del país, antecedió a la revolución que puso fin a la dictadura de Porfirio Díaz, el corredor textilero se encuentra desmantelado, los sindicatos diezmados y la gesta de los mártires de 1907 quedó reducida a una ceremonia anual usada por los gobernantes en turno para tomarse la foto.
De la prosperidad alcanzada hace cinco décadas, cuando se producían hasta 15 millones de metros de tela al mes para competir en los mercados mundiales, incluidos los de alta costura, sólo quedan recuerdos. “Ni un metro se hila aquí”, reconocen.
Cuatro de las cinco fábricas más representativas están paralizadas desde hace años y sólo el complejo Santa Rosa, en el municipio de Ciudad Mendoza, conserva telares modernos, pero permanece inactivo. De los 10 mil obreros que llegó a tener el corredor textilero de Río Blanco, únicamente quedan 347 en la fábrica Santa Rosa, pero están en huelga desde febrero de 2007.
Cansados de la explotación, en 1906 los trabajadores de las cinco grandes fábricas textileras de Veracruz: Río Blanco, Cocolapan, San Lorenzo, Santa Rosa y Cerritos, se unieron en el Círculo de Obreros Libres y reclamaron derechos y prestaciones a sus poderosos patrones extranjeros, quienes lograron que Porfirio Díaz emitiera un laudo arbitral para declarar improcedente todo movimiento de huelga y controlar a cada obrero.
El 7 de enero de 1907 los obreros paralizaron las fábricas y quemaron las tiendas de raya. La respuesta fue el envío de tropas que acribillaron a más de 200 huelguistas tanto en plazas públicas como a las puertas de las fábricas, en casas y en el campo (según cálculos de la memoria colectiva, pues los registros, al igual que muchos cadáveres, fueron desaparecidos).
Esta masacre, que se extendió hasta el 9 de enero, fue uno de los factores que desencadenaron la Revolución de 1910 y, junto con la huelga de Cananea, es considerada la génesis de la defensa de los derechos laborales en México.
Hace un año se cumplió un siglo de movimiento obrero y el parque central de Río Blanco fue escenario del acto oficial encabezado por el gobernador Fidel Herrera, los dirigentes de la Confederación revolucionaria de Obreros y Campesinos y la Confederación Regional Obrera Mexicana y un representante del gobierno federal, pues desde el sexenio de Ernesto Zedillo ningún presidente ha vuelto a participar.
Para los descendientes de los mártires de 1907 las coronas de flores y las guardias de honor poco tienen que ver con la rebelión que hace un siglo provocaron la pobreza y la represión. Hoy día “no hay mucho que celebrar”, aseguran.
Ángel Aguilar Muñoz trabajó 42 años en la fábrica de Río Blanco y es hijo de Cirilo Aguilar, muerto en la matanza de 1907.
Con una vieja fotografía en la que aparece su padre portando la bandera de huelga, recuerda que la gesta de hace 101 años dio paso a sindicatos obreros “fuertes y libres” que prosperaron un tiempo pero luego fueron infiltrados por patrones y gobierno, que al final los desmoronaron.
Aguilar Muñoz presidió el último comité de huelga en la fábrica de Río Blanco, que en 1992 paralizó actividades junto con mil 534 obreros. Desde entonces la fábrica no volvió a producir telas, pues su dueño, coludido con las autoridades federales, cerró el complejo y pagó solo una gratificación a los trabajadores, pese a que prometió usar 200 millones de dólares (dinero que correspondía a liquidaciones) para reabrir los telares. Hoy Río Blanco sigue en inactividad y Aguilar Muñoz encabeza el comité liquidador de los bienes del desaparecido Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Fábrica de Río Blanco.
La crisis de las maquiladoras textiles de Veracruz tiene muchos “padrinos”, aseguran ex obreros y jubilados. Desde los gobiernos priístas que toleraron el enriquecimiento desmedido de los dueños a costa de anular inversiones para modernizar las plantas hasta políticos que intervinieron para anular derechos de los obreros.
En su momento, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari anunció la reapertura de la fábrica de Río Blanco, adquirida por Juan Mata González, de origen poblano, nombrado empresario del año por el entonces gobernador, Patricio Chirinos Calero.
Mata González, encarcelado en 2003 por evasión fiscal, adquirió de la noche a la mañana los complejos de Cerritos y Cocolapan, en Orizaba; San Lorenzo, en Nogales, y la fábrica de Río Blanco, y los aglutinó en el consorcio Plamat (acrónimo de Plácido Mata, su padre).
“Hostigó a los sindicatos, compró a los líderes y cerró fábricas con el pretexto de que estaban en quiebra”, recuerdan Jairo y Armando Guarneros Sosa, integrantes de una familia de obreros de la zona.
En el sexenio de Vicente Fox, con Carlos Abascal Carranza como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se asestó el último golpe al movimiento sindical en las fábricas de Mata González.
“El sindicato de la fábrica de Río Blanco existe todavía en documentos, pero está en el limbo. Aún así, Abascal autorizó la toma de nota a un comité directivo fantasma que creó el mismo Juan Mata, encabezado por Jorge Bautista Paz, para cerrar la fábrica y despedir obreros”, señala Jairo.
De las cinco fábricas donde surgió el movimiento sindicalista del siglo pasado sólo la de Santa Rosa, en Ciudad Mendoza, mantiene una diluida actividad, pues desde el 25 febrero de 2006 se encuentran en huelga sus 347 obreros, quienes rechazaron la declaratoria de quiebra financiera solicitada por el propietario, Antonio del Valle Ruiz.
José Torres Serrano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Industrial Veracruzana (Civasa), recuerda que los obreros esperan desde hace un año que el juzgado octavo de distrito, con sede en el Distrito Federal, ordene el embargo de las instalaciones de Civasa y que éstas se adjudiquen a los sindicalizados que reclaman 100 millones de pesos, entre salarios caídos y otras prestaciones que se cancelaron desde el año 2002.
“Somos el último reducto, el último eslabón”, dice melancólico el líder sindical.